Cuando el presidente Kais Said decidió el 25 de julio de 2021 poner fin a diez años de transición democrática en Túnez, apenas si encontró algún obstáculo más allá de la debilitada oposición en el Parlamento. Vitoreado por buena parte de una sociedad harta de las incumplidas promesas de prosperidad de la clase política, durante meses se dedicó a ir derribando progresivamente y por decreto la arquitectura institucional edificada la década anterior. Una vez disuelto el Parlamento y la composición de varias instituciones independientes, puso en su punto de mira la judicatura, que es la única institución que le ha plantado cara y un verdadero pulso en las últimas semanas.
El pasado 10 de agosto, el Tribunal Administrativo de Túnez falló suspender el decreto presidencial del mes de junio por el que cesaba de sus funciones a 57 jueces tras haberlos acusado de “corrupción financiera y moral”, e instaba a la readmisión de 49 de ellos por no haber pruebas en su contra. Un año después de que Said se arrogara plenos poderes, esta era la primera vez que una institución del Estado le desafiaba y se negaba a cumplir sus órdenes.
En febrero, el heterodoxo presidente tunecino ya había arremetido contra la independencia judicial al disolver el Consejo Superior de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y asignar los jueces, y volverlo a constituir una semana después con una nueva composición. Sin embargo, la decisión de revocar a 57 magistrados fue la que colmó la paciencia de la judicatura. Durante el mes de junio, su huelga paralizó los tribunales, y tres de los jueces cesados iniciaron una huelga de hambre.
“La decisión de frenar la aplicación del decreto presidencial (…) es la culminación de una lucha, que ha durado más de dos meses a todos los niveles, incluido el judicial. Recurrimos a la judicatura porque creíamos en nuestro caso, y creíamos que se haría justicia. El Tribunal Administrativo ha sido fiel a la ley”, declaró entonces Anas Hamadi, presidente de la Asociación de Jueces Tunecinos, que no dudó en calificar el fallo de “histórico”.
Ahora bien, a la espera del fin del receso estival, no está nada claro que los jueces puedan reincorporarse a su puesto de trabajo. En su primera reacción al veredicto, la ministra de Justicia, Leila Jaffel, hizo saber, a través de un comunicado, que no se detendrían las acciones penales contra los magistrados, sugiriendo que no dará su brazo a torcer. Desde la Asociación de Jueces Tunecinos se ha recordado a la ministra que las decisiones del Tribunal Administrativo son firmes y de aplicación inmediata, y asociaciones de la sociedad civil, como la ONG anticorrupción I Watch, han solicitado el cese de Jaffel. De momento, Said guarda mutismo absoluto sobre el asunto.
“El fallo del Tribunal Administrativo es un acto de resistencia, y podría ser el principio de algo importante, pero aún es pronto para asegurarlo. No se puede descartar que acabe habiendo un pacto de convivencia entre Said y la judicatura”, considera el analista tunecino Youssef Cherif. “No hay que olvidar que, de vez en cuando, durante el régimen de Ben Alí, los tribunales hacían algún ejercicio de independencia y fallaban en contra del régimen. Sin embargo, a menudo, el Estado ignoraba las resoluciones y no las aplicaba”, apostilla Cherif. Durante el período actual, marcado por su excepcionalidad, las reglas y convenciones se han ido escribiendo sobre la marcha. El pasado jueves entró en vigor una nueva Constitución aprobada por referéndum el pasado 25 de julio, y que otorga un poder casi absoluto al presidente.
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Sobre los hombros del poder judicial debía reposar, en teoría, el principal guardarraíl del sistema democrático tunecino: el Tribunal Constitucional. A este órgano le habría correspondido valorar si estaba justificado que Said recurriera el año pasado a una especie de Estado de emergencia recogido en la Constitución para aplicar una serie de “medidas excepcionales”, la dudosa base legal sobre la que ha cimentado su poder absoluto. Sin embargo, a causa de las querellas partidistas, entre 2015 y 2021 el Parlamento fue incapaz de recabar el robusto quórum necesario para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional que requería la Ley Fundamental democrática de 2014.
Deriva autoritaria
Por su parte, el Ejército y la policía se han limitado a obedecer las órdenes de Said. Según la Constitución de 2014, el presidente era también el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y tenía competencias en el ámbito de la seguridad. Algunos observadores han apuntado a una estrecha alianza entre Said y los uniformados, mientras otros argumentan que el descontento va aumentando entre los oficiales. “El Ministerio del Interior está dividido en reinos de taifas y no actúa unido. Respecto al Ejército, se deja llevar por la dirección en la que sopla el viento. Si la popularidad de Said se desploma, puede favorecer un cambio, como ya lo hizo en 2011″, advierte Tarek Kahloui, profesor de Ciencias Políticas de la Mediterranean School of Business, en referencia a la negativa del entonces Jefe de Estado Mayor de disparar contra las masas y que propició la caída de Ben Alí ese mismo año.
El otro guardarraíl debía ser la sociedad civil, que en 2015 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por salvaguardar la democracia. En general, sus principales componentes no apoyan la deriva autoritaria de Said, pero su grado de oposición varía. Varias organizaciones, entre ellas el Sindicato de Policías, organizaron una manifestación contra la nueva Constitución en vísperas del referéndum, que fue disuelta violentamente por la policía. En cambio, el principal sindicato del país, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), ha mostrado una actitud más ambivalente, aunque su secretario general haya criticado el acaparamiento del poder por parte de Said. “Hay una división interna respecto al proyecto de Said. Además, la huelga que organizó [el sindicato] en junio no salió del todo bien, y se siente en una posición de debilidad”, asevera Kahlaoui. Como otros actores del país, la UGTT parece haber adoptado una actitud expectante, a la espera de que otros colectivos, quizás los más hastiados por la inflación, den el primer paso.
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