La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por la situación de violencia sistemática sufrida por el Pueblo Yanomami, en Brasil, especialmente las denuncias sobre crímenes en contra de niñas y niños indígenas; por ello, insta al Estado a proteger al pueblo Yanomami y a sus integrantes, con medidas efectivas, así como a investigar los hechos de forma pronta y eficaz.
El pasado 25 de abril, un grupo de garimpeiros (buscadores de oro) ilegales atacó la comunidad Yanomami de Aracaçá en la región de ikás, Roraima, en Brasil (zona con inmensa afectación por la explotación minera ilegal).
Como consecuencia de este hecho, una niña de 12 años habría sido violada y asesinada por los garampeiros; mientras que una mujer de 28 y su hijo de 3 años habrían sido secuestrados. La mujer logró escapar, sin embargo, el niño habría sido arrojado a un río y aún está en condición de desaparecido.
La Comisión reconoce que la Policía Federal abrió una investigación sobre este caso. Posteriormente, una delegación del Ministerio Público Federal, la Policía Federal, la Fundación Nacional Indígena (FUNAI) y la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) visitó la comunidad y constató que ésta fue incendiada y muchos de sus residentes se desplazaron a otra comunidad. No obstante, dichas instituciones manifestaron que no encontraron evidencia de los hechos denunciados.
“La FUNAI coordina las acciones de protección permanente en la Tierra Indígena Yanomami en Roraima. Las acciones son llevadas a cabo por el Frente de Protección Etnoambiental Yanomami Ye’Kwana y por las Bases de Protección Etnoambiental de la región”, comenta la Fundación en su cuenta de Twitter.
Por otra parte, unidades desconcentradas de la FUNAI brindan apoyo a la Policía Federal y equipos estatales desde el primer ataque a la comunidad indígena que tuvo lugar el 10 de mayo de 2021.
Además, una comisión de parlamentarios estaría realizando una visita a Roraima para monitorear el progreso de las investigaciones y entrevistarse con líderes y autoridades indígenas.
La CIDH declara que los hechos ocurren en un contexto en el que los campamentos mineros en el territorio Yanomami crecieron 3.25%, entre 2016 y 2020. Igualmente, en 2021, la minería ilegal avanzó 46% en comparación con 2020, según datos de la sociedad civil.
Foto: Reuters
El Pueblo Yanomami ha denunciado el incremento de la invasión de sus territorios y la CIDH se ha pronunciado sobre el tema en distintos informes, comunicados, además de otorgar medidas cautelares en preocupación a la supervivencia física y cultura de esos pueblos.
Uno de ellos es el informe “Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía” en el que la CIDH constató la sistemática invasión del territorio Yanomami a raíz de la minería ilegal y observó que los conflictos y violencia contra los Yanomami continuarán si no se implementan medidas de protección de su territorio y los mineros no sean expulsados de la zona.
“La presencia de la minería ilegal ha traído un aumento de casos de malaria y otros enfermedades infectocontagiosas, la contaminación por mercurio y el recrudecimiento de la violencia, y la violencia sexual perpetrada por los grimpeiros contra mujeres y niñas Yanomami”.
La CIDH advierte que las vulneraciones a los derechos de niñas y mujeres indígenas no solo les impacta a ellas individualmente, sino también afectan negativamente a sus pueblos de origen con graves quiebres en el tejido social y el aumento de la sensación de indefensión e impunidad.
Foto: Reuters
La Comisión hace un llamado al Estado de Brasil para cumplir con su deber integral de proteger la vida, la integridad personal y las tierras, territorios y los recursos naturales del pueblo Yanomami; así como investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los actos de violencia.
Adicionalmente, insta a las autoridades a realizar la investigación bajo una perspectiva intercultural y de género priorizando un enfoque de protección integral para mujeres, niñas y adolescentes, en situación de intersección de dos o más factores de discriminación.
Por último, resalta que la impunidad de estos delitos envía el mensaje de que esta violencia es tolerada, lo que favorece su perpetración.
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