Mientras desde el Comité Olímpico Internacional (COI) y desde el gobierno japonés se multiplican los mensajes que se quieren tranquilizadores sobre la segura celebración de los Juegos de Tokio 2020 a partir del próximo 23 de julio, los acontecimientos que no cesan, y han convertido su organización en una carrera de obstáculos sin fin, parecen empeñados en desmentir su discurso.
El Gobierno japonés ha invertido unos 12.000 millones de dólares, unos 9.900 millones de euros (incluidos los miles extra de penalización por el retraso) y no puede dejar de celebrarlos, aunque los ingresos que perciba sean mínimos, y pierda hasta los 3.300 millones de dólares (2.720 millones de euros) que prevé recibir por los patrocinadores locales y 800 millones (660 millones de euros) por la venta de entradas. Sin contar con la pérdida de ingresos que temían bares, restaurantes, museos, lugares de ocio y atracciones turísticas, destinos vetados para los extranjeros acreditados, a quien se obligará a hacer su vida exclusivamente en las instalaciones olímpicas y sus restaurantes: estadios, centros de entrenamiento, centros de prensa…
Las pérdidas están aseguradas para el país organizador; no así para el COI, cuya supervivencia económica, y la de la mayoría de las federaciones internacionales y de los comités olímpicos nacionales, depende de su celebración, aunque sea a puerta cerrada, aunque sea convirtiendo estadios y pabellones en meros estudios de televisión y la Villa Olímpica, habitual lugar de convivencia de miles de deportistas de 206 países diferentes y 33 especialidades, en un monasterio de camas calientes —se organizará un flujo constante de entradas y salidas en la Villa para evitar aglomeraciones— habitado por enmascarados comiendo en solitario a dos metros de distancia uno de otro y sin derecho a estrecharse la mano siquiera. La imagen es el producto que ha vendido, y bastante caro, a las televisiones (Discovery pagó 1.300 millones de euros) y a los patrocinadores del programa TOP, que aseguran unos cientos de millones más. A eso se ha reducido la magia olímpica, la cumbre cuatrienal de la juventud sana del mundo, a una cuestión de números, a un problema de contabilidad.
El desafío principal es logístico, y las pequeñas guías ilustradas editadas para informar de las normas sanitarias que deberán seguir los más de 11.000 deportistas que llevan casi cinco años preparándose para la cita, y los casi tantos miles de periodistas, dirigentes, técnicos y auxiliares en vías de acreditación, solo ofrecen una pequeña muestra de la pesadilla logística que deben afrontar. Las principales serán la organización de las pruebas PCR, obligatorias para todos cada cuatro días y la red de transporte olímpico, ya que los visitantes tendrán prohibido el uso del transporte público.
Las guías aconsejan vacunarse a todos los que lleguen, y el Comité Olímpico Internacional trabaja para que no se considere un privilegio que se vacunen los deportistas olímpicos antes que otros colectivos, pues cuentan con la consideración, concedida por la ONU, de embajadores de sus países y símbolos de una sociedad sana. No será obligatoria la vacuna, pero el estar inmunizado no supondrá poder eludir ninguna de las obligaciones de higiene, distanciamiento, máscara y soledad.
Y pese a todas las precauciones no es imposible que la principal pesadilla se haga realidad, que un positivo, por ejemplo, en un jugador de una selección de baloncesto haga que se confine obligatoriamente no solo a su equipo, sino también a su último rival. Un pequeño número de positivos puede acabar convirtiendo la competición en un caos sin solución.
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