La Conferencia Episcopal Española (CEE) valora el paso de la Fiscalía General del Estado de ordenar a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitan todos los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitación referidos a agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa, según ha informado un portavoz de la Conferencia a EL PAÍS. Los obispos españoles afirman que este tipo de medidas, tanto para los abusos cometidos en el seno de la Iglesia como en la sociedad en general, “contribuyen a acabar con esta lacra social”. “Esta investigación permitirá conocer la extensión y la profundidad de estos abusos que atentan gravemente contra la dignidad de los menores”, dice el portavoz. Pese a este discurso, la Iglesia católica sigue sin poner en marcha una investigación general de sus casos de pederastia en el pasado.
La recopilación de los casos que llevarán a cabo los fiscales, incoados tanto en sede judicial como fiscal, no representará la totalidad de estos delitos ni una radiografía completa del problema, como asevera la CEE. Por un lado, la misión de los fiscales superiores es recabar información sobre los casos en tramitación, por lo que quedan fuera todas las sentencias o denuncias de los últimos años, en su mayoría delitos de pederastia cometidos en el siglo XX. Por otro, muchos de ellos no llega a la justicia civil, bien porque están prescritos cuando las víctimas se deciden a contarlo (y se archivarían) o bien porque se han instruido dentro del seno de la Iglesia en procesos eclesiásticos. En estos últimos casos son los obispos y los superiores de las órdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de dictar indemnizaciones o bien de silenciar lo ocurrido.
En este sentido, la política de los obispos ha sido la opacidad: la mayoría de las 70 diócesis no hace público los casos que ha conocido en las últimas décadas ni de las acciones que tomaron en su día contra los agresores. De hecho, el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente Dolores Delgado, pidió en febrero de 2019 a la CEE que le informara de los casos que conocía. La solicitud no fue bien recibida por la jerarquía eclesiástica y no contestaron.
La reacción de la cúpula eclesiástica ante la actuación del ministerio fiscal llega en medio del escándalo de abusos que azota a la Iglesia española desde hace semanas, después de que EL PAÍS entregase en diciembre al Papa y al presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, un informe con 251 casos inéditos de abusos sexuales cometidos en el ámbito religioso. En el Congreso se ha admitido a trámite este martes la propuesta presentada la semana pasada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para la creación de una comisión de investigación de dichos delitos. Varias asociaciones de víctimas y una decena de colectivos católicos están clamando en los últimos días para que tanto el Ejecutivo como la Iglesia financien y ponga en marcha una comisión de expertos independientes que trabajen para conocer la dimensión del problema, siguiendo el ejemplo de otros países como Australia, Holanda o Francia.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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