Los indígenas de Brasil denuncian a Bolsonaro en La Haya por genocidio y ecocidio

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentará este mes una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro por genocidio y ecocidio ante la Corte Penal Internacional. “La APIB ha reunido y analizado todos los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios desde el inicio de su Gobierno y consideramos que hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación”, declara Luiz Eloy Terena, abogado y coordinador jurídico de la APIB, a EL PAÍS. El pasado 23 de junio, una comisión internacional de 12 juristas, apoyada por la sociedad civil, recogió el delito de ecocidio, considerado un crimen contra el conjunto de la humanidad, pero especialmente contra el planeta, y pretende incorporarlo a la Corte Penal Internacional.

Terena sostiene que el presidente brasileño ignora la Constitución de 1988, que garantiza la protección de estas comunidades y el derecho a sus territorios. “No solo hace inviable la demarcación de nuestras tierras, sino también la protección de las comunidades que viven en áreas ya garantizadas por la ley, al incentivar la presencia de grileiros [ladrones de tierras públicas], madereros y mineros ilegales”. El especialista añade que el derecho al territorio y la política de protección del medio ambiente son aspectos fundamentales para formalizar la denuncia por ecocidio. “No se puede hablar de protección de los pueblos indígenas sin garantizar el territorio. Eso es lo que hace imposible la supervivencia física y cultural de nuestros pueblos. Y los pueblos indígenas no son los únicos sujetos de derechos, también lo son los ríos, los lagos, la fauna y la flora de nuestros territorios y, en nuestra cosmovisión, hasta los espíritus encantados que habitan estos espacios”, explica.

La denuncia de la APIB se sumará a otra formulada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns, formada por exministros de varios Gobiernos e intelectuales brasileños para velar por los derechos humanos, que presentaron ante el Tribunal de La Haya los indicios de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas cometidos por Bolsonaro. Entonces, el avance de la deforestación y los incendios en la Amazonia fueron fundamentales para el caso. En diciembre de 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que se estaba realizando la evaluación preliminar de jurisdicción de la denuncia, convirtiéndose en el primer caso de este tipo contra un presidente brasileño que prospera en el organismo internacional y no se archiva. “El estado actual ya es histórico y no tiene precedentes. Si se abriera la investigación, sería una revolución, porque no estamos hablando de la responsabilidad del Estado, sino de la responsabilidad de determinados individuos, que pueden ser condenados por cometer estos delitos”, afirma Eloísa Machado, abogada del CADHu.

La Corte Penal Internacional permite que las denuncias presentadas se actualicen a lo largo del proceso, y eso es lo que el CADHu y la Comisión Arns pretenden hacer adjuntando hechos relacionados con la “negligencia en la gestión de la pandemia” y con los recientes ataques a comunidades yanomamis y mundurukus por parte de mineros ilegales que presuntamente tendrían el apoyo del Gobierno Federal. “Es jurídicamente cómodo hablar de crímenes de lesa humanidad y genocidio de la comunidad indígena cuando tenemos este escenario”, destaca Machado. Según la Secretaría Especial de Salud Indígena del Ministerio de Sanidad, 728 indígenas han muerto de la covid-19, sin considerar los contagios y muertes entre los indígenas que viven en zonas urbanas. La APIB, por su parte, registra 1.126 muertes entre los pueblos originarios.

Aunque el proceso siga avanzando y se llegue a juzgar y condenar a Bolsonaro por crímenes recogidos en el Estatuto de Roma, eso difícilmente ocurriría durante su mandato como presidente: por el historial del Tribunal, la responsabilización de jefes o exjefes de Estado suele tardar una década. Penas de prisión de hasta 30 años, confiscación de bienes y reparaciones —como disculpas e indemnizaciones— son algunas de las posibles sanciones en caso de condena.

En julio del año pasado, una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales —la mayoría, de profesionales de la salud, liderados por la Red Sindical UniSaúde— ya solicitó al Tribunal de La Haya que el presidente brasileño fuera condenado por genocidio.

Las acusaciones contra Bolsonaro repercuten cada vez más en la comunidad internacional. Alice Wairimu Nderitu, asesora del secretario general de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio, citó por primera vez a Brasil al hablar del tema el lunes en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la organización en Ginebra. “En la región de las Américas, me preocupa especialmente la situación de los pueblos indígenas. En Brasil, Ecuador y otros países, pido a los Gobiernos que protejan a las comunidades que están en peligro y garanticen que los delitos cometidos no queden impunes”, dijo Nderitu. Fue la primera vez que se citó a Brasil en la ONU en relación con un genocidio.

“Nunca hemos vivido una situación como esta, de llegar al triste punto de tener que denunciar a un presidente brasileño ante la Justicia internacional. Sabemos que el proceso en la Corte Penal Internacional es largo, pero nuestro objetivo era precisamente llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que ocurre aquí”, comenta Juliana Vieira dos Santos, abogada de la Comisión Arns, que cree que el Gobierno de Bolsonaro ha sistematizado una “política antindigenista” en Brasil.

Jurisdicción

La Corte Penal Internacional acepta denuncias como las que se han presentado contra Bolsonaro cuando considera que las autoridades judiciales del propio país no tienen capacidad para investigar o juzgar tales irregularidades. Las organizaciones denunciantes aseguraron a la Corte de La Haya que “los tribunales nacionales no han dado muestras de querer responsabilizar a los culpables”.

Santos y otros denunciantes consideran que, si la Corte Penal Internacional decidiera llevar adelante la causa de genocidio contra Bolsonaro, se enfrentaría a todo un desafío: tendría que analizar un país de renta media, con una Constitución en vigor y sin ningún conflicto armado, cuando está acostumbrada a investigar situaciones en países pobres y en guerra o bajo regímenes dictatoriales. “Se acusa a la Corte Penal Internacional de ser selectiva y de no investigar a países grandes o poderosos, pero ahora tiene la oportunidad de demostrar que no es así”, afirma Machado. Como precedente, cita la decisión de 2020 de investigar la actuación de las tropas estadounidenses en Afganistán. “En el caso de Brasil, el ataque sistemático a los pueblos indígenas ha llamado la atención”, concluye.

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