Luchar contra las falsificaciones: un pacto con la sostenibilidad

La crisis del coronavirus ha sido una demostración práctica del inmenso valor social que puede llegar a tener la inversión en investigación y desarrollo. Al mismo tiempo, ha acentuado la reflexión sobre el modelo de crecimiento de las sociedades occidentales y su efecto en la sostenibilidad. En un escenario moderadamente optimista, en solo unos meses podremos recordar la pandemia en pasado, y será gracias al trabajo de investigadores y científicos.

Pero las políticas de ­I+D+i, protagonizadas por el sector público y privado, van mucho más allá del caso extremo del Covid-19. Desde las pequeñas soluciones técnicas (como un sencillo cinturón de seguridad de un coche) hasta los grandes avances biomédicos (como la vacuna contra un virus que ha provocado una pandemia mundial), es una tarea global y constante, que mejora procesos productivos, productos y servicios, y facilita la vida de millones de personas. Así lo han valorado los cuatro invitados al encuentro digital organizado por CincoDías y HP bajo el título Inversión en I+D y patentes: un compromiso con la sostenibilidad.

“El proceso de patentes está intrínsecamente relacionado con la sostenibilidad tecnológica”, explica José Antonio Gil Celedonio, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas. “La innovación tiene que ser sostenible y tiene que estar protegida porque el hecho de proteger una invención no solo genera un retorno hacia la sociedad porque incorpora una innovación al mercado, sino porque esa tecnología queda reflejada en los documentos de patentes que se liberan después de 20 años, el desarrollo científico es acumulativo”, abunda Gil. “Cualquier invención aparentemente pequeña en muchas ocasiones es definitiva, por ello es susceptible de ser protegida porque puede servir de base para invenciones futuras que pueden mejorar la vida y la economía”, añade el experto en patentes.

Por su parte, Inés Bermejo, responsable de negocio de impresión del sur de Europa de HP, coincide. “En el área de impresión, pequeñas innovaciones en cartuchos y en la propia impresora suponen un salto de gigante en cuanto al consumo energético, a la eficiencia o a la velocidad de impresión”. Bermejo considera que no hay “innovación pequeña”. “El objetivo es poner la tecnología al servicio de la innovación y de la protección de la innovación para asegurar que somos capaces de proteger cualquier innovación que suponga un salto de gigante a futuro”, remacha.

El mecanismo de innovación no funciona solo. Necesita inversión y tiempo, y un marco social y regulatorio que tenga en cuenta el valor social de la innovación y proteja, en su justa medida, las patentes. Estas condiciones no siempre se cumplen, lo que da lugar al lado oscuro de la innovación: las imitaciones o falsificaciones. Luchar contra ellas es más que una cuestión comercial y legal; también atañe a la sostenibilidad.

Comercio electrónico

Según valora la responsable de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), para combatir las copias se necesita atajar su venta online. “El consumidor que encuentra productos falsos que se venden en grandes plataformas digitales puede llegar a pensar que se trata de un objeto original”, argumenta Ileana Izverniceanu, directora de comunicación y relaciones institucionales de la OCU. En la actualidad, existen dos directivas para luchar contra las falsificaciones en internet que están siendo revisadas por el Consejo Económico Europeo; se trata de la Digital Services Act y la Digital Market Act. “Los nuevos dictámenes para este paquete legislativo responsabilizan a las plataformas y las obligan a perseguir estas imitaciones”, expone Izverniceanu.

Bermejo ahonda aún más. “La regulación del comercio electrónico es insuficiente”, sentencia. Según la directiva de HP, la norma vigente ha llevado a los Estados miembros a regular de forma fragmentada y a proteger desigualmente a los ciudadanos. “En la venta online nos encontramos en las mismas condiciones un artículo que tiene i+D, una patente y una inversión junto a falsificaciones que, a veces, se benefician de la información de los productos genuinos de las marcas”, explica Bermejo. La esperanza, por tanto, está en fortalecer las leyes de Bruselas que regulan el comercio electrónico para que promuevan una venta online responsable y legal. “Hoy por hoy es uno de los mayores problemas: el consumidor ve dos productos iguales con precios distintos y lo percibe como un sobreprecio”, enfatiza.

Gil sugiere que proteger lo que se compra online es mucho más arduo que defender productos físicos. “Es muy difícil luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual industrial en el ámbito electrónico. Copiar lo que se hizo para proteger los derechos de autor es imposible ahora porque la estructura logística es diferente”, indica. Es, por tanto, labor de la Unión Europea en colaboración con las Administraciones públicas el trabajo de retirar contenido digital asociado a un producto falsificado. “Los retos regulatorios del futuro están en la venta online”, sostiene.

