El viernes pasado, mientras Gabriel Boric hablaba por primera vez como presidente desde un balcón del palacio de La Moneda, medio centenar de jóvenes encapuchados se enfrentaban con la policía en la Alameda. A solo 500 metros de la plaza de la Constitución, atiborrada en ese momento de gente, el aire estaba impregnado de gas lacrimógeno y el asfalto brillaba por el agua lanzada por los camiones antidisturbios. Los manifestantes hacían fogatas frente los policías con escudos, a la espera de la siguiente escaramuza. “Boric traidor”, gritaban. Pedían así por la libertad de más de 200 personas que están presas desde las revueltas de octubre de 2019, acusadas de atentar contra el orden público. En la plaza, mientras tanto, sin piedras pero con banderas, la gente recordaba a Boric la deuda pendiente. “Liberar, liberar, a los presos por luchar”, gritaban bajo el balcón presidencial.
Según datos de la Gendarmería de Chile, hay 211 personas presas por causas penales relacionadas con las manifestaciones sociales ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes. El Gobierno de Sebastián Piñera aplicó contra ellas la Ley de Seguridad del Estado (LSE), un mecanismo previsto para enfrentar delitos contra el orden público que acelera los procesos judiciales y eleva las penas. Creada a mediados del siglo pasado, la LSE fue reforzada por la dictadura de Pinochet y aplicada durante la transición democrática en causas variadas: desde una huelga de choferes de bus hasta el conflicto entre el Estado y los mapuches por el control de tierras ancestrales. En octubre de 2019, cuando decenas de miles de personas salieron las calles, el presidente Piñera invocó la LSE contra los manifestantes que destrozaban el Metro y el centro de Santiago. Muchos de los detenidos por aquellos incidentes aún lo están.
Boric acompañó en aquel momento las manifestaciones. Y puede decirse que su Gobierno es hijo de las demandas callejeras de entonces por un reparto equitativo de la riqueza y un Estado más presente. Buena parte de los votantes del nuevo presidente estuvo en la calle, y considera que los detenidos bajo la aplicación de la LSE son presos políticos que deben ser liberados de inmediato, incluso mediante un indulto presidencial.
En el ocaso del mandato de Piñera, el Congreso tramitó una ley de indulto que no prosperó. Boric había pedido al Parlamento saliente que dejase resuelta la cuestión de los presos, pero no tuvo suerte. Ahora la brasa arde en sus manos. Durante su discurso ante la multitud reunida frente a La Moneda, en lo que fue el primer baño de masas como presidente, Boric se refirió a la cuestión. Habló de “reparar las heridas que quedaron del estallido social” e hizo un anuncio: “El día de ayer [por el jueves] hemos retirado las querellas por Ley de Seguridad del Estado, porque tenemos la convicción de que como chilenos y chilenas tenemos que volver a encontrarnos y vamos a trabajar; lo hemos conversado con los familiares de los presos, saben que estamos en ello”.
El retiro del Estado como querellante da un respiro a los detenidos por las revueltas, pero su efecto es más político que judicial. La decisión de Boric alcanza a 195 querellas bajo la Ley de Seguridad del Estado, pero a estas alturas el 95% de los presos está también imputado por delitos comunes, según datos del Ministerio de Interior saliente. El abogado Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular, una organización nacida tras las movilizaciones de estudiantes secundarios de 2006 en Chile, consideró que la decisión de Boric fue “un gesto importante”, pero sin efectos prácticos. “Podría ser en términos políticos una decisión efectista, pero no me gustaría quedarme en ello. Me parece importante, aunque creo que debería haber noticias de situaciones mejores”, dijo.
Las ministras de Interior y de Justicia, Izkia Siches y Marcela Ríos, dijeron que la retirada de las querellas “fue una promesa plasmada en el programa del presidente”. Y anunciaron que también se “formará una mesa de reparación para las víctimas de violación a los derechos humanos”, junto con el apoyo del Ministerio de Economía a los comercios y pequeñas empresas que fueron destruidos por la violencia callejera. Más tarde, Camila Vallejo, vocera del nuevo Gobierno, dijo que la decisión de Boric “tiene que ver con la perspectiva de terminar con la aplicación abusiva de ciertas normas”. “Esto no es que se eliminen causas”, aclaró.
El Ejecutivo chileno no tiene demasiadas herramientas legales para terminar con las causas contra los detenidos durante el estallido social, salvo que apele a un indulto presidencial, una decisión que podría tener un costo político demasiado alto. No son pocos los chilenos, incluso entre los votantes de Boric, que vieron espantados la destrucción del Metro y barrios enteros convertidos en campos de batalla. Aún hoy, cada viernes, grupos de jóvenes se reúnen en la plaza Italia, epicentro de las protestas, y mantienen pulsos violentos con la policía. La llegada de un Gobierno forjado al calor de las protestas no desactivó el ritual, como quedó claro durante los incidentes que se registraron en la Alameda mientras Boric hablaba en La Moneda horas después de asumir la Presidencia.
La oposición ya advirtió que batallará contra cualquier intento de beneficiar a los detenidos. “Las ministras Siches y Ríos anunciaron el retiro a las querellas de 139 delincuentes que quemaron, saquearon y destruyeron los sueños de tantos chilenos”, dijo la diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, la agrupación del excandidato presidencial ultraconservador José Antonio Kast. “Los republicanos queremos advertirles de que vamos a reunir las firmas para interpelarlas en el momento en que ella firme el primer documento que indultará a dichos delincuentes”, añadió Barchiesi.
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