Para el Parlamento Europeo, la lista negra de la UE de paraísos fiscales genera confusión y es “ineficaz”, por lo que reclama cambios y quiere convertirla en un instrumento legal vinculante. Mientras que una investigación periodística exhibe cómo la falta de controles permite la evasión fiscal.
A pesar de los innegables avances en materia de transparencia, aún queda mucho trabajo por hacer en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, sobre todo en el seno de la Unión Europea (UE), que se contenta con denunciar las prácticas fiscales perniciosas de terceros países, pero no reconoce que varios de sus Estados miembros son verdaderos paraísos fiscales, revela el consorcio de periodistas The Organized Crime and Corruption reporting project (OCCRP).
Estos últimos se aprovechan de la laxitud legislativa, los bajos estándares de transparencia y la falta de voluntad política para facilitar la elusión y la evasión fiscal de multimillonarios e, incluso, de algunas grandes multinacionales.
Una vez más, gracias a un grupo de periodistas, la investigación OpenLux revela cómo, en el mismo corazón de Europa, cientos de multimillonarios siguen utilizando los paraísos fiscales para evitar pagar su justa parte de impuestos.
Al seguir tolerando este comportamiento, la UE acepta que la mayoría de los Estados miembros vean cómo sus ingresos fiscales son desviados por estas jurisdicciones europeas sin escrúpulos que facilitan la planificación fiscal agresiva (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos), señala en un comunicado la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).
Además de Luxemburgo, que está en el punto de mira por estas nuevas revelaciones, los Países Bajos desvían cada año el equivalente a 10 mil millones de dólares a sus vecinos de la UE, según TaxJustice Network.
“Esta situación, ya de por sí escandalosa, es ahora intolerable, en un momento en que el mundo está siendo asolado por el Covid-19 mientras los servicios públicos de la gran mayoría de países se esfuerzan por hacer frente a la emergencia sanitaria, tras décadas de recortes presupuestarios”, dice la ICRICT.
Sin embargo, agrega, las pérdidas fiscales a nivel internacional por el efecto de los paraísos fiscales podrían situarse por encima de los 355 mil millones de euros al año, lo que sería equivalente a casi 34 millones de sueldos anuales de enfermeras cada año, es decir, el salario anual de una enfermera por segundo.
La pandemia ha provocado un importante aumento estructural del gasto público para garantizar la sanidad, los ingresos y el empleo, por lo que es imprescindible que esta factura, así como el coste de los paquetes de estímulo económico, no recaiga de nuevo sobre las personas más vulnerables y los países desfavorecidos.
La ICRICT hace un llamado a la Unión Europea, así como a otros países e instituciones multilaterales mundiales, para que aprovechen esta oportunidad única que garantice los mecanismos eficientes de transparencia y ponga fin a la competencia fiscal.
“Será la única vía para que los Estados puedan recuperar recursos vitales y necesarios para financiar una recuperación económica justa y sostenible”, dice. “En particular, es urgente la transparencia sobre las prácticas fiscales de las multinacionales introduciendo ‘reportes país por país’ públicos esta vez, para poder rastrear donde declaran sus ingresos, beneficios y los impuestos pagados estas corporaciones en cada uno de los países en los que operan”.
Señala además que la UE también debería poner fin a la competencia fiscal que ha provocado una carrera hacia el fondo en materia de impuestos de sociedades, introduciendo un tipo mínimo efectivo global sobre los beneficios de las empresas de al menos el 25%.
“Por último, la UE debería activar la creación de un registro europeo de activos, con el fin de registrar y hacer más transparente la propiedad efectiva de los activos en cada uno de sus Estados miembros”, agrega el comunicado.
El caso Luxemburgo
Luxemburgo sigue siendo un paraíso fiscal con deficiencias en las políticas contra el blanqueo de capitales, de acuerdo con una investigación periodística realizada por un grupo de medios, entre ellos Süddeutsche Zeitung y Le Monde, en conjunto con el Organized Crime and Corruption Reporting Project, publicada este lunes.
La investigación de OpenLux, recogida en español por elDiario.es, concluye que una gran mayoría de las empresas luxemburguesas son participaciones puramente financieras o las denominadas sociedades fantasma, que pueden utilizarse para evitar impuestos.
De acuerdo con el informe de TaxJustice 2020, Luxemburgo le cuesta al mundo 25 mil millones de euros en impuestos perdidos cada año al permitir el abuso de impuestos corporativos y la evasión de impuestos privados.
El Gobierno de Luxemburgo refuta estas acusaciones y asegura que está totalmente en línea y cumple con todas las regulaciones y estándares de transparencia de la UE e internacionales; incluso, publicó en www.openlux.lu un comunicado de prensa que explica su posición.
La investigación periodística ha sido posible gracias a que por primera vez se ha hecho accesible y consultable el registro de transparencia de propiedad efectiva de las empresas y fondos de inversión radicados en Luxemburgo.
