El Ministerio de Sanidad ya está trabajando con las comunidades autónomas en un panel de indicadores que clarifique qué medidas restrictivas tomar en función del riesgo que suponga la epidemia de covid-19 en cada territorio, aunque deja el confinamiento obligatorio a discreción de las autoridades en función del contexto de cada lugar.
El borrador, adelantado esta mañana por la cadena SER y al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece un sistema que valora varias métricas para asignar a los municipios de más de 5.000 habitantes cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y extremo. Si se toman esos baremos y se aplican a las últimas estadísticas de las comunidades autónomas publicadas este miércoles, al menos cinco de ellas estarían en el máximo escalón: Navarra Aragón, Castilla y León, Madrid y La Rioja, además de Ceuta.
Según los cálculos de este periódico (ver gráfico), en el siguiente nivel (riesgo alto) se sitúan Castilla-La Mancha, Cataluña, Melilla, Murcia y el País Vasco. En el medio están Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura, mientras que solo Galicia tendría riesgo bajo. No hay ninguna fuera de peligro o en “nueva normalidad”, como lo califica el borrador.
Para calcular el riesgo, el documento establece dos bloques de parámetros. El primero trata de medir el nivel de transmisión del virus a través de seis estadísticas: la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días y en siete; ambas medidas, pero referidas a la población mayor de 65 años; el porcentaje de positividad de las pruebas diagnósticas y el porcentaje de casos con trazabilidad. En el segundo bloque se mide la capacidad asistencial a través de la ocupación de camas en planta y en UCI.
A cada una de estas métricas se le asigna un valor. Por ejemplo, el umbral de riesgo extremo está por encima de 250 casos a 14 días; 125 a una semana (cifras que bajan a 150 y 75 en caso de los mayores de 65 años); más de un 15% de positividad en las pruebas y menos de un 10% de trazabilidad, es decir que solo se conozca el contacto de 10 de cada 100 positivos, o menos. En el bloque de la asistencia, el máximo riesgo se alcanza en cuando se supera el 20% de camas ocupadas por enfermos de covid en planta y el 25% en cuidados intensivos. Cuando un territorio tiene dos o más indicadores del primer bloque por encima de estos niveles y al menos uno del segundo, se considera que está en riesgo extremo.
Esto hace que un territorio como Aragón, con una incidencia acumulada de 434 casos por 100.000 habitantes, esté en riesgo extremo (ya que tiene también en ese nivel su capacidad asistencial) y Melilla se sitúe un peldaño por debajo (con 526), ya que todavía cuenta con margen en la ocupación de camas.
El borrador de Sanidad, que todavía tiene que ser perfilado y discutido con las comunidades autónomas, establece medidas concretas en los municipios de más de 5.000 habitantes que superen cada nivel (en los menores habría que hacer estudios concretos basados en el contexto de cada lugar).
El documento no establece medidas de confinamiento obligatorias en ninguno de los niveles. Pero en el máximo asegura que supondrá la toma de “medidas excepcionales”, tras una “evaluación específica de la situación que podrá incluir la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento”. Además, en él se incluyen todas las limitaciones del nivel tres, que son parecidas a las que ya están adoptando las comunidades con más casos: estudiar limitación de la movilidad, reuniones sociales con un máximo de seis personas; cierre de interiores de bares y restaurantes y limitación de aforo a un 50% en terrazas, con una separación entre mesas de al menos dos metros; limitación del transporte público a un 30% de su capacidad; recomendación del teletrabajo siempre que sea posible; restricciones en velatorios y ceremonias; horarios preferentes de actividad física para mayores de 70; cierre de salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuesta, entre otras medidas.
Las normas van haciéndose más laxas según se baja el nivel de riesgo. En el segundo nivel se mantiene la restricción de seis personas para reuniones sociales pero el interior de los bares y restaurantes se puede abrir al 50%. También se flexibilizan otras medidas, como que se pueden abrir bingos y casinos al 50% de capacidad y no hay limitaciones en transporte público. Cuando el riesgo es “bajo”, las reuniones se amplían a 10 personas, los aforos en restauración al 75% y se establecen medidas similares a las de la fase 3 de la desescalada.
En cualquier caso, los baremos que se estudian no están pensados para aplicar medidas de forma automática. “La decisión sobre qué medidas y cuándo aplicarlas será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad por el canal que se establezca”, señala el documento. “La decisión final de qué nivel de alerta se asignará al territorio evaluado no solo se fundamentará en el nivel de riesgo resultante de los indicadores, sino que deberá modularse con la tendencia ascendente del indicador y su velocidad de cambio, así como con una evaluación cualitativa que incluya la capacidad de respuesta, las características socioeconómicas, demográficas y de movilidad del territorio evaluado”, añade el borrador.
En opinión de Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) es una “buena noticia” que haya indicadores públicos y homogéneos para toda España. “No se podrán usar de arma arrojadiza porque estoy seguro de que habrá consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud [que es el órgano que lo estudia el borrador y que tendrá que aprobarlo]”. Hernández cree razonable que se considere riesgo extremo por encima de 250 casos por 100.000 habitantes, la mitad del límite que Sanidad estableció máximo para establecer confinamientos perimetrales (junto a otros indicadores). El mapa que recientemente ha establecido la Unión Europea para recomendar o desaconsejar viajes es todavía mucho más estricto: pone el listón en 150, lo que, junto con criterios muy rígidos en la positividad de los test, tienen desde este jueves a toda España en rojo, el máximo nivel.
Entre los indicadores que se están estudiando, Hernández echa dos en falta: alguno que mida la capacidad de la atención primaria y el índice de personas que están en aislamiento, lo que considera muy útil para saber cómo se está luchando contra la epidemia.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha preferido en su rueda de prensa de este jueves no entrar a valorar el documento, ya que, ha dicho, “todavía se está trabajando”. Ha previsto que pueda estar listo a principios de la semana que viene con las aportaciones que hagan las comunidades autónomas. La idea de Sanidad es que el documento que se está trabajando salga aprobado por unanimidad del Consejo Interterritorial para que no haya discrepancias jurídicas a la hora de aplicarlo. Simón ha defendido que los indicadores están pensados para municipios y marcan niveles mínimos que tendrán que ser matizados con otros parámetros (como la incidencia está aumentando o por el contrario decrece). “Hay mucho margen de interpretación por parte de las comunidades a la hora de aplicarlos”, ha dicho.
Este periódico ha preguntado a las comunidades que están en riesgo extremo si comparten las medidas que se contemplan para su situación, pero de momento no ha obtenido respuesta de ninguna.
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