Ni recorte de las pensiones, ni bajada del sueldo de los funcionarios, ni más tajos a la inversión, sanidad o educación. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere evitar la foto de Zapatero del 12 de mayo de 2010. Ese día el expresidente subió, contrito y atribulado, a la tribuna del Congreso para leer los 16 folios con los que anunció los recortes del gasto que se había resistido a hacer. En aquel instante, Zapatero dilapidó su capital político y prácticamente firmó el final de su mandato, que se prolongó agónicamente otro año más.
Una década después, España vuelve a sufrir una crisis económica. Y las cuentas públicas vuelven a estar descontroladas. Pero el contexto es distinto. El desencadenante es una pandemia global y no un empacho financiero. La respuesta de Europa también es diametralmente diferente. Tras cinco días de intensas negociaciones, los líderes europeos alcanzaron, el martes de madrugada, un histórico acuerdo con la aprobación de un millonario fondo de recuperación para afrontar la crisis provocada por el coronavirus.
España es el segundo país de la Unión que más dinero recibirá: 140.000 millones, de los que el grueso se gastará entre 2021 y 2023. Esta monumental inyección de recursos permitirá al Ejecutivo socialista diseñar un Presupuesto expansivo para 2021, que servirá de palanca para remontar la actividad.
El año siguiente, en 2022, España también ingresará parte del fondo europeo y podrá mantener cierta alegría presupuestaria. Sobre todo si la economía empieza a coger impulso y la recaudación de impuestos responde al nuevo clima. Las cuentas de 2023 ya tendrán un tufillo electoral. Visto así, como lo describen dos ministros del Ejecutivo de coalición y otros altos cargos de este y otros Gobiernos anteriores, Sánchez no tendrá que ordenar grandes recortes como ocurrió en la crisis anterior. Pero si tendrá deberes. Los ajustes llegarán en su mayoría por el lado de los ingresos: habrá subida de impuestos. Y muchas reformas para relanzar el crecimiento.
“Tiene la legislatura hecha”, reconoce un alto cargo en Ejecutivos anteriores. “Tendrá dinero suficiente para comprar los votos que necesite para aprobar las cuentas públicas”, explica otro que conoce al dedillo los entresijos de la negociación presupuestaria. “Es verdad que la inestabilidad sigue en Cataluña —en referencia a ERC y el ambiente preelectoral—, pero ahora Ciudadanos nos apoya más cosas”, avisan fuentes gubernamentales.
La mayoría de instituciones abogan por mantener los estímulos económicos hasta que pase la tormenta. El Banco de España, la Autoridad Fiscal o instituciones privadas como Funcas o Fedea recomiendan extender los incentivos en 2021 para evitar que se destruya tejido productivo y que el deterioro sea aún mayor, pero también urgen al Ejecutivo a que elabore un plan a medio plazo para ir saneando las cuentas. “Tiene la oportunidad de impulsar las reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial de la economía, ensanchen las bases imponibles y contribuyan a reducir gastos”, comentan en la Airef.
Pero lo que cambia todo es la mutación de Bruselas. El Ejecutivo comunitario aborda esta crisis de forma diferente a la anterior, cuando recetó austeridad a mansalva. Responde a otro paradigma. En lo peor de esta Gran Reclusión, la Comisión aprobó una cláusula de escape para permitir que los Estados miembros incumplan las reglas fiscales de deuda y déficit. Desde entonces, en los pasillos de las instituciones comunitarias arrecia el debate sobre hasta cuándo seguirá abierta esa ventaja y si estas reglas que consagran los corsés a las cuentas públicas deben reformarse. La idea generalizada es que no se exigirán esfuerzos de consolidación fiscal a los países hasta que recuperen el nivel de PIB que tenían antes de la pandemia. En España esto no ocurrirá, según casi todas las previsiones, hasta 2023. Es decir, Bruselas hará la vista gorda en lo que queda de legislatura.
Reforma fiscal
”Esto no quiere decir que no creamos en la consolidación fiscal. Creemos que es una virtud tener las cuentas ajustadas. No es una bandera que se pueda apropiar la derecha”, explican fuentes de Hacienda. Otra cosa es aprovechar la consolidación fiscal para reducir el peso del Estado, como defienden los más conservadores y liberales, apuntan. Este departamento cree que cuando se inicie la recuperación económica, los ingresos fiscales se repondrán de golpe. Habrá gastos que se han desplegado durante la crisis que ya no habrá que mantener. Y el crecimiento provocará un ajuste automático de las cuentas. Además, habrá ajustes, pero casi todos por el lado de los ingresos. El Ejecutivo ya ha anunciado que abordará una reforma tributaria para acercar la presión fiscal [el peso que los ingresos por impuestos tiene sobre el PIB] española (38%) a la media de la UE (45%).
Los economistas, encabezados por el Banco de España y la Autoridad Fiscal, remarcan que España necesita recuperar credibilidad y ganarse una reputación que ahora no tiene. E insisten en que el Gobierno tiene que hacer un plan creíble a medio plazo.
Aunque Bruselas haga la vista gorda, no permitirá excesos. Exigirá reformas y cumplir con las recomendaciones del semestre europeo [el marco de la UE para coordinar las políticas económicas]. Pero eso no incluye recortes de gasto. Más bien cambios laborales para reducir la temporalidad, acelerar la transición ecológica y digital y ahondar en la unidad de mercado. Y aunque las nuevas ayudas europeas llegan con condicionalidad, estas están vinculadas a cumplir con las reformas que planteen los propios Gobiernos.
Aunque Bruselas no lo pida, también habrá que abordar tarde o temprano una reforma de las pensiones, que arrastran un déficit estructural desde hace casi una década. Eso no requerirá necesariamente recortes, quizá revalorizaciones más bajas o prestaciones menos generosas para la nueva generación de pensionistas, la numerosísima del baby boom. Pero, claro, todo depende de que en 2021 se encuentre una vacuna y no haya un gran rebrote que lo trastoque todo. En ese caso, Bruselas será la última de las preocupaciones.
Hacer más eficiente el gasto público
La Autoridad Fiscal lleva meses analizando una docena de grandes capítulos del gasto público, que suman en total 81.000 millones. Plantea cambios de políticas en alguno de ellos para ganar en eficiencia, mejorar los controles o, directamente, eliminar algunas partidas. El año pasado presentó la primera fase de este ejercicio, sobre partidas por más de 30.000 millones, que incluía la política de becas, Correos, gasto farmacéutico, subvenciones, políticas activas de empleo, promoción industrial y políticas de I+D. Esta semana ha empezado a presentar la segunda fase sobre cuatro áreas de estudio que suman 51.000 millones. Entre ellas destaca la revisión de los beneficios fiscales (deducciones, bonificaciones, exenciones de los impuestos), que restan unos 35.000 millones a la recaudación, el gasto hospitalario (7.400 millones), los incentivos a la contratación (2.000 millones) y las inversiones en infraestructuras de transportes, a las que se han destinado más de 340.000 millones en los últimos 25 años. “Los informes del Spending Review son un ejercicio para tomar decisiones informadas y útiles. Sirven para gastar mejor, no menos”, dice Cristina Herrero, presidenta de la institución.
Source link