Riffa deja cada día a sus tres hijos en casa para sumarse, aunque sea un rato, a las protestas que siguen vivas en el parque Galle Face de Colombo por la profunda crisis económica que atraviesa Sri Lanka. La mujer, una ama de casa de 40 años, llega “en un autobús apretadísimo de gente” hasta las tiendas de campaña que ocupan el paseo frente al océano Índico. “Lo hago por ellos, por mis hijos, porque merecen un futuro mejor. Si me quedara en casa sentiría que no hago lo correcto”, dice Riffa, que cubre su pelo con un hiyab plateado y sonríe mientras desciende las majestuosas escaleras del palacio presidencial. El asalto al complejo, el pasado sábado, provocó la huida y dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa.
La caída de Rajapaksa ha unido a Sri Lanka (22 millones de habitantes) y no es una forma de hablar. En un país históricamente dividido por conflictos étnicos y religiosos, la revuelta popular por el encarecimiento de la vida y la falta de productos básicos (alimentos, combustible, medicinas) ha movilizado a ciudadanos de todas las comunidades. Riffa, que es musulmana y pertenece al tercer grupo con más presencia en la isla (9% de la población) lo corrobora: “Aquí no hay etnias ni religiones. Todos queríamos echar al presidente. Y lo hemos conseguido”.
Riffa acusa a la dinastía Rajapaksa —que ha copado el poder político en el país durante las últimas dos décadas— de haber fomentado el odio y la rivalidad entre la mayoría cingalesa (75% de la población, muchos de ellos budistas) y las distintas minorías. “Los poderosos no quieren que estemos juntos. Quieren separarnos y culpar a los musulmanes de todos los males. Pero ahora hemos visto que nos necesitamos y estoy orgullosa de este país”, afirma en alusión a los atentados yihadistas el domingo de Pascua de 2019, que dejaron 269 muertos en iglesias y hoteles de Colombo, la principal ciudad del país. Los ataques interrumpieron temporalmente la llegada de turistas —una de las principales fuentes de ingresos del país— en un prólogo del parón total que trajo consigo la pandemia de coronavirus.
Dos monjas, con la cruz posada sobre el pecho y vestidas con hábito azul, caminan por la explanada del palacio presidencial y un grupo de cinco estudiantes universitarios de la etnia tamil las miran pasar. Cuando se les pide conversar en inglés, todos miran sonrientes a Sureshraj, estudiante de Enfermería de 23 años, que comparte la misma sensación de que, aunque sea por un momento en la convulsa historia de la isla, todos forman parte de un solo pueblo. “Estamos juntos por el mismo motivo. El Gobierno utiliza el color o la religión para mantenerse en el poder. Han querido dar privilegios a los cingaleses, pero ahora han visto que ellos también sufren y que los discriminados no solo somos nosotros”, afirma.
En 2009, el Gobierno de Sri Lanka lanzó la ofensiva definitiva contra los Tigres de la Liberación de la Tierra Tamil, con la que puso punto final a una cruenta guerra civil de más de tres décadas. El presidente del país era entonces Mahinda Rajapaksa, y su hermano Gotabaya —ahora huido a Singapur— era el responsable de unas Fuerzas Armadas que, según la ONU, provocaron “un baño de sangre” en la región del norte del país, donde se concentra la población tamil.
Los Rajapaksa han fomentado el nacionalismo cingalés y han privilegiado a esa comunidad como forma de afianzarse en el poder. La ceremonia de posesión de Gotabaya Rajapaksa como presidente en 2019, tras su victoria en las elecciones, tuvo lugar significativamente en un antiguo templo budista construido por un rey del siglo II a. C. que frenó una invasión tamil. Sin ir tan lejos en el tiempo, durante aquella campaña capitalizó el temor a la minoría musulmana y lanzó sospechas sobre la minoría tamil hindú.
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“El fin de la guerra les hizo aparecer ante esa mayoría como una especie de héroes nacionales. Pero no sintieron lo mismo los tamiles, musulmanes y otras minorías, que se vieron hostigados sin razón alguna”, explica Darshatha Gamage, jefe de programas de Hashtag Investigation, un grupo que promueve la participación política de los jóvenes y las minorías en Sri Lanka. Gamage lamenta la “falta de transparencia y de justicia” tras ese periodo oscuro.
La transición, en marcha
En el parque de Galle Face, la celebración popular continúa tras la dimisión del presidente. La fiesta, la música y los fuegos artificiales de la noche dieron paso, el viernes, a un ambiente más relajado. El principal objetivo de las protestas se ha cumplido (”Gota go home”, por el nombre de pila del ya expresidente) y ahora la incertidumbre es máxima. Los manifestantes quieren que haya cambios profundos y una mejora en sus condiciones materiales de vida.
En el plano institucional, lo que está por venir lo anunció este viernes el presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardena, que tras aceptar formalmente la renuncia del presidente ha convocado una reunión extraordinaria para este sábado y se ha marcado como objetivo nombrar un nuevo presidente en siete días. “Se hará rápida y satisfactoriamente. Pido a todos que apoyen este proceso”, ha afirmado antes de que el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, jurara el cargo como presidente interino. Los manifestantes exigen también su salida inmediata.
En declaraciones recogidas por Efe, Abeywardena ha afirmado que confía en que la transición que ahora se inicia sea “un hito en la historia del país”, que es “la democracia más antigua del sur de Asia”. El Tribunal Supremo de Sri Lanka, por su parte, ha prohibido a Mahinda Rajapaksa —primer ministro hasta el pasado mayo— y a otros cargos abandonar el país sin permiso al menos hasta el próximo 28 de julio, informa Reuters.
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