El Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) ha celebrado este fin de semana su Asamblea Nacional, una conferencia programática cuyo título genérico era La Ruta hacia la Independencia. Se aceleran los preparativos para las elecciones autonómicas de mayo, y todas las encuestas señalan una victoria holgada de la formación. Si obtienen mayoría parlamentaria, su objetivo será preparar la celebración de un nuevo referéndum de independencia. En 2014, fueron derrotados, con una diferencia de 10 puntos porcentuales, por los partidarios de permanecer en el Reino Unido. Desde entonces ha llovido mucho. Llegó el Brexit, rechazado por una mayoría de escoceses. Llegó Boris Johnson, cuya popularidad es ínfima en este territorio. Y llegó una pandemia que convenció a muchos escoceses de que estaban en mejores manos con el Gobierno de Edimburgo que con el de Londres.
“Quiero celebrar un referéndum legal. Con ese objetivo voy a solicitar al pueblo escocés que me otorgue la autoridad en mayo”, ha explicado este domingo en la BBC la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. “En eso consiste la democracia. No en lo que yo quiera o en lo que Boris Johnson quiera”.
A medida que se ha enfrentado en los últimos meses al rechazo del primer ministro británico a celebrar una nueva consulta, el Gobierno escocés ha ido elevando gradualmente su apuesta. Solo recientemente Sturgeon ha comenzado a admitir que su partido estaba explorando otras vías, presuntamente legales, para sortear la negativa de Westminster. La principal, ya revelada, consistiría en que fuera el propio Parlamento escocés el que aprobara una ley para la celebración del referéndum, incluso sin el consentimiento de Westminster, con el que se celebró el de 2014. Y combatir en los tribunales cualquier intento de Londres de frenarlo.
El SNP ha presentado este domingo un documento de once puntos en el que se describe todo el itinerario legal, con supuestas alternativas a la negativa del Gobierno central, para permitir que la votación (bautizada ya en los medios como Indyref2) pudiera celebrarse. Se trataría, admiten, de un referéndum consultivo, pero que inevitablemente acabaría derivando, si el resultado es el que vaticinan todas las encuestas recientes, en un terremoto político. La única condición para que se ponga en marcha este mecanismo, ha señalado Sturgeon, es que la pandemia comience a remitir. “Las encuestas muestran ahora que una mayoría de escoceses quiere la independencia. Si el SNP gana las elecciones autonómicas dentro de unos meses, cuando su propuesta principal es precisamente dar a la ciudadanía la oportunidad de hablar, ¿qué demócrata podría ponerse en medio de ese camino?”, ha dicho la ministra principal.
El diario The Sunday Times ha publicado este domingo una encuesta cuyo resultado lleva a la publicación a vaticinar una crisis constitucional en ciernes en el Reino Unido. Un 49% de escoceses y un 42% de norirlandeses desean separarse del país. Pero, mucho más relevante, un 51% norirlandeses y un 50% de escoceses desea que se celebre una consulta en sus respectivos territorios en los próximos cinco años. Y la sensación general que transmite el sondeo es que la mayoría de los habitantes de las cuatro esquinas del país (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte) está convencida de que la ruptura será una realidad en la próxima década.
El Brexit ha situado a Irlanda del Norte más cerca de la UE que del Reino Unido, y son muchos los analistas que sospechan que será una cuestión de tiempo que este territorio comience a percibir que Dublín defiende mejor sus intereses en Bruselas que Londres.
El referéndum de independencia de 2014 fue un órdago del entonces primer ministro, David Cameron, que solo logró vencer después de un esfuerzo final en el que llegó a implicarse la reina Isabel II. Entre otros argumentos, se convenció a los escoceses de que una escisión les situaría fuera de la UE. Justo lo que ocurrió años después, y que dejó a muchos de ellos con un regusto de traición. A pesar de que Johnson insiste en que la consulta de 2014 debía valer para toda una generación, estableció un claro precedente legal que lleva a muchos políticos -en Edimburgo, pero también en Londres- a concluir que es jurídicamente muy cuestionable impedir que los escoceses vuelvan a pronunciarse. Eso, a pesar de que la postura oficial de los laboristas y conservadores escoceses sigue siendo de rechazo absoluto a una nueva consulta.
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