La investigación revela cómo las empresas trasladan primero sus beneficios a Luxemburgo mediante préstamos intraempresariales para después transferirlos a otros paraísos fiscales. Luxemburgo es, después de Estados Unidos, el segundo centro financiero internacional del mundo con un flujo de Inversión Directa Extranjera interna del 5.766% sobre su PIB y una externa de 6.749%, señala el Diario.es.
De acuerdo con lo publicado, Luxemburgo sirve de paraíso fiscal a unas 55 mil sociedades fantasmas creadas por multinacionales y millonarios, pero también por grupos mafiosos. Para Le Monde, las investigaciones confirman que el Gran Ducado es un auténtico centro offshore, a medio camino entre la City de Londres y las Islas Vírgenes Británicas.
Según Le Monde, Francia se sitúa a la cabeza de la lista con más de 17 mil sociedades en Luxemburgo. De las 50 familias más ricas de Francia, 37 estructuran sus compañías, patrimonio e inversiones a través de decenas de holdings luxemburgueses, entre ellos los Hermès o Bernard Arnault, presidente de LVMH..
Luxemburgo alberga a 55 mil empresas extraterritoriales sin actividad económica, asegura la investigación periodística.
“Empresas multinacionales, multimillonarios, políticos y personas famosas han creado estas empresas para facilitar la elusión fiscal, la evasión o el blanqueo de capitales“, afirma Oxfam.
Chiara Putaturo, asesora de política fiscal y de desigualdad de la entidad, afirma que OpenLux ofrece otro ejemplo más de cómo los multimillonarios y las grandes corporaciones están jugando con el sistema para eludir sus impuestos.
De acuerdo con TaxJustice, OpenLux deja dos cosas claras. Primero, para que la transparencia sea útil, debe estar disponible públicamente para que la sociedad pueda pedir cuentas a los que violan la ley y al gobierno. En segundo lugar, el secreto financiero sigue siendo un pilar central de la economía de Luxemburgo y hace que el abuso fiscal sea viable, los cárteles de la droga sean rentables y la trata de personas sea rentable.
“Luxemburgo debe poner fin a su secreto financiero y puede comenzar por cerrar las lagunas en el registro de beneficiarios reales, la divulgación financiera y la divulgación de las resoluciones fiscales, cerrando empresas de inversores que no cumplan con los requisitos de transparencia”.
Ayer el Parlamento debatió y votó una resolución sobre la lista negra de paraísos fiscales de la UE. El texto finalmente será muy ambicioso, pero el PP y Vox han intentado eliminar las partes más importantes (abro hilo) 👇 pic.twitter.com/Zc1tVvkCzK
— Ernest Urtasun (@ernesturtasun) January 22, 2021
Para el Parlamento Europeo, la lista negra de la UE de paraísos fiscales genera confusión y es “ineficaz”, por lo que reclama cambios y quiere convertirla en un instrumento legal vinculante.
La Eurocámara cree que hay que fijar criterios adicionales, para engrosar la lista y evitar la salida de algunos países con demasiada facilidad. Los propios Estados miembros de la UE deberían ser controlados con base en los mismos criterios y ser considerados paraísos fiscales si su política tributaria así lo indica, afirman los eurodiputados, de acuerdo con lo publicado por elDiario.es.
La resolución subraya que la aplicación de un tipo 0 en el impuesto sobre sociedades o la ausencia total de gravamen sobre los beneficios empresariales debería conllevar la inclusión automática en la lista; cambios cosméticos en el sistema tributario no deberían ser suficientes para sacar a un país de la lista negra, y todos los países deben ser sometidos al mismo nivel de escrutinio, aplicando los mismos criterios.
Para José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y Presidente del ICRICT, el escándalo de OpenLux demuestra una vez más que es hora de que la Unión Europea redoble sus esfuerzos en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.
“Un tipo mínimo global en el impuesto de sociedades mínimo del 25%, el reporte público país por país de los datos fiscales y financieros de grandes empresas y un registro europeo de activos de la UE permitirían a las grandes fortunas y grandes empresas contribuir a la reconstrucción de sociedades y economías no sólo más prósperas y resilientes, sino también más justas”.
Las revelaciones de OpenLux ponen de manifiesto que el verdadero problema real es la falta de voluntad política en la propia Unión Europea, afirma Eva Joly, ex miembro del Parlamento Europeo e integrante del ICRICT.
“Ya están preparados los estándares que permitirán a las multinacionales pagar su parte justa de impuestos, incluso por sus actividades digitales: se trata de la BICCIS (Base Imponible Consolidada Común del Impuesto de Sociedades, CCCTB en inglés). Ha llegado el momento de que Ursula von Leyen utilice el artículo 116 del Tratado para sortear la regla de la unanimidad e imponer por fin una fiscalidad justa a las empresas transnacionales. Del mismo modo, la lucha contra el blanqueo de capitales debe reforzarse con sanciones ejemplares”.
Con información de Le Monde, elDiario.es e ICRICT