Desde este viernes, víspera del día en que se cumplen siete meses de invasión, hasta el próximo martes, las autoridades de ocupación prorrusas celebran consultas de anexión a Rusia en cuatro regiones de Ucrania. Ninguna de ellas se halla totalmente bajo su control y en todas se suceden los combates. No hay observadores que velen por la correcta celebración de un proceso que la comunidad internacional considera ilegal y al que ningún organismo otorga reconocimiento oficial alguno.
La intención del Kremlin es conseguir asentar sus posiciones en esos territorios, como ya hizo en 2014 en la península de Crimea. Pocos dudan de que los plebiscitos en Donetsk, Lugansk, ocupadas casi en su integridad, Zaporiyia y Jersón, controladas parcialmente, arrojarán un resultado favorable a los intereses de los organizadores. El objetivo de Moscú al buscar la anexión de estos territorios es contar con la posibilidad de elevar la respuesta militar de su Ejército en caso de agresión, debido a que, de prosperar la votación, estaría supuestamente respondiendo a una amenaza contra su propio país.
Estos referendos llegan en un momento delicado para el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha tenido que mover ficha ante las derrotas que ha acumulado en el campo de batalla en las últimas dos semanas. El mandatario ha anunciado una polémica movilización parcial de la población para hacer frente al conflicto, lo que ha llevado a miles de jóvenes a escapar del país para evitar ir a la guerra. El avance de las tropas ucranias ha obligado a un rápido repliegue de decenas de miles de soldados rusos desplegados desde hace meses en el noreste de Ucrania. El mayor intercambio de presos en estos siete meses, llevado a cabo el jueves, tampoco fue tan bien recibido en Moscú como en Kiev.
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Para aumentar la participación, los organizadores están autorizando a votar a ciudadanos menores de edad, de entre 13 y 17 años, que vayan acompañados por sus padres o tutores, según revelaron el jueves las autoridades de Kiev a través información de los servicios secretos. También, añade la misma fuente, se ha previsto traer a familias de la región de Donetsk que se hallen viviendo en Rusia.
El gobernador ucranio de la región de Lugansk, Serguéi Gaidai, ha denunciado que se está obligando a votar a muchos ciudadanos, según ha publicado en su perfil de la red social Telegram. Gaidai, la autoridad legítima de esa región ucrania que está casi por completo controlada por Moscú que les apoyan, añade además que los rusos prepararon equipos de vídeo para “filmar historias propagandísticas” sobre la votación.
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“En una empresa en Bilovodsk, el jefe anunció a todos los empleados que la asistencia era obligatoria. Quienes no participen en la votación serán automáticamente despedidos y las listas de los que no comparezcan serán entregadas a los servicios de seguridad de la República Popular de Lugansk [como se autodenomina la autoridad prorrusa]”, alerta Gaidai. En un segundo caso, en Starobilsk, continúa este gobernador ucranio, “las autoridades de ocupación prohibieron a la población local abandonar la ciudad entre el 23 y el 27 de septiembre [las fechas entre las cuales se extiende la consulta]. Según la información disponible, los ocupantes están formando grupos armados para rondar las casas y obligar a la gente a participar en el llamado referéndum”, explica Gaidai.
Antes de que se haya introducido un solo voto en las urnas, la comunidad internacional ya ha anunciado que no se va a reconocer el resultado de esos referendos considerados ilegales. Así lo han afirmado Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea o Estados Unidos. Es más, las autoridades de Kiev aseguran que no piensan alterar su objetivo de mantener la contraofensiva desplegada en el noreste del país que les ha permitido recuperar la región de Járkov y que ha mejorado sus posiciones en el campo de batalla para desocupar posiciones rusas en Donetsk y Lugansk.
Las consultas se celebran en un territorio que supone aproximadamente el 15% de los 600.000 kilómetros cuadrados de Ucrania. Es ahí, en esas cuatro regiones del este y del sur del país vecino, donde Rusia concentra ahora sus esfuerzos.
El 21 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto para, según él, dar marchamo de oficialidad a las dos autoproclamadas repúblicas populares independientes de Donetsk y Lugansk. Al mismo tiempo, anunció el envío de tropas de “mantenimiento de paz” a esos territorios. Ese fue el prólogo de la invasión que ordenó justo después y que comenzó en la madrugada del día 24.
La zona industrial de Donbás, que ocupan esas dos regiones en el este de Ucrania, es escenario desde 2014 de una guerra entre milicianos prorrusos apoyados por Moscú y el Ejército de Ucrania. Que las tropas locales hayan ganado desde principios de septiembre más de 8.000 kilómetros cuadrados en Járkov les permite situarse a las puertas del codiciado Donbás. Es allí donde los militares ucranios esperan poder seguir abriendo brecha estos días y donde Putin espera poder reformar su presencia militar con las últimas medidas anunciadas.
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