El plan de recuperación polaco ha acabado, finalmente, en los tribunales. Las cuatro principales asociaciones de jueces comunitarias han recurrido su aprobación por la Comisión Europea, un paso que dividió mucho al Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen, y también la ratificación posterior del Consejo de la Unión Europea. Los demandantes denuncian que la reforma judicial exigida por Bruselas para dar luz verde al plan polaco, con la que el Ejecutivo comunitario persigue evitar intromisiones del Gobierno ultraconservador de Varsovia en la justicia, es insuficiente y “se queda corta […] para garantizar la independencia de los jueces en ese país”. Así figura en el comunicado elaborado por estas asociaciones, al que ha tenido acceso . Con las denuncias, presentadas este domingo, los magistrados europeos desafían la decisión de la UE y añaden una gran duda jurídica sobre las decisiones futuras que se tomen sobre plan de recuperación polaco.
A partir de ahora comienza, un proceso que tardará bastante tiempo en alumbrar un fallo definitivo. Entretanto, Polonia tiene que aplicar las reformas —principalmente la de la justicia— a la que se ha comprometido. Bruselas, por su parte, debe ir desembolsando en diferentes tramos 35.400 millones del plan de recuperación de ese país conforme se vayan alcanzando los hitos pactados. No obstante, la incertidumbre acerca de la validez jurídica y administrativa de todos estos pasos queda supeditada a la decisión de los magistrados de Luxemburgo, que, según la argumentación de los demandantes, han visto cómo los criterios seguidos para aprobar el fondo polaco no respetan su jurisprudencia sobre la falta de garantías respecto a la independencia del poder judicial en este país.
El 1 de junio el Colegio de Comisarios vivió una reunión tensa. Ese día se aprobó el plan de recuperación de Polonia, que prevé la entrega a este país de 22.526 millones en subvenciones y unos 12.000 millones en créditos del Fondo de Recuperación y Resiliencia. 17 días después los Estados miembros, a través del Consejo de la UE, lo ratificaron. Estas decisiones se demoraron por la negativa de Varsovia a hacer reformas que devolvieran a los jueces la independencia que el Gobierno ultra de Ley y Justicia (PiS) ha ido minando. Finalmente, y en un contexto en que Polonia ha visto su credibilidad propulsada por la beligerancia mostrada frente a Rusia en la guerra de Ucrania y su papel como principal receptor de refugiados ucranios en la UE, hubo un acuerdo. Aun así, no todos los comisarios se dieron por satisfechos con los compromisos alcanzados: los vicepresidentes Frans Timmermans y Margrethe Vestager votaron en contra; otros, también vicepresidentes, no estuvieron presentes en el colegio, como Josep Borrell y Vera Jourova, que llegó a escribir una carta a la presidenta Von der Leyen en la que le recordaba que en este país “la primacía del derecho de la UE sigue siendo socavada por el Tribunal Constitucional”. Tampoco estuvo presente el comisario de Justicia, Didier Reynders, que redactó otra misiva expresando “dudas importantes” sobre el paso que se daba.
Quienes no tienen dudas son las asociaciones de jueces y magistrados europeos. Las cuatro más representativas —la Asociación Europea de Jueces (EAJ-AEJ), que es la sección regional de la Asociación Internacional de Jueces, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL), Jueces para Jueces y la Asociación Europea de Jueces Administrativos—, han planteado idénticas demandas en un movimiento sin precedentes. En la iniciativa ha colaborado la ONG The Good Lobby. Apuntan los denunciantes que las reformas y los hitos pactados en el plan de recuperación polaco “se quedan cortos para garantizar la protección efectiva de la independencia de los jueces y del poder judicial y desconocen las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia”.
Esta jurisprudencia, por ejemplo, establece que la cámara disciplinaria para jueces que creó el Gobierno polaco es ilegal y que, por tanto, “los jueces polacos afectados por procedimientos disciplinarios ilegales deben ser reincorporados de inmediato, sin demora o procedimiento”. Bruselas y Varsovia, en cambio, pactaron que las decisiones de esta cámara serían revisadas a su vez por otra cámara que restituiría a los jueces sancionados. “Esto introduciría un procedimiento de más de un año con un resultado incierto”, subrayan en el comunicado conjunto que han emitido las cuatro asociaciones. Más lejos va el análisis de The Good Lobby, que considera este punto “incompatible con la sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de julio de 2021, y empeoraría la situación de los jueces polacos sometidos a sanciones ilegales y socavaría aún más la independencia judicial en Polonia y otros Estados miembros de la UE”.
Los desafíos legales polacos
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El órgano sancionador al que hacen referencia los jueces europeos provocó uno de los mayores choques que se recuerdan entre las instituciones comunitarias y un Estado miembro, Polonia en este caso, que además venía precedido de otros roces entre ambas partes. El asunto acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que sentenció que la cámara disciplinaria vulneraba el derecho europeo y, por tanto, debía abolirla. Varsovia se negó a cumplir el fallo y, en octubre del año pasado, otra vez el TJUE, previa petición de la Comisión, acabó imponiendo una multa a Polonia de un millón al día hasta que acatara la decisión. Unas semanas antes, el desafío legal de este país ya había escalado varios peldaños cuando su Tribunal Constitucional dictó que allí prima el derecho nacional frente al comunitario.
Las cuatro asociaciones abarcan las diferentes sensibilidades de la magistratura europea: en la EAJ-AEJ, por ejemplo, está integrada la española Asociación Profesional de la Magistratura, de perfil conservador; en MEDEL, Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. En tres de estas organizaciones continentales, están inscritas asociaciones polacas. Una de ellas es IUSTITIA, la asociación mayoritaria de jueces polacos que tiene afiliados a unos 3.200 magistrados, un tercio del total, según su propia web. Este último aspecto resulta importante, porque refuerza la legitimidad legal a la demanda. El Derecho Comunitario no contempla la existencia de una acusación popular en los tribunales europeos y solo permita esta posibilidad a una parte afectada.
Con la aprobación del plan de recuperación polaco, solo el húngaro queda pendiente del visto bueno de los países que están bajo sospecha por sus ataques al estado de Derecho. De esta forma, Budapest, que además ha demostrado ser un estrecho aliado de Rusia a pesar de la invasión de Ucrania, se queda aislado del resto de los países miembros. Esto comenzó a verse el pasado junio, cuando Varsovia levantó su veto a la regulación fiscal que contempla fijar un tipo impositivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, dejando solo al Gobierno de Viktor Orbán.
La luz verde no ha supuesto todavía que Polonia haya comenzado a recibir el dinero. Para eso tiene que empezar a demostrar que está cumpliendo lo pactado y esto ya ha vuelto a abrir las hostilidades entre la Comisión y el Ejecutivo polaco. A comienzos de mes, el verdadero hombre fuerte del PiS, Jaroslaw Kaczynski acusó a Bruselas de no cumplir con lo pactado. Según él, “como la Comisión no cumple sus obligaciones con Polonia, no tenemos motivos para cumplir las nuestras”.
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