Miembros de la policía estatal junto al féretro de un compañero asesinado por el crimen organizado en Zacatecas, el 26 de agosto de 2021.TERESA DE MIGUEL
Dos policías locales sorprendidos durante una patrulla, dos delegados municipales, la esposa de uno de ellos, tres jóvenes que se encontraban en un mercado informal de fuegos artificiales, otras seis personas en distintos ataques. Todos fueron ejecutados entre el martes y el miércoles en el Estado de Zacatecas, 14 asesinatos con armas de fuego en menos de 24 horas. El martes por la noche el horror no tuvo límites en una comunidad de Silao, en Guanajuato. Unos sicarios entraron en dos viviendas y perpetraron una masacre: al menos ocho homicidios, entre ellos los de un bebé y de una adolescente. La madrugada del miércoles una niña de 11 años, hija del alcalde de un municipio rural de Veracruz, fue violada y asesinada. Este es solo un repaso, parcial, de la última semana de 2021, la última semana de violencia en México, como cualquier otra de este año, del anterior y los anteriores.
El espanto que hay detrás de los números, más de 105.000 asesinatos en la primera mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, es la instantánea de una rutina terrible donde sigue habiendo burbujas, por un lado, e infiernos, por otro. Dos países, dos relaciones con la vida y la presencia de la muerte y unas percepciones de la seguridad radicalmente distintas. La primera conclusión, prácticamente unánime entre los expertos y los responsables políticos, es que la estrategia ha fracasado y sigue estrellándose con la realidad. No solo la del actual presidente y su equipo, sino también de los anteriores, al menos desde la Administración de Felipe Calderón (2006-2012) y su guerra contra el narcotráfico.
El jefe de Ejecutivo lanzó el viernes en su mensaje de fin de año una reflexión, desarmante por su sencillez, aplicable a cualquier aspecto de la vida pública: “Hay que pensar que solo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad no es lo material”, afirmó. Estas palabras van en línea, entre otras cosas, también con su su idea de lucha contra el crimen organizado, lo que tantas veces ha llamado “abrazos, no balazos”. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre han insistido en que de muy poco sirvió la avalancha de detenciones de los 120 capos más prominentes durante el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellas, la última captura de Joaquín El Chapo Guzmán y su extradición a Estados Unidos. El cartel de Sinaloa ha perdido terreno frente al llamado Cartel Jalisco Nueva Generación, pero eso ha dado pie a una nueva guerra entre organizaciones criminales, en las que participan también nuevos grupos de las sierras de Morelos y Guerrero, que es uno de los gérmenes de la violencia que sufren miles de civiles.
A eso se añade también un fenómeno de reciclaje de la violencia. Si los decomisos de fentanilo, un opioide sintético, se han disparado este año un 525%, los carteles explotan todas las economías ilegales, del tráfico de armas a la trata de personas, otros focos rojos de la violencia. Para luchar en ambos frentes, México considera crucial la implicación de Estados Unidos. En agosto presentó una demanda contra 11 compañías productoras de armas ante una la justicia del Estado de Massachusetts por entender que “sus prácticas de fabricación, distribución, publicidad y venta atraen a grupos criminales”. La dimensión es preocupante. Alrededor de 200.000 armas de fuego entran en México de forma ilegal cada año, según cálculos oficiales. Y al mismo tiempo las políticas de migración se han vuelto una pieza central para diseñar una estrategia de seguridad contra las mafias de trata.
Lo que sucedió hace tres semanas en Chiapas, cerca de Tuxtla Gutiérrez, es el enésimo reflejo de una tragedia estructural. El accidente de un tráiler en el que viajaban hacinadas más de 150 personas dejó casi 60 muertos. El vehículo había pasado por un retén del Instituto Nacional de Migración y transportaba en su mayoría a refugiados de Guatemala, Honduras, República Dominicana y Ecuador que buscaban llegar a Houston, Texas. Y lo sucedido también es, en última instancia, parte de un engranaje de violencia en un país donde se cuentan más de 90.000 desaparecidos. A finales de septiembre la Comisión Nacional de Búsqueda localizó en la sierra de Nuevo Laredo, a unos kilómetros de Texas, un centro de exterminio con crematorios y fosas.
Sobre el papel, todas las autoridades coinciden en lo obvio, que hay que revertir esta situación. Pero en la práctica ningún Gobierno lo ha conseguido. Abrazos y no balazos quiere decir que puede no ser eficaz utilizar toda la fuerza militar disponible para someter al narco. Pero la otra cara de la moneda es la inacción, por la que López Obrador ha recibido una multitud de críticas. México y Estados Unidos están afinando un programa de seguridad, bautizado como Entendimiento Bicentenario en referencia a los 200 años de independencia, que supone también una declaración de buenas intenciones para la relación entre ambas Administraciones. Durante el mandato de Donald Trump el interés de la Casa Blanca se centró en repeler a los migrantes, sin mucho más. Con la llegada de Joe Biden hace un año se han celebrado varios acuerdos que suenan más ambiciosos pero todavía es difícil anticipar su alcance, sobre todo sin tener claridad con respecto a las inversiones.
El Entendimiento Bicentenario, que entierra un plan millonario de la época de George W. Bush llamado Iniciativa Mérida, plantea intervenir en el territorio, en las comunidades más vulnerables, hacer hincapié en la prevención del consumo y en la oferta de oportunidades. En última instancia, desarrollo y más bienestar frente a las tramas ilegales. La violencia estructural es uno de los efectos de la miseria y eso queda claro en el programa. Mientras tanto, los reclamos al presidente mexicano tienen que ver principalmente con la gestión de las fuerzas armadas frente al crimen cuando, además, proliferan las voces de alarma por la militarización de sectores como el de las infraestructuras e incluso el sanitario.
Hace semanas, el Gobierno de Joe Biden, preocupado por la peor epidemia de opioides de los últimos años en Estados Unidos, ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información relevante que lleve a la detención o a la condena de cuatro hijos de El Chapo. El presidente ha firmado además una orden ejecutiva que actualiza las sanciones contra los herederos de Guzmán y otros cabecillas de esa organización criminal, además del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo, los Beltrán Leyva, los Zetas y los grupos que controlan el tráfico ilegal en el norte de México. Pero López Obrador le replicó diciendo que corresponde a México detenerlos a los hijos del sanguinario fundador del cartel de Sinaloa. “No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra, nosotros somos lo que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo con las investigaciones que se llevan en México”, zanjó.
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