Emilio Lozoya ha empezado a tirar de la manta. El exdirector de Pemex, imputado por corrupción en el caso Odebrecht, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que acusa explícitamente al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y al expresidente Enrique Peña Nieto de ser los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña. Al menos 100 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares) habrían ido a parar a la campaña electoral del PRI en 2012. Mientras que otros 400 (18 millones de dólares) fueron destinados para comprar votos de congresistas, según ha anunciado este jueves el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
El caso Lozoya avanza así por los cauces previstos después de confirmarse su disposición a colaborar como una suerte de testigo protegido a cambio de beneficios o rebajas en sus cargos y los de su familia. El exdirectivo está imputado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados de los sobornos millonarios tanto de Odebrecht como de la siderúrgica mexicana Altos Hornos. Su madre, su hermana y su esposa también son investigadas por la trama de corrupción.
Tras las dos primeras vistas ante el juez hace dos semanas, la defensa ha seguido negociando con la Fiscalía la continuación del acuerdo de colaboración, según el cual el exdirector de la petrolera estatal debe aportar datos y nombres suficientes como para poder procesar a sus superiores, es decir, la cúpula del Gobierno de Enrique Peña Nieto. La estrategia de sus abogados, plasmada en las dos primeras audiencias, fue presentar a Lozoya como una víctima, alguien que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” por un “aparato organizado de poder”.
La tesis de apuntar a lo más alto se confirma con las acusaciones anunciadas este martes por el fiscal general, quien detalló que Lozoya denunció que “hubo una serie de sobornos que pasan de los 100 millones de pesos que fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y que el que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que este individuo (Lozoya) señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores extranjeros que colaboraron la campaña”.
El hipotético enjuiciamiento de la cúpula del Gobierno del PRI por estos delitos cuenta en todo caso con un escollo importante. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) determinó en mayo la prescripción de la acción penal por el supuesto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Hace tres años, cuando saltaron las primeras delaciones de los directivos de Odebrecht acusando a Lozoya, que era en aquel momento el coordinador del área internacional de la campaña, de recibir dinero para la contienda electoral, el PRD, izquierda mexicana, presentó una primera denuncia ante la Fepade. El fiscal Valdemar Gonzalez la desestimó al considerar que se había cumplido el plazo de prescripción de cinco años.
Las denuncias de Lozoya, en todo caso, superan el ámbito de la campaña electoral. El exdirector de Pemex acusa de nuevo a Peña Nieto y Videgaray de utilizar más 400 millones de pesos en corromper legisladores y comprar votos ya durante el curso del sexenio priista. “En ese caso se habla de 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores”, dijo Gertz Manero. El fiscal habla también de otra partida de 84 millones de pesos que fue entregada “a varios legisladores, a un secretario de finanzas de un partido político y también más de 200 millones de pesos para dirigirlos a la aprobación de las reformas estructurales”. El llamado Pacto por México fue la gran bandera del Gobierno de Peña Nieto. Un paquete de reformas constitucionales que abarcó diversos sectores y que salió adelante gracias al voto de la mayoría de fuerzas parlamentarias de entonces.
Los detalles conocidos este martes van en sintonía tanto con las múltiples filtraciones que se han sucedido desde el principio del caso, como de la información que iba haciendo pública el presidente López Obrador durante sus mañaneras. Los nombres que más han sonado durante estas semanas entre los acusados de recibir presuntamente sobornos a cambio de votar a favor, entre otras leyes, de la reforma energética de 2013, son Ricardo Anaya, entonces diputado federal por el PAN, y otros cinco senadores panistas: Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Francisco García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle Maury. El fiscal general mexicano confirmó también que ya ha abierto una carpeta de investigación al respecto y que Lozoya ha entregado como pruebas recibos, un vídeo y ha señalado a cuatro testigos.
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