La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el jueves en Bruselas.OLIVIER HOSLET (EFE)
La Unión Europea sigue buscando fórmulas para detener la migración irregular en su territorio. Las largas y tensas horas de negociaciones que los 27 jefes de Estado y de Gobierno mantuvieron hasta bien entrada la madrugada del viernes en Bruselas demuestran, una vez más, que no es fácil. En un acuerdo de mínimos, los líderes europeos han decidido, no obstante, la movilización de “fondos europeos sustanciales” para reforzar las fronteras de los Estados miembros más afectados por los flujos migratorios, que han aumentado significativamente en los últimos meses por la denominada ruta de los Balcanes Occidentales.
Los Veintisiete “llaman a la Comisión [Europea] a movilizar de inmediato fondos europeos sustanciales y medios para apoyar a los Estados miembros en el refuerzo de sus capacidades de protección de las fronteras e infraestructura”, señalan las conclusiones adoptadas tras una jornada interminable de cumbre informal en la capital belga.
En un tema altamente “ideologizado”, como habían reconocido diversas fuentes diplomáticas en vísperas de la cita, cada palabra contaba. Y las discusiones habían acabado concentrándose en una cuestión por la que, en principio, Bruselas quería pasar de puntillas: la posibilidad de usar fondos europeos para construir muros o vallas que impidan en zonas como en la frontera búlgara el ingreso desde Turquía de migrantes irregulares a territorio europeo. Mientras el canciller austriaco, Karl Nehhammer, llegó a amenazar en vísperas del encuentro con bloquear las conclusiones si no se hablaba claramente de esto, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, enunciaba a su llegada a Bruselas la idea que comparten no pocos países europeos: “Sería una vergüenza que se construya un muro en Europa con estrellas europeas encima”. Al utilizar el término neutro de “infraestructura”, se deja un espacio muy amplio de interpretación que ha permitido a todos los gobiernos e instituciones dar su visto bueno final al documento y poder decir incluso que les da la razón.
En el fondo está la cuestión de cómo afrontar el debate migratorio: si es una amenaza que hay que contener, como sostienen gobiernos como el de la italiana Giorgia Meloni, o una oportunidad e incluso una necesidad ante una población europea cada vez más envejecida. “No hay que dar la impresión de que la migración es solo un problema para la UE, hay que decir que también ofrece oportunidades”, señalan los que apoyan esta segunda visión. En la cumbre de Bruselas, el pulso entre unos y otros, y entre los que como Países Bajos o Bélgica tienen grandes problemas de colapso de sistemas de acogida, fue fuerte y largo. El resultado fue un texto de objetivos no siempre definidos y fechas vagas para cumplirlos, aunque los llamamientos han sido numerosos a completar las negociaciones para el pacto migratorio y de asilo, en discusión desde hace más de dos años.
“Es muy importante que el Consejo haya reconocido claramente que la migración es un desafío europeo que requiere una respuesta europea”, afirmó, pese a todo, al término del encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien hasta ahora ha sido muy reticente a facilitar la financiación de muros o vallas —considera que los fondos europeos pueden costear otros recursos clave de la protección y vigilancia fronteriza y que los muros los pueden pagar los propios países que los quieran—. La jefa del Ejecutivo europeo ha adelantado que se trabajará en dos proyectos piloto, en Bulgaria y Rumania, que combinarán “financiación europea, bilateral y nacional” para buscar qué elementos mejoran la gestión fronteriza. La Comisión proporcionará “un paquete integrado de infraestructuras móviles y fijas, desde coches a cámaras, torres de vigilancia o vigilancia electrónica”, ha indicado.
En sus conclusiones, los líderes europeos piden también al Ejecutivo comunitario que financie medidas de los Estados miembros que “contribuyen directamente al control de las fronteras exteriores” de la UE, como proyectos piloto de gestión de fronteras, o el “refuerzo del control de fronteras en países clave para el tránsito de rutas hacia la UE”.
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Según Frontex, la agencia europea de fronteras —a la que los Veintisiete han acordado además reforzar su papel—, en 2022 se registraron hasta 330.000 entradas ilegales en la UE, la cifra más alta desde 2016 y un 64% más respecto a 2021. Pero los flujos son variables: mientras que las rutas tradicionales del Mediterráneo Occidental o la atlántica cayeron un 21%, la de los Balcanes Occidentales —que ha llevado a la postura extrema de Austria, su principal afectado— aumentó 136%, con más de 145.000 ingresos irregulares.
Al respecto, los países instan a la Comisión a priorizar la implementación de los planes de acción ya existentes para los Balcanes Occidentales y el Mediterráneo Central, y piden que presente, también como “prioridad”, sendos planes para las rutas del Atlántico y del Mediterráneo Occidental y Oriental.
Fracaso en los retornos
En lo que sí ha habido un amplio consenso desde el principio es en que están fracasando los intentos por retornar a aquellos a los que se ha denegado asilo: mientras que en 2021 hubo en toda la UE 340.515 órdenes de retorno, la cifra efectiva de ciudadanos devueltos a sus países de origen solo fue de 70.490, es decir, apenas el 21%. Por ello, los jefes de Estado y de Gobierno europeos han acordado permitir usar como moneda de cambio “todas las políticas europeas relevantes, instrumentos y herramientas, incluida la diplomacia, el desarrollo, comercio y visados, así como oportunidades para una migración legal”. Además, han decidido reconocer “mutuamente” las órdenes de retornos de los países, lo que acelerará los procedimientos de devolución.
“Sabemos que no hay una medida milagrosa” que resuelva la presión migratoria, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pero entre los Veintisiete hay conciencia de que la migración “es un tema común para la UE y debemos aportar una respuesta europea” y, a la espera de la negociación final del pacto migratorio, estas medidas “operacionales” deberían dar algunas primeras respuestas.
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