Cuando este jueves el presidente de Brasil ha acusado a militares y a policías militares de “abrir las puertas” a los bolsonaristas extremistas que el domingo asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia hablaba en sentido literal, no figurado. “Mucha gente de las Fuerzas Armadas conspiró aquí dentro. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto [sede de la Presidencia] se abrió para que entraran porque no hay ninguna puerta rota. Es decir, alguien aquí les facilitó la entrada”, ha declarado Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, durante un desayuno con la prensa local. Era el atentado más grave contra la democracia brasileña en décadas.
Hasta ahora el mandatario no se había referido con semejante contundencia a la connivencia de uniformados en la invasión protagonizada por miles de los seguidores más radicales del anterior presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, de 67 años. Lula ha explicado que está esperando a que “el polvo se asiente” para revisar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del palacio donde tiene su despacho, uno de los tres edificios ferozmente atacados por las hordas que no aceptan la victoria de Lula a partir de todo tipo de teorías de la conspiración.
Los indicios de connivencia y de omisión entre la Policía Militar descubiertos en las horas siguientes al asalto le bastaron al Tribunal Supremo para apartar de sus puestos al gobernador del Distrito Federal y al secretario de Seguridad Pública, ambos aliados de Bolsonaro. Además, ordenó el encarcelamiento del jefe de la Policía Militar del DF. En casa de Anderson Torres, que era secretario de Seguridad del DF y fue ministro de Bolsonaro, la policía ha localizado, según el diario Folha de S.Paulo, que no cita ninguna fuente, un borrador de decreto de tufo golpista, un texto que permitiría al presidente intervenir el Tribunal Electoral para revertir el resultado de los comicios de octubre, que Bolsonaro perdió por la mínima. Torres, cuya detención ordenó el Supremo hace días, está en Florida, como el expresidente.
El virulento ataque ha puesto también el foco en el hombre elegido por Lula para dirigir el Ministerio de Defensa, José Múcio, de 74 años. Fue juez del Tribunal de Cuentas, ministro con Lula y Bolsonaro sopesó también nombrarlo. Es un hombre de consenso, un articulador, que dicen en Brasil. El presidente ha intentado acallar a los que reclaman que lo destituya: “Si tengo que destituir a cada ministro cuando comete un error, vamos a tener aquí la mayor rotación laboral en la historia de Brasil. Todos cometemos errores. Zé Múcio continuará”, ha zanjado.
El recién llegado Gabinete intenta retomar la normalidad a marchas forzadas mientras los jueces lidian con los más de 1.100 detenidos enviados a prisión y distintas fuerzas de seguridad investigan el ataque. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, presenta este jueves un paquete de medidas económicas.
Siguen aflorando indicios de la torpeza o la complicidad de algunos mandos policiales y militares. El domingo, pese a que se sabía que los bolsonaristas estaban marchando hacia la plaza de los Tres Poderes y que el servicio secreto había alertado a otros organismos del riesgo de asalto a edificios públicos, había en Planalto seis centinelas y dos guardas a primera hora. Ante el desembarco de los radicales, fueron reforzados con 36 uniformados más, según el diario Folha de S. Paulo. Muy fácilmente los radicales superaron las débiles y poco nutridas barreras policiales.
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El presidente Lula, que estrenó hace 12 días su tercer mandato tras la victoria electoral más ajustada de la historia, ha dejado claro que desconfía de muchos de los militares que Bolsonaro dejó destacados en todo tipo de tareas en Planalto. Y ha anunciado que quiere hacer un exhaustivo proceso de selección para deshacerse de los que sean del núcleo duro del bolsonarismo. “No será una persecución”, ha remachado antes de decir que los fans de la investigación del caso Lava Jato mantendrán sus puestos. Es la operación contra la corrupción en la que fue enviado a prisión por unos casos ahora anulados.
Los militares no son novedad en la Administración brasileña, pero con Bolsonaro lograron más poder que nunca. El ultraderechista siempre tuvo en su Consejo de Ministros más uniformados, retirados o activos, que mujeres y, además, en los niveles inferiores impulsó un aumento espectacular, de modo que los militares llegaron a ser más de 6.000.
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