La justicia brasileña corta en seco la carrera política del líder de la derecha, el ultra Jair Messias Bolsonaro, de 68 años. El Tribunal Superior Electoral (TSE) lo ha condenado este viernes, por cinco votos a dos, por abuso de poder al usar su cargo cuando era presidente de Brasil para deslegitimar las elecciones. La pena son ocho años de inhabilitación, lo que en la práctica implica quedar excluido de las próximas contiendas electorales hasta 2030. La vista, seguida por miles de personas en YouTube, se ha celebrado en Brasilia en ausencia del acusado. Bolsonaro, que perdió las presidenciales de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, por menos de dos puntos y logró 58 millones de votos, se declaraba inocente y ha dicho que pretende seguir en política.
La acusación principal de este caso, uno de los 16 que hay abiertos contra Bolsonaro, deriva de un encuentro al que convocó en su calidad de presidente de la república a buena parte del cuerpo diplomático extranjero. A tres meses de las elecciones, el ultraderechista y propagador de teorías de la conspiración los recibió en el palacio presidencial para pronunciar ante ellos un encendido discurso en el que arremetió sin piedad contra las autoridades electorales —las mismas que ahora lo han juzgado— y contra la seguridad del sistema de votación. La condena es también por uso indebido de los medios porque la reunión con los diplomáticos fue retransmitida por la televisión pública.
Bolsonaro puede recurrir la inhabilitación, pero en Brasil se da por supuesto que las probabilidades de que la condena sea revertida en instancias superiores es escasa o nula. Por eso, alguno de sus aliados ha empezado a preparar una ley de amnistía.
El presidente del tribunal, que también encabeza el Supremo, Alexandre de Moraes, ha dejado claro en su discurso que esta es una sentencia ejemplarizante. “Es importante crear un precedente en el TSE para combatir la propagación del odio y las falsedades contra el proceso electoral”, ha dicho este magistrado convertido en el hombre clave y símbolo de la defensa de la democracia brasileña. Moraes, que pretende que este castigo disuada a cualquiera que piense emular los ataques mentirosos contra los comicios, ha recordado que durante 40 años Bolsonaro fue elegido con el sistema que ahora cuestiona.
El exmandatario ha reiterado este viernes que cumplió la Constitución. Y ha proclamado que “en política nadie mata ni muere” antes de recordar: “Aquí en Minas me dieron una puñalada en el estómago [durante la campaña de 2018] y hoy me dieron una puñalada en la espalda por presunto abuso de poder político. (…) Me sacaron de la Presidencia y ahora me han juzgado por mi obra completa [no por el episodio de los embajadores]”.
El expresidente tiene múltiples frentes judiciales abiertos además de este. También es investigado por alentar el ataque más grave sufrido por la democracia brasileña desde el fin de la dictadura, en 1985. Miles de sus seguidores asaltaron a las bravas, ante la indiferencia de militares y policías, el corazón del poder político y judicial en Brasilia el 8 de enero, emulando el asalto al Capitolio de los trumpistas. Bolsonaro condenó la invasión pero existen fuertes indicios de que algo se gestaba en su círculo más íntimo. Tanto a su ayudante personal más cercano, un militar, como a su ministro de Justicia se les han incautado borradores de minutas para perpetrar un golpe de Estado. Ambos están en la cárcel.
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También está en la mira de los tribunales por su gestión de la pandemia del coronavirus, que mató a más de 700.000 brasileños y en la que, según dictaminó el Senado, cometió crímenes contra la humanidad. Además está acusado de manipular su cartilla de vacunación y de quedarse con unas valiosísimas joyas regaladas por Arabia Saudí.
Esta condena elimina de la disputa electoral al principal oponente del presidente Lula. El ultraderechista es el primer presidente de Brasil inhabilitado, pero varios de sus predecesores han visto su carrera política truncada o entorpecida por los jueces o por el Congreso. El caso más reciente, el de Lula, que protagonizó una resurrección tras año y medio en la cárcel. El izquierdista fue excluido por los jueces de los comicios de 2018 —que venció Bolsonaro— al ser condenado por corrupción, en un caso que después fue anulado. Esa decisión judicial permitió al líder del Partido de los Trabajadores (PT) regresar por la puerta grande al ruedo político y conquistar un tercer mandato.
Dilma Rousseff fue expulsada del poder en 2016 mediante un impeachment con el argumento de unas maniobras contables por las que recientemente fue absuelta. Mucho antes, en 1992, Fernando Collor de Mellor también fue destituido por el Congreso.
El politólogo Fernando Limongi, de la Fundación Getulio Vargas, alerta este viernes en una entrevista en la Folha de S. Paulo sobre los riesgos que entraña la interferencia de los tribunales en política. “Es preferible tener a Bolsonaro en el mercado electoral y que sea derrotado a que los jueces asuman esa posición”, dice este investigador nada sospechoso de afinidad ideológica con el ultraderechista. Añade Limongi que, aunque las condenas contra Bolsonaro y contra Lula son distintas, “la filosofía es la misma, como si el poder judicial fuese un poder moderador y debiera asumir el papel del elector”.
Para la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleissi Hoffman, “es un gran día” porque “el tribunal ha condenado métodos de extrema derecha, como la difusión industrial de mentiras, las amenazas a la democracia, el uso de la máquina pública para perseguir a los opositores”.
Confirmada la inhabilitación del líder indiscutible de la derecha brasileña en los últimos años, se espera que el bolsonarismo y el resto de ese flanco ideológico empiecen a construir un nuevo dirigente. Los dos nombres que suenan más fuerte son el actual gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, un militar que hizo carrera en la Administración pública y fue ministro del ultraderechista, y la esposa de Bolsonaro, Michelle, que es una carismática mujer evangélica que ha ido implicándose en política a medida que se estrechaba el cerco judicial en torno a su marido.
La condena se produce seis meses después de que el 1 de enero, al abandonar el poder tras perder las elecciones, Bolsonaro dejara de tener inmunidad por primera vez en tres décadas de carrera política. Antes fue militar. Su carrera como uniformado también acabó en los tribunales, en este caso militares. Bolsonaro fue juzgado por conspirar para hacer estallar bombas en puntos estratégicos de Río de Janeiro en 1987 en protesta por los bajos salarios de la soldadesca. Condenado en primera instancia, recurrió y después fue declarado inocente e instado a dejar el ejército por la puerta trasera. Emprendió una carretera política como diputado. Era del bajo clero, conocido por su nostalgia de la dictadura y sus exabruptos. Para sorpresa de todos, un cóctel de odio al PT, hartazgo y redes sociales lo catapultó a la Presidencia de la república. Con la derrota, su papel político quedó muy desdibujado. Y ahora ni siquiera podrá presentarse a las elecciones.
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