Un grupo de 250 empresas privadas y emprendedores cubanos ha enviado este lunes una carta al presidente estadounidense, Joe Biden, en la que le piden que “regrese” a las políticas de acercamiento que defendió cuando era vicepresidente de la Administración de Obama, y denuncian el “impacto dañino” de las sanciones de EE UU para los emprendimientos privados y la vida de los cubanos. “A través de nuestros negocios, estamos trabajando para construir un bienestar económico de nuestras familias, de manera que los cubanos emprendedores no sientan la necesidad de emigrar para tener un trabajo gratificante y prosperidad económica”, dicen los firmantes, que indican que la actual política de Washington “afecta en gran medida” sus “operaciones comerciales diarias” y “frena” su “capacidad de prosperar”.
Desde que el Gobierno cubano autorizó la creación de empresas privadas, a finales de septiembre, ya se han constituido en la isla 400 micro, pequeñas y medianas empresas —con personalidad jurídica y un límite máximo de 100 trabajadores—, y también han sido aprobadas una decena de cooperativas no agropecuarias. Casi 54 años después de la nacionalización de todos los negocios privados por Fidel Castro, las nuevas pymes —cabeza del cada vez más importante sector privado, que abarca ya al 30% de la población empleada— exponen a Biden algunas de las dificultades que atraviesan debido a las sanciones vigentes, aprobadas por Donald Trump pero que la nueva Administración ha mantenido, y que “socavan directamente” sus negocios. Entre ellas, los emprendedores destacan “las restricciones de viaje que limitan el flujo de visitantes estadounidenses”, algo que “reduce significativamente la demanda de bienes y servicios” que ofrecen los trabajadores autónomos, muchos vinculados al turismo. “Esto, junto con el cierre de los servicios consulares, ha limitado nuestra capacidad para viajar a EE UU y adquirir directamente los suministros necesarios”.
También mencionan “la cancelación de cuentas bancarias en EE UU a algunos emprendedores cubanos, [que] ha hecho que las transacciones financieras sean mucho más difíciles y costosas, incluso para recibir pagos en línea”, además de “las medidas tomadas contra las instituciones financieras”, que han provocado que las plataformas de pago y comercio electrónico como PayPal dejen de brindar servicios a los emprendedores cubanos.
Los 247 empresarios firmantes de la carta, apoyada por prestigiosas instituciones académicas estadounidenses, como WOLA (Washington Office on Latin America) y el CDA (Center for Democracy in the Americas) y también la Alianza para el Acercamiento y Respeto a Cuba (ACERE) recuerdan a Biden que “las reformas en la política de EE UU realizadas durante su mandato como vicepresidente permitieron aumentar los viajes, los servicios de telecomunicaciones y financieros”, aupando al sector privado cubano. “Soñamos”, dicen, “con el regreso a aquellos días, cuando el acercamiento era la política oficial de EE UU, produciendo un auge económico que nos benefició a todos”.
Quienes auspician la carta piden al presidente a tomar medidas urgentes para aumentar los viajes, el comercio y la inversión, y cuatro acciones a corto plazo: restablecer las remesas (algo que Biden prometió en campaña, pero que no ha hecho); “abrir los viajes para aquellos sujetos a la jurisdicción de EE UU”; reabrir la Embajada de EE UU en La Habana; y sacar a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo.
Oniel Díaz, cofundador de la consultora privada AUGE, que asesora a numerosos negocios y a decenas de las nuevas pymes, aseguró a EL PAÍS que había firmado la carta porque “las sanciones de EE UU afectan sustancialmente al emprendimiento privado y al ambiente de negocios” en la isla y porque limitan “la posibilidad de una economía próspera y eficiente, aunque se implementen reformas económicas, como están haciendo las autoridades cubanas”. En una alusión velada a las manifestaciones del 11 de julio y a la marcha convocada para el próximo 15 de noviembre, Díaz señaló que suscribía también el pliego de demandas porque “no hay problema doméstico -que nos corresponde resolver a los cubanos, sin injerencias-, que justifique la permanencia de esa política de hostigamiento económico”.
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La carta al presidente norteamericano sale a la luz cuando la Administración norteamericana ha hecho saber que ya no se siente comprometido a cambiar la política de Cuba hacia la isla, como prometió Biden en campaña. “Las circunstancias cambiaron tras las protestas del 11 de julio”, dijo el domingo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, días después de conocerse que la Administración había rechazado una primera propuesta del grupo de trabajo que estudia cómo “retomar las remesas a Cuba”. Este lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó que “si la represión y los abusos a los derechos humanos en Cuba no cesan”, habrá nuevas sanciones.
Para el emergente sector privado cubano, una cosa es la situación interna de Cuba y otra las relaciones entre ambos gobiernos. “Le pedimos que nos escuche a nosotros, emprendedores y empresarios privados cubanos que vivimos en Cuba, y no a una pequeña comunidad de cubanoamericanos que no hablan por nuestras necesidades, deseos y ansias de construir un futuro marcado por el entendimiento entre nuestros gobiernos”, señalan los empresarios. Y concluyen con una exhortación a Biden: “Las políticas de su Administración no deben estar orientadas a causarnos a los cubanos la mayor cantidad de adversidad y sufrimiento posible, sino a cuánto pueden mejorar nuestra capacidad de prosperar”.
Archipiélago denuncia la represión
El mismo día en que un grupo de empresarios privados cubanos dieron a conocer su carta a Biden, la plataforma Archipiélago, convocante de la llamada Marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, publicó una carta abierta a la comunidad internacional en la que denuncia “una escalada de violaciones de los derechos humanos y la represión” en vísperas de la protesta.
“No satisfechas con la intimidación, las autoridades no han tenido reparos en incitar al odio y a la violencia a la ciudadanía. Se está estimulando que los partidarios del gobierno reduzcan, a través del uso de la fuerza, a los manifestantes pacíficos este 15 de noviembre. Mientras tanto, a la ciudadanía que manifieste su descontento con el gobierno se le amenaza con expulsiones laborales, intimidación en sus entornos afectivos, linchamientos en la televisión nacional, prisión y severas sanciones”, dice en su carta Archipiélago, plataforma digital que cuenta ya con 31.000 miembros dentro y fuera de la isla.
Los convocantes de la marcha, declarada ilegal por el Gobierno tras considerarla una “maniobra subversiva” organizada por EE UU, invocan en su misiva el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por la Unión Europea con Cuba en 2016, para pedir el “acompañamiento” de la UE ese día.”Como actores de la sociedad civil cubana que somos, nos dirigimos a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarles a que estén pendientes de las calles el venidero 15 de noviembre. Sentimos que el acompañamiento de actores internacionales podría persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra manifestantes pacíficos”. Archipiélago ha convocado también a caceroladas de protesta los días 14 y 15 de noviembre.
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