En plena tormenta política por la reforma legal que plantea el Gobierno para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que preside Carlos Lesmes ha difundido este viernes una encuesta realizada a jueces y magistrados que revela que el 99% afirma sentirse totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su trabajo. Además, casi el 90% reprocha a los políticos que eludan su responsabilidad y opten por judicializar los asuntos complejos en lugar de alcanzar pactos y acuerdos. El 57% de los encuestados suspende la labor del actual Consejo y el 48% considera que no ha realizado nombramientos atendiendo a criterios de mérito y capacidad.
El estudio fue elaborado por Metroscopia por encargo del Consejo entre los días 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces y magistrados en activo (por lo que la muestra supone casi el 20% de la carrera judicial) seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales. La encuesta sirve para hacer una radiografía de la carrera, según la cual, la práctica totalidad de los jueces comparte una percepción muy positiva de la justicia en España, que considera independiente del poder político pese a que la mayoría ―el 83%― cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz.
Los miembros de la carrera también coinciden (86%) en rechazar la idea de estar interviniendo con sus decisiones en materias de naturaleza exclusivamente política, pero sí creen (un 88 %) que con frecuencia los políticos eluden su responsabilidad al judicializar los asuntos más complejos en lugar de esforzarse por lograr acuerdos. En cualquier caso, el 90% de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las comunidades Autónomas o el CGPJ; el 88%, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales.
El porcentaje desciende hasta el 72% cuando la pregunta se refiere a la presión mediática. Hasta un 9% responde que “con frecuencia” se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84%) piensa que no reflejan adecuadamente la labor judicial. Aun así, el 84% de los jueces y magistrados dicen que, a la hora de dictar sentencia, nunca (32%) o raramente (52%) tienen en cuenta las presiones que pudieran llegarles.
Las opiniones son menos unánimes cuando se pregunta a los jueces por la labor del actual Consejo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018 y, desde entonces, trabaja en funciones. La mayoría (54% frente al 43%) considera que el órgano presidido por Lesmes no ha transmitido una imagen de independencia de la Justicia española o realizado nombramientos atendiendo exclusivamente a criterios de mérito y capacidad (48% frente a 42%). Más de la mitad de los encuestados (57%), suspende la labor del órgano que preside Lesmes. A la pregunta “¿Qué evaluación de conjunto le merece la actuación del Consejo General del Poder Judicial actual a lo largo de su mandato?”, el 47% la califica de insuficiente (en una escala numérica del 0 al 10, le dan 3 o un 4) y el 10%, de muy insuficiente (puntuación de 0 a 2). Un 41% aprueba su labor: el 14% con un sobresaliente (puntuación de 8 a 10) y el 27% con un bien (entre 5 y 7). La puntuación media que recibe el actual Consejo es un 4,9.
Las opiniones son mayoritariamente positivas (49%) respecto al apoyo prestado por el Consejo a los jueces y magistrados que han sido objeto de acoso por parte de los medios de comunicación o instancias políticas, aunque el 42% sostiene que no se ha prestado este apoyo. El 59% se queja también de que el Consejo no les presta el apoyo necesario para el ejercicio de su trabajo diario. Los jueces tampoco se sienten respaldados por el Ministerio de Justicia (70%), ni por las Consejerías de Justicia de los Gobiernos autonómicos (55%). El 73% sí considera, sin embargo, que le apoyan los órganos de gobierno de los tribunales de justicia.
Pese a que el 90% admite que no ha recibido nunca presiones políticas, el mismo porcentaje muestra un claro interés por que los 12 vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados mediante elección directa por los miembros de la carrera, una opción que defienden partidos como Ciudadanos y el PP pero a la que se oponen el PSOE y Podemos. Los encuestados defienden que este cambio en la forma de selección de los vocales (ahora los eligen el Congreso y el Senado) erradicaría cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial. Esta es la reforma a la que más urgen los miembros de la carrera que han participado en el estudio, de los que nueve de cada 10 reclaman un nuevo pacto de Estado para la Justicia (el último, suscrito por el PP y el PSOE, se firmó el 28 de mayo de 2001) que permita, definitivamente, efectuar todas las reformas de funcionamiento y organización que, en su opinión, la Justicia sigue necesitando.
Los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68%) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción. Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones, en combinación con el juez de garantías, un cambio que está preparando el Gobierno. Solo un 41% se muestra a favor, mientras que el 55% está en contra.
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