De acuerdo con testimonios, al menos cinco de los seis detenidos ni siquiera participaron en los hechos frente a Palacio de gobierno.
La noche del lunes 8 de junio, alrededor de tres horas antes de cumplirse el plazo legal de 48 horas, los jóvenes detenidos el sábado 6 en Jalisco fueron trasladados a Puente Grande, en donde este martes se realizará la audiencia de control para decidir si se les dicta sentencia o si la autoridad desiste.
En entrevista para Aristegui en vivo, Darwin Franco, coordinador de ZonaDocs, detalló que desde su detención ha habido una serie de irregularidades en el proceso de Mario Alberto Rubio Torres, Jair Eduardo Moreno García, Jonathan Martín Maldonado Núñez, Ángel Eliu Sánchez Flores, Nicolás Ramos Paulino y Roberto Carlos Ornelas Rodríguez.
“Quieren usarlos como chivos expiatorios que, al final, paguen todo lo que ha ocurrido”, dijo.
Franco señaló que los seis jóvenes, que según la autoridad detuvo en flagrancia, son acusados por parte parte de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y por los elementos de Seguridad Pública de pandillerismo, desobediencia, resistencia de particulares, daños a las cosas, ataque peligroso, delitos cometidos contra representantes de autoridad y daños al patrimonio.
De acuerdo con testimonios que desde ZonaDocs han logrado recabar, explica, al menos cinco de los seis jóvenes detenidos ni siquiera participaron en los hechos frente a Palacio de gobierno.
“Uno estaba esperando afuera del trabajo de su esposa, otro esperaba el camión, dos salían de una pizzería y uno más estaba registrando lo sucedido en su celular. No tuvieron nada que ver con las acciones contra Palacio de Gobierno”, aseguró Franco con base en testimonios de familiares.
Darwin Franco asegura que la situación en Jalisco ha sido terrible desde que se dio a conocer la detención y ejecución extrajudicial de Giovanni López, de 30 años, hecho que desató la ola de protestas que desde el pasado 4 de junio se viven en el estado. Desde entonces, se han registrado detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Sin embargo, el hecho de que policías hayan detenido, golpeado, torturados, amenazado y abandonado a 80 chicos ha quedado en segundo plano para el gobierno, aun cuando se trata de delitos de lesa humanidad.
De entre las cosas que más llaman la atención es el actuar del propio gobernador, Enrique Alfaro, quien desde entonces se ha dedicado a emitir una serie de declaraciones y acusaciones sobre las cuales no ha presentado ningún tipo de prueba para sostener su dicho, asegura Franco.
“Al contrario”, expresa, “lo que ha ocurrido con la manera de señalar ‘sótanos del poder’, señalar la infiltración del crimen organizado en la policía, de decir que los policías no le hacen caso, sólo ha ensombrecido el escenario donde el punto clave sobre el cual las autoridades de Jalisco no han querido hacerse responsables tiene que ver con las flagrantes violaciones a derechos humanos“.