Concienciar

Estos artículos no solo infringen derechos de propiedad intelectual como marcas y patentes, sino que tampoco cumplen con los más mínimos estándares en materia medioambiental, social o de seguridad. “Muchos consumidores están comprando estos objetos falsos por error, ya que uno de los parámetros de compra que el cliente tiene ahora muy en cuenta es su sostenibilidad. No quieren productos falsos que utilizan la sostenibilidad como bálsamo publicitario, como el greenwashing, quieren productos reales con su patente, que pagan sus impuestos en nuestro país y que dan una seguridad al consumidor”, abunda Izverniceanu.

Para Gil, los problemas no son tanto de regulación como de ejecución de la legislación actual. “Los consumidores deben ser conscientes de los peligros que conlleva comprar artículos falsificados”, indica. “Es un problema de oferta y demanda, la labor por tanto es doble: luchar contra la venta ilegal y concienciar a los consumidores”. La directora de la OCU coincide: “Los productos falsos hacen un daño tremendo contra nuestro país, porque están vinculados a otros delitos y porque destruyen puestos de trabajo. Además, la concienciación pasa por transmitir que cuando el consumidor compra un producto de imitación pierde todos sus derechos, es tirar el dinero a la papelera”, afirma Izverniceanu.

“Tenemos una responsabilidad de educar y compartir más información desde el punto de vista privado y público para que el consumidor tenga toda la información suficiente para tomar la mejor decisión”, asegura Bermejo. Izverniceanu coincide. “Ahora mismo comprar un producto de imitación no está estigmatizado, por eso es tan importante desarrollar campañas de publicidad y concienciación”, insiste la directora de comunicación de la OCU.

El director legal para España y cluster lead para España, Italia y Portugal en Pfizer, Alfonso Gallego, va un paso más allá. “La conciencia no existe en España”, asevera. “No estamos al nivel de otras sociedades donde existe un autocastigo, donde hay personas que saben que comprar una falsificación acaba afectando a todo el sistema económico y social”, opina Gallego. “Si no hay protección, deja de haber innovación”, insiste el experto.

La campaña de vacunación contra el Covid-19 se ha desarrollado en tiempo récord en cuanto a investigación y fabricación. Sin embargo, Gallego no se muestra tan optimista. “No creo que el modelo cambie por la pandemia, las aguas volverán a su cauce y la gente volverá a comprar falsificaciones”, sentencia. Una idea de la que Gil discrepa.

El director de la Oficina de Patentes y Marcas opina que España cuenta con indicadores objetivos: es uno de los países con un mayor índice de descubrimientos y publicaciones científicas en el mundo. “Lo que nos falta es transitar hacia un sistema en el que la ciencia se incorpore al mercado a través del proceso de transferencia del conocimiento. Tenemos a nuestro alrededor países innovadores que protegen sus resultados de innovación como Alemania, Países Bajos o los países escandinavos”, indica. Según Gil, nuestra asignatura pendiente es la protección de la tecnología mediante patentes. “En definitiva, se trata de proteger la tecnología nacional para fomentar su exportación. En el saldo económico de un país es siempre mucho mejor ser exportador de tecnología que importador”, puntualiza.

Gallego subraya que las firmas innovadoras son beneficiosas porque crean externalidades positivas para nuestra economía. “Eso se ve en los datos, las ­empresas que utilizan de manera intensiva de derechos de propiedad industrial son más productivas, pagan mejores salarios y aguantan mejor las crisis cuando llegan”, afirma el experto y añade un dato halagüeño: “Por primera vez desde hace más de diez años el número de patentes nacionales en España ha crecido en el año 2020”.

Según Gallego, la razón podría ser el impulso que se le ha dado a la ciencia y a la tecnología como modo de salvaguardar el modelo social y económico. “La oportunidad que supone los fondos europeos nos marca un horizonte de seis o siete años que permitirán transformar la economía española en un modelo más productivo, más intensivo en derechos de propiedad industrial, en los que tengamos más patentes y una posición exportadora mayor que se puedan combinar con otras fortalezas tradicionales de la economía española como su sector servicios, comercial o turístico”, declara.

Alfonso Gallego

(Director Legal para España y ‘Cluster Lead’ para España, Italia y Portugal en Pfizer)

“Las empresas que utilizan de manera intensiva los derechos de propiedad industrial son más productivas, pagan mejores salarios y aguantan mejor las crisis”.

Inés Bermejo

(Responsable de negocio de Impresión del sur de Europa de HP)

“La pandemia ha ayudado a concienciar sobre los riesgos de las imitaciones sobre la salud, la seguridad o el medioambiente de los consumidores”.

José Antonio Gil Celedonio

(Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas)

“Cualquier invención es definitiva, por ello es susceptible de ser protegida, porque puede servir de base para invenciones futuras que pueden mejorar la vida y la economía”.

Ileana Izverniceanu

(Directora de Comunicación y relaciones institucionales de la OCU)

“La concienciación pasa por transmitir que cuando el consumidor compra un producto de imitación pierde todos sus derechos, es tirar el dinero a la papelera”.