“Esto es un infierno” escribía una ciudadana de Kazajistán en un mensaje de WhatsApp cuando las autoridades del país consideraban ya superada la fase álgida de la “operación antiterrorista” y habían puesto plazo para la retirada del “contingente pacificador” de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).
En Atirau se estaban produciendo “torturas y encarcelamientos”, comunicaba mi interlocutora desde aquel centro petrolífero del Caspio. Así lo confirmaba por teléfono Serguéi Shútov, un activista cívico local que dijo haber sufrido múltiples palizas durante los dos días que permaneció recluido, del 11 al 13 de enero, tras ser detenido en su casa. Shútov se manifestó el 4 de enero contra la subida de precios y es de los que no confía en que el presidente Kasim-Yomart Tokáyev realice reformas de calado. “Hará lo que le dejen hacer Nazarbáyev y su familia”, afirmaba, refiriéndose al primer presidente de Kazajistán, que dirigió el país hasta 2019, cuando pasó a ocupar el cargo de Elbasi (padre de la nación) con funciones supervisoras en materia de seguridad.
El actual presidente analiza de forma correcta los males del sistema, pero los observadores están divididos sobre su voluntad y sus posibilidades de captar los aliados necesarios para las reformas que anuncia. Tokáyev habla de crear comisiones, encargar planes para corregir las desproporciones y desigualdades abismales del país, pero sus palabras suenan poco enérgicas, porque reestructurar el sistema implica enfrentarse a la “familia” de Nazarbáyev (el clan de parientes y allegados beneficiarios de la gestión pública).
Tokáyev ha sido más concreto al referirse a los cambios en los llamados “órganos de fuerza”. Habrá incrementos de sueldo en todos ellos y se crearán unidades de “intervención especial” en el Ministerio del Interior, la Guardia Nacional y el Ejército.
La operación de la OTSC ha sido eficaz, pero también ha evidenciado que el reflejo anticolonial y la conciencia nacional son puntos sensibles de este tipo de intervenciones y tal vez una de las causas de su rápida retirada (un máximo de 10 días a partir del 11 de enero). La investigadora Nargís Kassenova, directora de programas de Asia Central del Davis Center de Harvard, subraya que el porcentaje de kazajos étnicos, que eran el 40% de la población de Kazajistán en diciembre 1991 cuando el país se independizó, es ahora del 70%. Este cambio se debe, por un lado, a la emigración de los habitantes de origen ruso y por otro a la inmigración de kazajos étnicos desde China, Mongolia y Asia Central.
Una parte de la ciudadanía de Kazajistán ha visto al contingente pacificador de la OTSC, una organización dominada por Rusia, como “ocupantes extranjeros” y lo ha asociado con la anexión de la península de Crimea por Rusia en 2014, señalan medios en Kazajistán. La asociación con Crimea se reforzó con el nombramiento como jefe del contingente de la OTSC del general Andréi Serdiukov, jefe de las tropas de paracaidistas de Rusia y participante en la anexión de aquella península ucrania. Más allá de los acuerdos intergubernamentales que legitiman su intervención, el margen de la OTSC para actuar se ve pues afectado por la percepción local de la soberanía nacional en relación a Rusia. En el título del discurso con el que Tokáyev se dirigió al Parlamento figuraban las palabras “unidad” e “independencia”. A considerar a Rusia como una salvadora en el espacio postsoviético no contribuye tampoco la descripción de los fines de Moscú formulada por el politólogo ruso Fedor Lukiánov, director científico del club de discusión Valdái (organizador de una reunión anual de Vladímir Putin con politólogos internacionales). En un reciente artículo, Lukiánov escribía que lo más importante para Moscú en las operaciones pacificadoras de la OTSC es “mantener la presencia física de fuerza en el territorio” al que ha acudido en misión y convertirse en el garante del cual dependen posteriores acontecimientos. Como ejemplo, citaba la misión de pacificadores rusos tras la guerra de 2020 en Nagorno Karabaj.
Rusia, afirma Lukiánov, no debe “inmiscuirse en los conflictos locales” y quien quiera que gane en ellos “tendrá que tener en cuenta las circunstancias objetivas de la presencia militar rusa”. En Kazajistán, por ahora, los rusos no han podido quedarse.
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