El Gobierno talibán ha ejecutado este miércoles públicamente a Tajmir, un hombre acusado de asesinato, en la provincia occidental afgana de Farah, según informó la agencia Reuters. Es la primera vez que el régimen ajusticia a un reo de forma pública y oficial desde que el grupo volviera al poder en Afganistán, el 15 de agosto de 2021. Tajmir estaba acusado de asesinar a un hombre y robar su motocicleta y teléfono móvil, en 2017. El condenado ha sido ejecutado por el padre de la víctima, quien disparó tres veces contra él con un Kaláshnikov, según informó el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.
Las autoridades afganas alegaron que el caso de Tajmir fue examinado a fondo por diferentes instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo, antes de que su líder supremo, Hibatullah Akhundzada, ratificara la sentencia.
El portavoz talibán informó de que a la ejecución asistieron más de una docena de altos funcionarios, incluido el ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, y el viceprimer ministro, Abdul Ghani Baradar, así como el presidente del Tribunal Supremo del país, el responsable de Relaciones Exteriores y el de Educación.
Cuando regresaron al poder en verano de 2021, los talibanes afirmaron que serían más flexibles en la aplicación de la sharía, o ley islámica, pero el paso del tiempo solo ha confirmado el regreso a las prácticas comunes de su control del país en la década de 1990, con una interpretación ultrarigurosa del islam que prevé la pena de muerte y castigos físicos en público, y ha anulado los derechos de las mujeres, expulsadas de nuevo de la educación y el mercado laboral, obligadas a llevar burka o hiyab y a salir acompañadas de un hombre de la familia.
La ONU ha subrayado en su cuenta de Twitter que “se opone firmemente a la pena de muerte en cualquier circunstancia y pide a las autoridades de facto que establezcan una moratoria inmediata con vistas a abolirla”.
Akhundzada se reunió en noviembre con los jueces y les dijo que debían imponer castigos acordes con la interpretación más radical de la ley islámica o sharía, incluidas ejecuciones públicas, lapidaciones, flagelaciones y amputaciones de miembros en el caso de los ladrones.
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Karim Pakzad, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, explicó a la Agencia France Presse: “Con este aviso formal para aplicar lo que está escrito, Hibatullah Akhundzada recuerda que la única ley en la tierra es la de Dios y que los hombres no tienen que interpretarla”.
La Corte Suprema del país ha anunciado que desde que se reunió el líder supremo con los jueces se han producido latigazos públicos a hombres y mujeres acusados de delitos como robo y adulterio en varias provincias.
La denuncia de este tipo de castigos circula desde hace más de un año en las redes sociales, donde los usuarios publican vídeos y fotos de combatientes talibanes azotando a personas en la calle. También hay informes de flagelaciones por adulterio en áreas rurales después de las oraciones del viernes, pero la verificación de estos casos resulta difícil, señala AFP. Un portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU llamó el mes pasado a las autoridades talibanas a poner fin de inmediato al uso de flagelaciones públicas en el país.
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