Aunque la industria de la extracción de minerales e hidrocarburos en México ha sido presentada como una generadora de riqueza y desarrollo, el impacto ambiental y a la salud es mayúsculo, y los beneficios los acumulan las grandes empresas, revela un estudio de Fundar.
Por Luis Alonso Pérez
La llegada de una nueva administración federal abre una posibilidad para corregir los riesgos e impactos negativos que la industria extractivista genera en la sociedad, el medio ambiente y los recursos naturales en México.
El anuario 2018 de las actividades extractivas en México publicado por el centro de análisis e investigación Fundar, titulado “Los desafíos para la Cuarta Transformación”, revelan las consecuencias que ha traído la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.
También hace un llamado a la reflexión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para dar un viraje y lograr prácticas más limpias, justas y seguras en la industria de la extracción de minerales e hidrocarburos.
“El gran reto para este nuevo gobierno será promover una industria extractiva garante de derechos, que proteja efectivamente el ambiente, y que fomente un desarrollo participativo de las comunidades para que ellas puedan gestionar su territorio”.
En entrevista para Aristegui en Vivo, la directora ejecutiva de Fundar, Haydeé Pérez Garrido, sostuvo que “para nadie es un secreto que estas actividades, que se llevan a cabo a partir de megaproyectos, dejan muchos impactos sociales, culturales, ambientales, y no necesariamente para pueblos y comunidades a nivel local, sino que es riqueza que se va hacia las grandes empresas mexicanas y, en muchas ocasiones, extranjeras”.
Veneno para humanos y medio ambiente
El reporte de Fundar establece que los impactos sobre el medio ambiente, así como a los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios situados alrededor de proyectos extractivos, tanto de minerales como de hidrocarburos, siempre han quedado al margen de las prioridades del gobierno.
“Es un desafío para el nuevo gobierno entender cómo se puede contribuir de alguna manera a que la sociedad mexicana encuentre en este sector una oportunidad para obtener beneficios económicos y sociales, así, ampliar el desarrollo de su propia felicidad y dignidad, en un ambiente garante de derechos”.
Sonora, Durango y Zacatecas son estados donde se han establecido la mitad de los proyectos mineros del país, muchos de ellos a cielo abierto. Durante esta actividad se generan contaminantes que son absorbidos por animales y seres humanos, generando impactos para su salud.
Estos van desde los polvos tóxicos que contienen metales pesados, hasta los residuos químicos que contienen cianuro, mercurio o ácido sulfúrico y que pueden filtrarse y contaminar fuentes de agua superficiales y pozos.
El anuario también destaca la devastación que generan los procesos de excavación, que cuentan con un tiempo de vida útil de entre cinco y 12 años, y que una vez agotados dejan “el territorio completamente destruido y contaminado”.
“Es necesario reconocer esta problemática y comenzar a sistematizar todos los impactos para entender que la extracción minera a cielo abierto es por demás lesiva al desarrollo humano, no sustentable e injusta socialmente, por la desigualdad entre costos y beneficios”, propone Fundar.
Fracking, el riesgo que ya está aquí
A pesar de que en campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió que, de llegar a la Presidencia, prohibiría la técnica de extracción de combustible a través de la técnica de fractura hidráulica, o fracking, por los riesgos y la contaminación que genera, y que lo ha corroborado en varios discursos posteriores a su triunfo, esta práctica de extracción no solo continúa la inercia establecida por Enrique Peña Nieto, sino que recibe miles de millones de pesos del presupuesto federal.
“Esta asignación de presupuesto para fracking es responsabilidad del nuevo gobierno que presentó su Paquete Económico 2019 a la Cámara de Diputados, diseñado de manera concurrente entre un equipo del gobierno de Peña Nieto y un equipo del entonces gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador”, denuncia el anuario de Fundar.
El documento destaca los efectos negativos que genera el fracking sobre “el agua, aire, suelo, subsuelo, tierras de cultivo y pastura, biodiversidad, salud y condiciones de vida de las personas”, además de que “ocasiona impactos ambientales irremediables y severas afectaciones sociales que conducen a violaciones de derechos humanos de las generaciones presentes y futuras”.
El informe documenta cómo durante la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), celebrada el pasado 11 de febrero de 2019, fue aprobada una resolución para la modificación de cuatro Planes de Exploración presentados por Pemex Exploración y Producción, que incluye autorizar el uso de fractura hidráulica.
Durante la sesión el Comisionado de la CNH, Gaspar Franco Hernández aclaró que el marco legal vigente permite que se otorguen autorizaciones para el fracking, por lo que Fundar recomienda una revisión de las leyes aprobadas durante la Reforma Energética de Peña Nieto.
“El fracking no es un temor que tenemos que tener a futuro, se realiza actualmente y se le ponen recursos del Presupuesto de la Federación a la exploración en aguas profundas y vemos también la posibilidad de que esto avance a partir de revisar el plan de negocios de Pemex”, advirtió Haydeé Pérez Garrido.
Industria en la opacidad
Una práctica negativa detectada por Fundar en prácticamente todos los ámbitos de la industria extractiva es la opacidad. Desde la falta de acceso público a los contratos, concesiones y permisos concedidos por el Gobierno Federal, y a los reportes sobre los daños al medio ambiente, hasta la escasa transparencia en la aplicación de recursos federales destinados para el desarrollo de las comunidades donde se realizan estas actividades como el Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y el Fondo Minero.
“Lo que nosotros vemos es que nos se han utilizado de manera adecuada, no están llegando a donde tienen que llegar, y las comunidades no están participando para decidir exactamente qué hacer con esos recursos”, sostuvo Pérez Garrido.
Tampoco existe suficiente información sobre resultados de la Reforma Energética que permitan constatar en qué medida se han logrado -si es que se han logrado- los beneficios sociales y económicos prometidos por la pasada administración.
Reforma Energética, los beneficios que no llegaron
El reporte destaca que, aunque la explotación del petróleo representa el 19 por ciento de los ingresos del sector público, la producción cayó un 30 por ciento durante el sexenio de Peña Nieto, siendo que la Reforma Energética prometía aumentar la producción a través de alianzas y concesiones con empresas privadas.
“Esto, pese a la importante cantidad de nuevos contratos de exploración y extracción de hidrocarburos otorgada por el gobierno a empresas privadas, que contribuyen con una ínfima parte de la producción y los ingresos a nivel nacional”.
También recalca cómo el gobierno de López Obrador ha incrementado los presupuestos de Pemex y de la Secretaría de Energía, con el fin de regresar los niveles de producción a los de 2013, y apuesta a proyectos como la refinería de Dos Bocas, Tabasco, basándose en la explotación de yacimientos cada vez más escasos.
Fundar también argumenta que el discurso de que la minería es una gran generadora de empleos y motor de desarrollo local es un mito, pues contribuyen “con aportes mínimos a las cifras de empleo nacional y son superadas, por mucho, por otros sectores económicos”.
Es también un sector con un alto porcentaje de empleos que operan bajo la figura de outsourcing, “estos trabajos son de alto riesgo y es frecuente que el personal carezca de seguridad social y prestaciones básicas otorgadas por las empresas mineras”, señala el informe.
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