España tiene unos servicios sociales que no están preparados para hacer frente a la peor crisis en años. La pandemia es mucho más que una emergencia sanitaria, ha llevado a miles de personas a una situación límite y la Administración no cuenta con suficientes recursos para atenderlos. El 40% de la población vive en comunidades con unos servicios sociales débiles o irrelevantes, según el índice DEC, un informe presentado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector. El estudio analiza una treintena de indicadores y valora la situación en las 17 comunidades en cuanto a reconocimiento de derechos, inversión económica y cobertura de servicios. Once de ellas, como Cataluña, Canarias y Galicia, han empeorado en este último punto, que evalúa desde plazas en residencias a rentas mínimas de inserción, respecto al anterior informe, de 2018. Hay grandes diferencias territoriales. El gasto público por habitante en el País Vasco duplica el de Murcia.
José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, critica que estos servicios se mantienen “débiles” cuando más falta hacen. “Una infraestructura de servicios sociales deficiente genera desigualdad y que muchas personas no estén atendidas en una gran crisis social como la que vivimos”, apunta. Aunque la inversión ha repuntado respecto a los últimos años, sigue por debajo del máximo alcanzado en 2012, el primero analizado. El informe revela que en 2019 las autonomías gastaron de media el 1,98% de su PIB en servicios sociales, por debajo del pico del 2,02% de hace nueve años. “Si las autoridades no evitan la exclusión, se puede poner en riesgo la cohesión social en nuestro país”, apunta Ramírez. La asociación reclama más recursos para cubrir las necesidades de los más de ocho millones de personas que los servicios sociales atienden en España, según el estudio. El índice DEC, que se elabora a partir de la última información disponible proporcionada por las comunidades y el Gobierno, refleja datos recabados entre 2018 y 2020. Es decir, que aún no permite hacer una evaluación de la actuación frente a la pandemia. Pero quedan claras las deficiencias estructurales de un sistema que no se adecúa a las necesidades de la población.
Para elaborar el informe, la asociación ha valorado 30 indicadores relacionados con el reconocimiento de derechos, con su cobertura social y con el esfuerzo financiero —desde el gasto público, a plazas en residencias o cobertura del sistema de dependencia, entre otros—. La organización puntúa cada región y califica su estructura de servicios sociales en una escala que va desde la irrelevancia a la excelencia. Si una autonomía llega a la excelencia en alguno de los tres ámbitos analizados (derechos, cobertura y financiación), adquiere una calificación superior. País Vasco (7,95) y Navarra (7,90), ambas con una calificación de “excelente”, son las mejor paradas, seguidas por Castilla y León, con un 7,30 y un sistema puntuado como “medio”. La Comunidad de Madrid y Murcia, con un 3,20, son las peor valoradas. “Además, Madrid es la que más deterioro ha registrado en los últimos años”, añade Ramírez. Estas comunidades obtienen la calificación de “irrelevante”, que comparten con Canarias y Cantabria.
Uno de los principales problemas es que existen grandes desigualdades en el gasto social de las comunidades autónomas, según el informe. El País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (738 euros) que Murcia, que con 299 euros anuales, es la comunidad que menos esfuerzo realiza. Las administraciones públicas del País Vasco invierten el 13,7% de su presupuesto, frente al 7,79% de la Comunidad de Madrid. Además, el porcentaje del PIB regional ―o riqueza del territorio― que Navarra destina a servicios sociales (2,37%), es más del doble del que destina Madrid, con el 1,04%. “Las diferencias territoriales implican que no es lo mismo ser pobre o vulnerable en una comunidad que en otra, porque no hay las mismas facilidades”, apunta Ramírez.
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Estos desequilibrios se manifiestan en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a los ciudadanos. En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 745 habitantes, mientras que la carga de trabajo se cuadruplica en Canarias, hasta llegar a un empleado por cada 3.219 personas. En Castilla y León esperan para recibir una ayuda a la dependencia el 0,1% de las personas que la tienen reconocida, frente al 31,9% de Canarias. Las rentas mínimas de inserción en Navarra alcanzan a 7 de cada 10 personas en riesgo de pobreza (70,4%), mientras que en Canarias solo llegan al 1,5% y en otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, La Comunidad Valenciana y Murcia apenas alcanzan el 5%.
La asociación señala que las diferencias no solo se deben a la “extrema disparidad del gasto”, sino que también se explican en clave organizativa. Es decir, gastar más no significa necesariamente ofrecer más prestaciones y servicios. “Los territorios más eficientes son aquellos que tienen una gestión más local y descentralizada, porque cuanto más cerca de los ciudadanos se toman las decisiones, más se comprenden los problemas que tienen”, aclara Ramírez. Algunas comunidades como Canarias, Extremadura, País Vasco o Navarra presentan una escasa cobertura con relación al gasto que realizan. Otras como Castilla y León o Aragón tienen estructuras más eficientes, con mayor equilibrio entre lo que gastan y los servicios que ofrecen. “No solo hay que mantener estas entidades locales, sino reforzarlas”, insiste Ramírez.
Una burocracia contra las personas
El informe pone de manifiesto que la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado cuando la pandemia ha planteado “nuevas realidades y necesidades” a las que responder. Ramírez afirma: “Estamos en una situación en la que la burocracia se ha vuelto contra las personas”. Un ejemplo es, según el estudio, el Ingreso Mínimo Vital, cuya solicitud es rechazada en “tres de cada cuatro ocasiones” y que pierde “gran parte de su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos”. En el caso de la dependencia, los procedimientos enrevesados también son la principal causa de que decenas de miles de personas permanezcan en el limbo de la atención y de que muchas fallezcan sin ser atendidas, según la asociación. Ramírez avisa: “Tenemos una bomba de relojería y si los servicios sociales no actúan de manera rápida y diligente quitando complejidad técnica a los procedimientos, va a estallar en los más vulnerables”.
La asociación alerta de un riesgo de involución hacia un tratamiento “asistencial”, con trabajadores sobrecargados por la cantidad de procedimientos y que corren el riesgo de convertirse en simples verificadores de los requisitos para conceder prestaciones. Ramírez explica: “Muchas personas desisten de solicitar ayudas a los servicios sociales y lo hacen en otras entidades, que responden más inmediatamente”. Es el caso de las llamadas colas del hambre. “Cada vez que un trabajador social deriva a una persona a una entidad caritativa es la evidencia clara del fracaso de las instituciones públicas”, sostiene el presidente de la asociación. Para Ramírez, la solución sería establecer una “prescripción social facultativa”, es decir, que los procedimientos se asemejaran a los del ámbito sanitario y que, tras un diagnóstico y una receta, la persona solicitante recibiera directamente la prestación. “Subsistir en nuestro país no debería ser algo compasivo, sino un derecho de la ciudadanía”, concluye Ramírez.
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