Baja la espuma alrededor del caso Ayotzinapa en México y empiezan a aflorar los análisis de lo sucedido en los últimos días, una catarata de novedades dominada por la detención, el viernes, del exfiscal Jesús Murillo Karam. Este sábado, el primer investigador del ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala, en 2014, ha comparecido ante el juez. En una audiencia larga, la Fiscalía ha presentado las acusaciones en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
La duda ahora es si el juez procesará a Murillo o no y, en caso de que así sea, si ordenará su ingreso en prisión mientras aguarda el juicio. De acuerdo a la ley, los procesados por desaparición forzada deben esperar la apertura de juicio en el reclusorio, salvo que la Fiscalía diga lo contrario. La agencia investigadora podría pedir cárcel preventiva también por los otros delitos, si alega, por ejemplo, que hay riesgo de que el acusado se fugue.
El miedo de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa y de parte de la opinión pública es que la Fiscalía falle en el proceso y no logre doblegar a Murillo. Los casos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, o la propia Rosario Robles, exsecretaria de Estado, presentados como orquestadores de corruptelas pasadas, parecen deshacerse en manos de la agencia investigadora. Este mismo viernes, mientras Murillo estaba en la Fiscalía, Robles recuperaba la libertad después de tres años. La acusación contra ella se mantiene, pero seguirá su proceso en libertad.
En la audiencia contra Murillo, según medios presentes en el juzgado, caso de Animal Político o Reforma, la Fiscalía ha acusado al exfiscal de permitir que se torturara a detenidos para construir un relato, la célebre “verdad histórica”, término que él mismo usó al presentar su tesis del caso, a principios de 2015. Según los fiscales, Murillo y sus funcionarios inventaron una historia que planteaba la muerte de los estudiantes, su quema en un basurero y el despojo de sus restos en un río, para contener el hartazgo de la sociedad.
Durante la presentación de las acusaciones, los representantes de la Fiscalía han explicado el presunto origen de la “verdad histórica”, según los medios citados arriba. Los fiscales han señalado que fue una reunión celebrada el 7 de octubre de 2014, en Iguala, dos días después de que la vieja Fiscalía asumiera el caso. Allí estuvo Murillo, además de su operador en el terreno, Tomás Zerón, y otros representantes de la vieja Fiscalía. También acudió el jefe de la Policía Federal en Guerrero entonces, Omar García Harfuch, actual jefe de policía de Ciudad de México. García Harfuch siempre ha dicho que para cuando ocurrió el ataque, sus jefes le habían encomendado tareas en otra región.
Mientras todo esto ocurre, el país vive la resaca de los últimos días. El viernes, México atendía atónito a la detención de Murillo, impactado todavía por las conclusiones del informe de la comisión gubernamental que investiga el caso. En la tarde del jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, responsable de la comisión, había cambiado finalmente la versión oficial del ataque contra los estudiantes. Encinas calificó la desaparición de los 43, el asedio de criminales y policías a los estudiantes, la omisión de autoridades como el Ejército, y el intento posterior de los investigadores de ocultar lo ocurrido, como crimen de Estado.
Concluía así el trayecto de la “verdad histórica”, herida de muerte desde hacía años, señalada como un burdo montaje por los actuales investigadores. Según Encinas y la unidad de la Fiscalía que investiga el caso, los 43 no murieron asesinados en el basurero de Cocula, como dijo Murillo. De hecho, nunca estuvieron juntos allí. El grupo criminal que perpetró el ataque junto a autoridades, Guerreros Unidos, no quemó allí sus cuerpos. Tampoco arrojó sus restos al río San Juan, como detalló el exfiscal. Encinas dio a los estudiantes por muertos, hecho notorio: ningún alto funcionario del Estado había hecho tal cosa en público, de manera oficial.
Las familias no quisieron contestar el jueves. Pidieron un tiempo para reflexionar sobre lo que habían escuchado. Nada en el discurso de Encinas hacía pensar que lo que ocurriría en la tarde siguiente era posible, la detención de Murillo. Menos aún que ya entrada la noche del viernes, la Fiscalía informaría de las órdenes de captura contra 20 mandos militares y elementos de tropa, además de 44 policías, 14 presuntos integrantes de Guerreros Unidos y cinco “autoridades administrativas y judiciales” del Estado de Guerrero.
La investigación parece cobrar así nueva vida, después de meses de frustración con las autoridades. Animadas por el hallazgo de restos de dos de los 43 en 2020 y 2021, en un escenario distinto al que había planteado Murillo, la barranca de la Carnicería, las familias de los 43 exigían que los responsables de la primera etapa de las pesquisas fueran llevados ante la justicia. En México, muchos tenían en mente al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, huido desde hace años, refugiado en Israel. La actual administración de la Fiscalía le acusa de los mismos delitos que a Murillo, además de otros financieros.
Las dificultades para traer de vuelta a Zerón, pese a la visita del propio Encinas a Israel y el ofrecimiento de ventajas procesales, desanimaban a las familias. Zerón se negaba a volver y no había noticias de la investigación contra Murillo. A diferencia del primero, la Fiscalía no había informado de que había pedido la detención del exfiscal, menos de que el juez había accedido. Ante las noticias de la captura del antiguo procurador, los familiares y sus abogados publicaron un escueto comunicado: “El proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento”.
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