La crisis política que afecta a Nicaragua golpea a su población. Un informe de ACNUR publicado a mediados de junio revela que los nicaragüenses son los que más solicitudes de asilo realizaron en 2021, solo superados por los afganos tras el retorno de los talibanes al poder. El informe da cuenta de que más de 111.000 nicaragüenses solicitaron asilo el año pasado, una cifra cinco veces superior a la registrada en 2020, y que, según el organismo, está relacionada al deterioro político en la nación centroamericana, gobernada con mano de hierro por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega. Costa Rica es el principal país receptor de la diáspora ‘nica’, debido a su cercanía, relación histórica y estabilidad política y económica.
Las estadísticas del organismo de Naciones Unidas muestran que el año pasado se registraron 125.600 peticiones de asilo de afganos, seguidos por los nicaragüenses, con 111.600 solicitudes, lo que representa una cifra cinco veces mayor a la de 2020. Y en tercer lugar están los sirios, con 110.000 postulaciones. “Las personas nicaragüenses huyeron debido a la escalada de la crisis sociopolítica y la persecución política en su país”, afirma el organismo en el informe que analiza las tendencias globales de desplazamiento forzado durante el año pasado. Según ACNUR, casi 84 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus países de origen en todo el mundo, “como resultado de persecución, conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o acontecimientos que alteraron gravemente el orden público”.
El incremento en la salida de nicaragüenses del país coincide con el aumento de la represión desatada por el régimen de Ortega contra las voces críticas. El año pasado fue especialmente difícil para la disidencia, porque Ortega ordenó encarcelar a los siete aspirantes de la oposición con más posibilidades de enfrentar al caudillo en las elecciones de noviembre —de las que se proclamó triunfador, a pesar de que fueron rechazadas por la comunidad internacional—, además de apresar a decenas de críticos. Entre los detenidos están exguerrilleros sandinistas, viejos compañeros de Ortega en la lucha contra la dictadura de la familia Somoza, que gobernó en Nicaragua durante 47 años. También analistas políticos, feministas, activistas sociales y hasta empresarios. A eso se debe la imposición de un Estado policial, el acoso a cualquiera que exprese críticas, la asedio contra la prensa independiente y hasta la persecución contra grupos religiosos, como pasó hace una semana con la expulsión del país de las Misioneras de la Caridad, una organización creada en 1988 tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta.
“El hecho de que las solicitudes de asilo de nicaragüenses en 2021 sean segundas en número a las de ciudadanos de Afganistán, un Estado fallido, donde hubo una huida masiva de personas a raíz de la retiradas de tropas estadounidenses, indica una situación muy complicada en Nicaragua y tiene una correlación muy fuerte con la escalada represiva que Ortega desató previo a las elecciones”, comenta Tiziano Breda, analista para Centroamérica del Crisis Group, un organismo centrado en la resolución de conflictos. “En 2021 hubo un deterioro muy evidente en la situación de Nicaragua y a partir de entonces ha habido una huida masiva de Nicaragua, que se traduce en un aumento de las solicitudes no solo en Costa Rica, sino también en México, Estados Unidos e incluso España”, agrega el experto.
El informe de ACNUR también revela que el año pasado se registraron “grandes aumentos” en las peticiones de asilo en Alemania, México, la República Democrática del Congo y Costa Rica. Este último país es el receptor de la diáspora nicaragüense y según el organismo de la ONU unas 102.000 se asentaron en 2021 en su territorio, lo que representa un gran reto para las autoridades del nuevo presidente Rodrigo Chaves. Los nicaragüenses, según ACNUR, se “sienten a salvo” en el país vecino.
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