El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios están ultimando un subsidio extraordinario para los parados que hayan agotado su prestación contributiva o el subsidio entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, apuntan varias fuentes del diálogo social a EL PAÍS. Esta es la primera pata de un pacto en ciernes que llegaría a unos 550.000 desempleados y consiste en una ayuda de 430 euros mensuales a cobrar durante un trimestre. La segunda parte es una mejora en la forma en que se calcula la prestación de afectados por ERTE que trabajan a tiempo parcial. En este caso, la cifra de beneficiarios llega a 150.000.
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El “escudo social” del que hablaba el Gobierno en las primeras semanas de la pandemia adolecía de una carencia: ¿qué pasaba con los parados que estaban cobrando una prestación y, por tanto, consumiéndola sin poder buscar un nuevo trabajo por las restricciones del estado de alarma? Al fin y al cabo, los afectados por ERTE cobran una ayuda extraordinaria que no resta derechos del seguro de desempleo que han ido acumulando. Los sindicatos llevaron este argumento a las mesas de negociación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) pero no tuvo eco hasta que se trató la última prórroga.
En el decreto que los prolongó hasta el 30 de septiembre, se incluyó una disposición adicional que obligaba al Ministerio de Trabajo, “a la mayor brevedad posible”, a reunirse con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme para buscar “posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por desempleo de personas no afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo”. El mismo punto habla de “tratar las cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida durante los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la covid-19 a las personas con varios contratos a tiempo parcial”. Así, en las últimas semanas —en paralelo a las conversaciones suspendidas en agosto para regular el teletrabajo y dos reglamentos sobre igualdad salarial— se han negociado esas “soluciones”.
“Está casi todo. Solo estamos a la espera de recibir la redacción para ver cómo se concreta lo que hemos hablado”, resume un negociador. Hasta que no llegue el texto —algo que se está retrasando sobre los plazos comprometidos inicialmente— nadie dará el acuerdo por cerrado definitivamente.
El pacto que se ha perfilado consta de dos patas, siguiendo la disposición del decreto de junio. La primera consiste en la creación de un subsidio extraordinario de 430 euros durante tres meses para aquellos parados que hayan agotado su prestación contributiva o la ayuda asistencial entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre. A diferencia de lo que sucede con otros subsidios, este no precisará de una prueba que acredite que no se llega a un mínimo de renta, ya que esto no será un requisito.
Fuentes sindicales apuntan que los beneficiarios potenciales serían unos 550.000 trabajadores, según los datos estimados que se han manejado a lo largo de las conversaciones. Es decir, suponiendo que se cumple ese cálculo preliminar y todos cobran la ayuda durante ese trimestre, el coste total sería de unos 710 millones.
Ambas cifras quedan lejos de los volúmenes que se manejaron en otras medidas adoptadas para amortiguar el impacto de la pandemia. Los ERTE han llegado a amparar a 3,4 millones de trabajadores y han supuesto hasta ahora el desembolso de más de 9.000 millones entre abril y julio (3.300 millones solo en mayo). La prestación extraordinaria para autónomos ha protegido a más de 1,4 millones y ha supuesto un gasto mensual de unos 1.200 millones.
Mejora del tiempo parcial
La otra pata del pacto supone mejorar la paga que reciben los afectados por ERTE que trabajan a tiempo parcial. Durante estos meses, la metodología que ha empleado el SEPE para calcular las prestaciones de estos trabajadores les reconocía ayudas menores que a quienes tienen un empleo a jornada completa. El acuerdo implicará que Trabajo recalculará las prestaciones de estos trabajadores y les compensará en una sola paga por el dinero que hayan dejado de percibir.
Esta parte beneficia a unos 150.000 afectados, según la misma fuente y corroboran otras también presentes en la negociación. Calcular el coste de esta medida es mucho más complicado porque depende de la base de cotización y la jornada de cada trabajador afectado.
Además del texto, lo que falta ahora es el visto bueno del Ministerio de Hacienda. En el departamento que dirige María Jesús Montero admiten que están al tanto de estas negociaciones y de la proximidad del pacto. No obstante, subrayan que todavía no ha llegado el momento de que este departamento entre en escena.
Desde el lado sindical, los negociadores de ambas centrales (CC OO y UGT) reconocen que en esta ocasión no han tenido discrepancia alguna con las patronales CEOE y Cepyme. Es más, destacan que los empresarios han apoyado su reivindicación, aunque también es cierto que, como suele suceder en este tipo de negociaciones, los empresarios han mantenido un perfil más bajo que en conversaciones de otro tipo y son los sindicatos los que se fajan más.
No obstante, el planteamiento de la ayuda concuerda con lo que la patronal ha esgrimido desde que se inició la pandemia. CEOE ha defendido dar ayudas masivas para apoyar a las empresas y mantener el empleo y las rentas este año. Y esta ayuda excepcional encaja en ese argumento ya que será un gasto extraordinario que no se convertiría en estructural.
Con esta medida se da un paso más en ese “escudo social”. Con la excepción del ingreso mínimo vital, las que se habían adoptado hasta ahora estaban destinadas a quienes se han visto afectados muy directamente por las consecuencias de la pandemia: los ERTE, los trabajadores que hubieran perdido el empleo durante estos meses y los autónomos que se han visto forzados a detener su actividad y, en consecuencia, se quedaban sin ingresos. Este subsidio protegería, además, a víctimas laborales indirectas de la covid-19.
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