Las protestas contra el Gobierno de Cuba del pasado 11 de julio, las mayores ocurridas en la isla en 62 años de la revolución, han llevado a encausar a 790 personas. Son datos oficiales que ofrecen por primera vez las autoridades cubanas sobre el número de detenidos y los procesos en curso. Según la Fiscalía General, hay abiertos 117 expedientes contra 790 personas (el 69% de ellas en prisión provisional desde julio). De ellos, 55 son adolescentes de entre 16 y 18 años y otros 60 jóvenes de entre 19 y 20 años. Las acusaciones son diversas, y van desde desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y daños, en los casos más leves, hasta delitos como robo con fuerza y violencia, atentado, sabotaje e incluso sedición, sancionados con penas de hasta 30 años de privación de libertad, algo que ha sido muy criticado por diversas ONG y los familiares de los procesados.
Según la versión de la Fiscalía, los manifestantes del 11-J “atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista (…) en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos” en un intento de “destruir la Revolución”.
Sobre el delito de sedición, el que contempla penas más duras, que ha sido incluso cuestionado por figuras cercanas al Gobierno, las autoridades defienden que se “corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.
Hasta el martes se habían celebrado en la isla 84 juicios, en 44 de los cuales los tribunales ya dictaron sentencia, resultando sancionadas 172 personas. La Fiscalía no ha informado de las penas impuestas. Organizaciones anticastristas y la ONG Cubalex aseguran que al menos medio centenar de personas han sido condenadas a penas superiores a los 20 años de cárcel por sedición, y elevan el número de detenidos durante las protestas a más de un millar. En el caso de los menores de edad, las autoridades confirmaron que durante las protestas fueron detenidos 27 menores de 16 años, 10 de los cuales fueron ingresados en reformatorios. En Cuba la mayoría de edad es a los 18 años, pero desde los 16 se tiene responsabilidad penal (si bien con sanciones más atenuadas).
Las autoridades salieron al paso a las crecientes críticas por el procesamiento de adolescentes y acusaron a EE UU de fomentar una campaña contra Cuba por violar los derechos humanos. “Informe de ChildDefender señala que en 2019 cerca de 700.000 niños fueron arrestados y 3.371 asesinados con armas de fuego en EE UU. Por su parte, la aplicación de políticas antiinmigrantes provocó, entre abril y junio de 2018, la separación de 4.500 niños de sus padres”, contraatacó el Canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter.
Este miércoles, en el tribunal provincial de San José, provincia de Mayabeque, se desarrollaba un nuevo juicio contra siete vecinos del pueblo de Bejucal. En esa localidad, situada a 30 kilómetros de La Habana, el 11 de julio una multitud salió a las calles y se manifestó frente a diversas sedes oficiales gritando consignas contra el Gobierno y el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, produciéndose en algunos momentos incidentes y rotura de vidrieras. Hay siete procesados, a los que se piden penas de entre 5 y 12 años de cárcel. Entre ellos está el estudiante de música Abel Lescay, que ha tenido notable repercusión mediática y a quien la Fiscalía pide una sanción de siete años de privación de libertad. Está acusado de desorden público y desacato continuado. Él asegura que no cometió ningún hecho violento. La única prueba que se ha conocido en su contra un vídeo en el que se ve que insulta a la policía. “La fiscalía me pide 7 años por llamarle a un policía maricón”, aseguró Lescay.
En el acta de la petición fiscal, suministrada por los familiares de los procesados, se describe así lo sucedido ese día en Bejucal: aproximadamente a las 2 de la tarde del 11-J, “aprovechando la compleja situación existente en el país relacionada con la pandemia”, los acusados se sumaron “a un numeroso grupo de personas que habían sido convocadas por las redes sociales para manifestarse en contra del orden constitucional establecido en el país, junto a las cuales recorrieron diversas calles del poblado, por las que obstruyeron el tránsito vehicular de algunas vías mientras vociferaban consignas y frases, entre las que se encontraba una que rezaba ‘Diaz-Canel, singao’, dirigida a ofender a la figura del Presidente de la República”. Prosigue el informe fiscal describiendo el recorrido que hicieron por el pueblo hasta llegar a una tienda de moneda en divisas y una farmacia, que fue apedreada, “causando una afectación económica de 1.400 CUP [pesos cubanos, equivalentes a 50 euros o 56 dólares al cambio oficial]”. De Lescay se dice que “además de vociferar su desacuerdo con el régimen social cubano, se enfrentó al Jefe de la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, Daniel Vázquez, al que llamó ‘maricón y mama pinga”.
El caso de Lescay, que ha recibido el respaldo de su Universidad, es considerado por un destacado académico cubano “un ejemplo de las sanciones desmedidas y ejemplarizantes con las que el Gobierno quiere lanzar un mensaje claro de que no serán toleradas más protestas”. No obstante, señala, “EE UU manipula todo lo que ocurre en Cuba, y eso no ayuda”, y pone como ejemplo la nota publicada por la embajada de EE UU en Cuba el 22 de enero: “Los padres de los jóvenes manifestantes del 11-J temían por sus hijos que se unieron a las protestas pidiendo un futuro mejor. Ahora el régimen acosa vergonzosamente a familias preocupadas y procesa a sus hijos”, acusa Washington. La respuesta cubana, a través del canciller Bruno Rodríguez, no se hizo esperar: “EE UU conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados. Miente para empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales”.
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