En la jerga jurídica anglosajona se las conoce como SLAPP (Strategig Lawsuits against Public Participation, o Estrategia de Demandas contra la Participación Pública). En términos simples, hacen referencia a la facilidad con que los tribunales británicos han permitido a los oligarcas rusos —no solo a ellos, pero han sido los principales beneficiarios— amedrentar con una cascada de querellas por difamación a los medios que osaban publicar algo en su contra. Ante las pérdidas económicas y personales a las que se enfrentaban, muchos de ellos optaban por tirar la toalla.
Más de setenta cabeceras de periódicos, así como despachos de abogados, han enviado este martes una carta al ministro británico de Justicia, Dominic Raab, en la que piden al Gobierno que cumpla con la promesa que anunció en sus primeras reacciones ante la invasión rusa de Ucrania: poner fin a ese tipo de abusos en el sistema de justicia del Reino Unido. “Se trata de un problema endémico en las redacciones, las editoriales y las organizaciones sociales. En una era de creciente vulnerabilidad financiera de las industrias de la información, resulta demasiado fácil el uso de esas tácticas legales abusivas que ponen fin a las investigaciones y bloquear las cuentas de los medios·”, dice el texto.
A la petición se han sumado diarios y agencias como Financial Times, The Times, The Guardian, Daily Mail o Bloomberg. El caso más sangrante, en la memoria de todos ellos, es el de la periodista Catherine Belton, que fue corresponsal en Moscú del Financial Times. Su libro, Putin´s People (Los hombres de Putin, editado por PlanetadeLibros), tuvo que hacer frente a los costes millonarios provocados por la cascada de querellas que presentaron contra la periodista y la editorial Harper-Collins el oligarca Roman Abramóvich, entonces el poderoso propietario del Chelsea Football Club, o Mijail Fridman, propietario de la compañía petrolífera rusa Rosneft. A pesar de tratarse de correcciones menores, la editorial tuvo que pedir disculpas y aceptar que algunos datos del libro referentes a Abramóvich no eran correctos. Las sanciones contra el oligarca, por sus vínculos directos con el régimen de Vladímir Putin, le obligaron a renunciar a la propiedad del Chelsea y desaparecer de la primera escena del Reino Unido, que había dominado sin problemas durante años.
Proyecto de ley paralizado
El proyecto de ley impulsado por la Coalición Anti SLAPP del Reino Unido, que agrupa a los firmantes de la carta enviada al ministro de Justicia, exige tres respuestas muy simples frente a la estrategia jurídica de los oligarcas: costes mínimos para los demandados, costes elevados para los demandantes —con finalidad disuasoria— y una resolución rápida en los tribunales, para que no se convierta en un modo de congelar durante años cualquier investigación periodística o publicación. “El propósito de esta ley es el de proteger y promover la capacidad de individuos y organizaciones de participar en el debate público, avanzar en la exigencia de responsabilidad, y poder alzar la voz en asuntos de interés público, y evitar a su vez el uso de los tribunales para socavar estos derechos a través de demandas abusivas”, dice el proyecto en su primera disposición.
“El abuso del sistema legal del Reino Unido por parte de individuos poderosos y por intereses particulares para intimidar a periodistas debería ser considerado una vergüenza nacional. El Gobierno británico se ha tomado en serio este asunto por primera vez en una generación, y esta propuesta de ley supone una clara oportunidad para que Downing Street convierta en realidad sus buenas intenciones y apruebe sin retraso las medidas legislativas”, ha dicho la directora de The Guardian, Katharine Viner.
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El intento de incorporar el proyecto al cuerpo legal de la nueva Ley de Delitos Económicos, modificada también para perseguir a los oligarcas rusos, se enfrentó al rechazo del Gobierno, que defiende una legislación separada para otorgar a los jueces el poder para rechazar las SLAPP. “Es un asunto de la mayor importancia, y se está estudiando con mucha urgencia. Propondremos la tramitación de una nueva ley tan pronto como sea posible”, ha prometido el Gobierno de Rishi Sunak.
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