Los republicanos de Racine, condado de Wisconsin de 200.000 habitantes entre Milwaukee y Chicago, descubrieron hace tres semanas 23.000 votos de las presidenciales de 2020 procedentes de electores registrados con el mismo número de teléfono. No solo eso. Había otros cuatro mil atribuidos a ciudadanos de 103 años nacidos el mismo improbable día: 1 de enero de 1918. Como Biden se llevó el Estado por 20.000 votos, al fin salían las cuentas de la conspiración. Poco importaron a ese puñado de republicanos obsesionados con seguir contando papeletas las explicaciones de la Comisión Electoral de Wisconsin, que aclaró que la obligación de aportar un teléfono y una fecha de nacimiento dejó de ser efectiva hace tiempo, y que al migrar las bases de datos muchos municipios con menos de 5.000 habitantes rellenaron los registros con cifras genéricas.
Hoy hace justo un año que los grandes medios estadounidenses dejaron de apretar los dientes y, cuatro días después de la cita electoral, se decidieron a proclamar a Joe Biden 46º presidente de Estados Unidos. Han pasado 12 largos meses, pero adversarios de Estados como Wisconsin, Arizona, Michigan, Pensilvania, Georgia y Arizona se resisten a pasar página y reconocer la derrota de Donald Trump. Recuerdan en su empecinamiento a Hiroo Onoda, aquel combatiente japonés que siguió emboscado en una isla filipina hasta 1974. El problema es que, a diferencia de Onoda, al que tuvo que convencer un antiguo superior de que la Segunda Guerra Mundial había terminado, el comandante Trump sigue atrincherado en sus bulos.
Los sacó por última vez a pasear en una carta al director publicada el 27 de octubre por el Wall Street Journal. Contestaba a un editorial del diario en el que se citaba de pasada “el lío electoral de Pensilvania”, donde perdió por 80.555 votos y un juez ordenó separar las papeletas llegadas por correo después del cierre de las urnas con la única espuria intención de sembrar la duda sobre el proceso (lo que no dijo es que el mecanismo ya estaba previsto por ley).
El texto del Journal era puro Trump: en 600 palabras, aportaba tal cantidad de datos sin contrastar ni atribuir como para mantener ocupado a un equipo de fact-checkers durante toda una semana. Y concluía: “Bueno, en realidad, la elección fue amañada, lo que, lamentablemente, todavía ustedes no han sido capaces de descubrir”.
La carta alentó un debate periodístico sobre si el rotativo hizo bien en publicar un texto que sabían lleno de la clase de falsedades que han acabado conociéndose como la “Gran Mentira”. Es la misma que condujo al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero por una turba enfurecida que se creyó el bulo del robo electoral, entre otras descabelladas teorías de la conspiración, pese a que muchos de los implicados lo mantuvieron a sabiendas de que era falso.
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La CNN emitió el viernes por la noche el documental Trumping Democracy. An American Coup (Ataque a la democracia: el intento de golpe de Trump), que recogía el testimonio de conocidos congresistas republicanos que se atrevieron a desafiar al magnate para enfrentarse a esas mentiras y fueron amenazados por ello. En una de las entrevistas, Alyssa Farah, que fue directora de comunicación de la Casa Blanca hasta que renunció en diciembre de 2020, explicó que el entorno más cercano a Trump no daba crédito a esas teorías. “Aún así, las mantuvieron en público; engañaron al pueblo estadounidense, y al propio Trump, que probablemente sí se creía esas patrañas”. Después de todo, el candidato se pasó toda la campaña sembrando la sombra de la duda democrática sobre el proceso en una profecía que acabó por autocumplirse.
Desde noviembre de 2020, se han presentado más de 60 demandas encaminadas a revisar el resultado. Solo una ha prosperado, en Virginia. Afectaba a tan pocos votos que resultó irrelevante. Entre los intentos más sonados está el de Arizona, feudo tradicionalmente republicano, que fue clave en el triunfo demócrata. El senado estatal, mayoritariamente rojo, encargó una revisión de 2,1 millones de votos registrados en el condado de Maricopa (que alberga la capital, Phoenix) a una firma de ciberseguridad llamada Cyber Ninjas. El cálculo concluyó con un inapreciable ajuste: los demócratas tenían en realidad 99 sufragios más, y Trump, 261 menos.
Según el análisis del Brennan Center for Justice, organización no partidista que, tras estudiar la historia electoral de Estados Unidos, cifró el porcentaje de fraude entre el 0,0003 y el 0,0025%, la “Gran Mentira” es indisociable de la ofensiva legal iniciada en 19 Estados “para sacar adelante 33 leyes que van a dificultar el voto a nivel estatal”, según explica Ricardo Ramírez, uno de sus asesores. “Se basan en la idea de que el sistema no es fiable, lo cual es completamente falso. Estos políticos difunden estos bulos por interés propio con el objetivo de dividir a los votantes. Estas alegaciones de fraude son más bien mentiras y fantasías políticas de unos sectores hiperconservadores, que buscan manipular a sus bases atacando una institución estadounidense fundamental, lo mismo que hacen con la ciencia, con las vacunas o con la historia. Siempre se puede mejorar la seguridad de las elecciones, pero esas mejoras tienen que conducir a expandir el acceso a las urnas”.
Lo que pretende la facción más dura del partido republicano es justo lo contrario: añadir trabas a un proceso ya de por sí complicado para cortar el paso del censo a las minorías, que están alterando el mapa electoral en Estados decisivos. ¿Cómo? En Texas, por ejemplo, el gobernador Gregg Abbott prevé tener lista una ley a tiempo para las primarias 2022 que adelanta la hora de la apertura de las urnas en los condados más pequeños, predominantemente republicanos, y limita en territorios de mayor población la posibilidad de votar fuera de horario o sin bajarse del coche, dos prácticas que se demostraron muy populares entre los votantes negros, mayoritariamente demócratas, en las últimas elecciones. Unas elecciones que algunos no parecen dispuestos a dar por concluidas.
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