Ni una pandemia, ni la conflictiva convivencia en el Gabinete común, ni las encuestas en contra, ni el encaje de bolillos al que se ve constantemente obligado para no perder el apoyo parlamentario. Nada ha podido de momento con la mala salud de hierro del Gobierno, que va sorteando obstáculo tras obstáculo. El de este jueves no era menor: el aval del Congreso para allanar el camino a la tramitación de los Presupuestos del Estado, el cheque que necesita el Ejecutivo para garantizar su supervivencia hasta las próximas elecciones. La votación volvió a poner de manifiesto que, mientras no cambien las circunstancias políticas, una más que holgada mayoría de la Cámara (188 votos en esta ocasión) está dispuesta a sostener a la coalición de izquierdas. Lo que no quiere decir que todos se encuentren felices con la actitud del Gobierno. Las quejas de los aliados se dejaron oír en el Congreso, la más enérgica la de ERC, que dice que el Ejecutivo se está comportando con “soberbia”.
En los primeros días de septiembre, cuando se iniciaba el nuevo curso político, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, vaticinó: “Habrá Presupuestos, a trancas y barrancas, pero creo que los habrá”. El “a trancas y barrancas” es ya el modo de vida habitual del Ejecutivo, que este jueves se pudo dar una pequeña fiesta en el Congreso, con el presidente, la mayoría de sus ministros y los diputados de los dos grupos gubernamentales ovacionando en pie a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, por su exitosa defensa de los Presupuestos ante la Cámara. Los aplausos borraban el eco de los reproches que algunos de los aliados del Gobierno habían lanzado al viento del hemiciclo antes de consentir que las cuentas sigan su tramitación. Y dejaban en evidencia que las fuerzas de los grupos que pretendían tumbar el proyecto siguen siendo escasas: 156 votos, una suma más heterogénea aún en la que entraron todo el bloque del centro y la derecha de ámbito nacional, junto al independentismo de choque de Junts y la CUP.
Las cuentas han pasado el trance más difícil, el del aval parlamentario a su tramitación, pero aún queda más de un mes de camino para su aprobación definitiva. Ahora habrá que negociarlas capítulo a capítulo, mandarlas al Senado y traerlas de vuelta al Congreso para votarlas antes de que acabe el año. Desde el miércoles, cuando se inició el debate presupuestario, todos los grupos que salieron en auxilio del Gobierno frente a las siete enmiendas a la totalidad de la oposición advirtieron de que su postura no es un “cheque en blanco” y que todavía habrá que trabajarse su apoyo final. Lo avisó ERC y lo ratificaron los dos grupos nacionalistas vascos, al igual que el valenciano y el gallego, el regionalista cántabro, Nueva Canarias y Teruel Existe.
De tanto escucharlo, la ministra de Hacienda rogó este jueves: “No hace falta que lo repitan más, lo tenemos claro. Sabemos la aritmética parlamentaria”. Montero, sin entrar en cruces dialécticos, se mostró comprensiva con las peticiones de todos, desde los que exigen medidas más escoradas a la izquierda hasta las reivindicaciones específicas de los grupos territoriales.
ERC no le reclamó tanto cuestiones concretas como un cambio de actitud. Su portavoz, Gabriel Rufián, volvió a reivindicar la cuota para el catalán, el gallego y el euskera en las plataformas audiovisuales, que el PSOE se ha comprometido a negociar con los independentistas en una futura ley. “En ningún lugar se legisla contra las lenguas de tu propio país”, protestó Rufián. Pero sus reproches principales, con la contundencia marca de la casa, tuvieron un fondo más político. El portavoz de ERC argumentó que el Gobierno se vale del miedo a la derecha ―“Su motor es el miedo”, sentenció― para amarrar sus apoyos parlamentarios. Y esa circunstancia le permite vivir ahora lo que definió como “un momento altivo, un momento alfa”. “La soberbia es mala consejera”, fue su primer aviso. Luego vino un segundo: “Empiezan a tener a demasiada gente cabreada”. Y aún un tercero: “Calculen bien sus fuerzas, no sé si les queda gasolina para tanto viaje”.
De las admoniciones de Rufián se pasó al tono siempre diplomático del PNV. Su diputada Idoia Sagastizabal fue mucho más crítica con la derecha por sus propuestas de bajadas de impuestos, una “quimera”, dijo, propia de “curanderos” y “populistas”. Lo que no le impidió subrayar que su partido está descontento con las inversiones del Estado en Euskadi y que su postura en la votación final de los Presupuestos dependerá de que se asignen más fondos para la red ferroviaria vasca.
Por la izquierda, el diputado de EH Bildu Oskar Matute reforzó otra de las quejas esgrimidas por Rufián: la ausencia de una reforma fiscal “más justa”. La ministra se remitió al informe que a comienzos de año presentará el comité de expertos al que Hacienda ha encargado una propuesta. Matute entró a fondo en la herida aún no cerrada en el Gabinete por las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma laboral. “Si no la derogan, perderán las elecciones y será responsabilidad suya que gobierne la derecha”, apretó a la ministra. Matute expresó su sospecha de que el Ejecutivo “pretenda pedir permiso a la patronal” y acometa solo una “derogación parcial”. En ese caso, abundó el portavoz abertzale, “quizás pierdan el apoyo de los grupos de izquierda”.
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