Tres días antes de su esperada comparecencia en la comisión Kitchen, José Manuel Villarejo sale a pie de la Audiencia Nacional. Sin cámaras y periodistas que lo persigan, camina tranquilo por la calle junto a su abogado. Acaba de firmar la comparecencia semanal que se le impuso como medida preventiva para evitar su fuga, según explican fuentes de su entorno. Su mundo ha dado un giro drástico en solo dos meses y medio. Desde noviembre de 2017 y hasta el pasado 2 de marzo, el comisario jubilado pasaba las horas entre rejas, con las comunicaciones intervenidas. Desde el 3 de marzo, cuando sale de prisión, se mueve con libertad y dedica parte de su tiempo a estudiar un sumario que lo sitúa a él como epicentro de una macrotrama de corrupción que incluye la operación para espiar sin control al extesorero Luis Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle papales comprometedores para altos cargos del PP.
El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, abrió la investigación el 7 de noviembre de 2018: la pieza número 7 del caso Villarejol. El día 2 se lo había solicitado la Fiscalía tras recibir un informe de más de 300 páginas de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional donde detallaban la gran cantidad de audios y documentos intervenidos a la trama que evidenciaban la existencia del despliegue urdido en el Ministerio del Interior. Dos años y medio después, las pesquisas dejan ya 13 imputados: Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; diez policías —cuatro inspectores jefe; cuatro comisarios condecorados; el jefe del cuerpo con el Gobierno de Mariano Rajoy, Eugenio Pino; el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que ingresó en la policía después de participar en Kitchen—. El falso cura que asaltó la casa del extesorero y secuestró a su familia fue desimputado tras no poder tomarle declaración por los problemas mentales que padece.
Las miles de páginas del sumario de la Operación Kitchen —que investiga delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal— señalan también a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Los fiscales pidieron el pasado año su imputación, que el juez rechazó en un primer momento y que ahora vuelve a estar sobre la mesa tras las nuevas averiguaciones del caso, donde se acumulan los testimonios de los protagonistas que apuntan a las cúpulas de Interior y del PP. Estas son algunas de las declaraciones clave:
Martínez señala al exministro
El ex secretario de Estado de Seguridad, que admitió que conocía la existencia de la operación de espionaje a Bárcenas aunque afirmó que creía que todo era legal, aseguró que el exministro estaba también al tanto. Así lo repitió durante el tenso careo que mantuvieron ambos ante el juez: “Yo lo único que [hice] fue informarme sobre algo que tú, [en referencia a Jorge Fernández Díaz], me habías pedido […] Me llamabas los viernes, los sábados, los domingos… Por la mañana, por la tarde, por la noche… Y me parece normal. A veces un poco insistente, tú también lo reconocías, pero me parece normal […] Yo era tu mano derecha, tu persona de confianza y a mucha honra”.
García Castaño y la captación del chófer
El comisario Enrique García Castaño, El Gordo, fue el primero que se acercó a Sergio Ríos para tratar de captarle. Fracasó en el intento. Pero, según contó, la trama consiguió su objetivo gracias a la irrupción en escena de Andrés Gómez Gordo, entonces inspector jefe y asesor de Cospedal: “Comienza el tema con la figura del conductor. Me acerco al conductor, le ofrezco que trabaje por el bien del Estado y que me dé información. Me pregunta qué tipo de información y le digo que su jefe, Bárcenas, estaba investigado por corrupción y hay… Pero, como ya dije, el conductor no quiso saber nada de mí. Yo le doy un teléfono y al día siguiente me llama por teléfono Gómez Gordo, y me pregunta ‘quién eres tú’. Y me encuentro que aparece en la dirección adjunta de la Policía un señor que está fuera de la policía y que trae de la mano al conductor. Y dice: ‘Este está dispuesto a colaborar, a dar información, pero solamente trabaja conmigo”.
Sergio Ríos detalla los encuentros
Tras la intermediación de Gómez Gordo, entra en escena Villarejo, que asume la interlocución con el chófer. Así lo resumió Ríos al juez: “En un principio no me propone nada y me dice que continúe el trabajo. Me dijo: ‘Tú no te preocupes, tienes que quedarte, tienes que echarnos una mano. Estás pegado a él. Es importante’. Y yo le pregunté: ‘¿En qué yo puedo ayudar?’. Y me dijo: ‘Mira, lo principal que te voy a pedir es que no obstaculices’, entiendo que en los seguimientos y tal. ‘Y yo te pediría que colabores de otra manera: todo lo que veas y nos puedas ir diciendo, te lo vamos a agradecer. Con quién se reúne, a dónde vais, si escuchas algo en el coche, si sabes tú algo de más…”.
Pino reconoce el uso de fondos reservados
Eugenio Pino admitió al juez que se pagó con fondos reservados al chófer. El jefe de la Policía con el Gobierno de Rajoy también explicó que él mismo puso fin a la operación, aunque defiende que el objetivo de la misma era encontrar las cuentas en Suiza de Bárcenas y otros dirigentes del PP para ponerlas a disposición del juez: “A mí me pidieron fondos… El señor [Sergio] Ríos Esgueva trabajó un tiempo sin recibir fondos. Pero de la noche a la mañana, parece ser, se quedó sin trabajo. Y pretendían los controladores, que siguiera informando, se pidió una ayuda para que siguiera sin necesidad de que tuviera que dejar el trabajo”. “La iniciativa de seguir [al entorno de Bárcenas] fue del inspector Gómez Gordo”. “Sí, di la orden de finalizar [la operación Kitchen]. Antes lo consulté con el secretario de Estado de Seguridad. Le dije: ‘Esto no pinta bien, vamos a cortar”.
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