Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechados el 20 y 28 de marzo de 2011 revelan que los comandantes de la Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila y de la Guarnición de Piedras Negras, entonces bajo el mando del actual titular de la dependencia, general Luis Cresencio Sandoval, fueron informados de los secuestros y asesinados masivos cometidos por los Zetas en el municipio de Allende el 18 de marzo de aquel año.
Así lo dio a conocer este fin de semana el semanario Proceso en un reportaje firmado por Juan Alberto Cedillo, en el que señala que los hechos en los que murieron más de 300 personas fueron reportados por familiares de las víctimas al 14 Regimiento de Caballería, con sede en Múzquiz, que a su vez los notificó tanto a la Zona Militar como a la Guarnición de Piedras Negras. No obstante, “pese a la gravedad de los sucesos, los militares no actuaron y, al igual que los gobiernos estatal y federal, guardaron silencio”.
La documentación fue obtenida por la organización National Security Archive (NSA) con sede en Washington, que se dedica a la desclasificación de archivos de seguridad en el mundo, particularmente en Estados Unidos.
El semanario señala que los documentos dan cuenta de las denuncias recibidas por el 14 Regimiento de Caballería con sede en Múzquiz, que las envío a la Zona Militar bajo el mando del general Dagoberto Espinosa Rodríguez, quien actualmente es director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM). También las envió a la Guarnición de Piedras Negras a cargo del general Luis Cresencio Sandoval.
Así, un documento del 20 de marzo de 2011 señala que el día 18 se presentó una persona a denunciar el secuestro de sus familiares, aunque al día siguiente la familia recibió una comunicación telefónica en la que les informó que estaban en custodia de la Policía Municipal, sin que volvieran a tener comunicación con ellos. Además, en el domicilio “se encontraban personas armadas, procediendo a informar a la Comandancia 14 RCM autorizando a acudir a la citada denuncia”.
Tres unidades del Ejército salieron a verificar la denuncia y a su regreso reportaron “la existencia de viviendas saqueadas, ranchos quemados y abandonados, múltiples casquillos percutidos, así como vehículos incendiados y con evidencias de disparos de arma de fuego”. Una copia de este reporte fue enviada a los generales Sandoval y Espinosa Rodríguez.
“De acuerdo con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el actual titular de la Sedena era también responsable de la prisión de Piedras Negras, donde integrantes de Los Zetas incineraron cadáveres de sus víctimas”, dice el reportaje.
En marzo de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al gobierno de Coahuila, a la Fiscalía General de ese estado y al presidente municipal de Allende, para que se investigaran las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos.
“La gente corría a la garita, buscando protección del cuartel militar, que no debe estar más lejos que dos kilómetros, pero los soldados respondían que no tenían instrucciones de intervenir y se replegaron, y también se tuvo que replegar la gente que iba en pedido de ayuda”, de acuerdo con uno de los testimonios recogidos por el organismo.
Entonces, el el subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Michael W. Chamberlin, aseguró en Aristegui en Vivo que “será interesante (saber) qué tiene que decir la PGR sobre la responsabilidad del Ejército en estos hechos y se debe considerar la respuesta que da Humberto Moreira al informe de Ariel (Dulitzky) -director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas-, diciendo que él no tenía el mando de la cárcel de Piedras Negras sino que era directamente por parte del Ejército”.
El 3 de mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secuestro y desaparición masiva de personas en Allende, Coahuila, así como el uso del penal de Piedras Negras para asesinar personas y desaparecer sus cuerpos, son crímenes horrorosos que aún se investigan y que no prescriben.
El 27 de junio de 2019, los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecieron una disculpa pública por los abusos y violaciones en el manejo de la masacre en Allende, Piedras Negras y la región norte de Coahuila.
“El presidente de México nos instruyó a ver a las víctimas a los ojos, a no escondernos ante su justificado enojo, a pedir disculpas como Estado y a realizar todo lo que esté en nuestras manos para reparar los agravios individuales y colectivos”, recalcó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en un acto solemne realizado en la plaza principal de Allende.
“Para que los hechos no se repitan y deje de reinar la impunidad es necesario seguir investigando en todos los niveles de gobierno, de arriba hacia abajo hasta encontrar a los culpables”, subrayó frente a decenas de mujeres y hombres que acudieron con las fotografías de sus familiares que aún se encuentran desaparecidos.
El próximo 30 de junio la plataforma Netflix estrenará la miniserie ‘Somos’, que da cuenta de los sucesos de 2011 en Allende, Coahuila. A partir de una investigación se recreará la masacre y se pretende dar respuesta a varias interrogantes que aún persisten al respecto.
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