Un vídeo que muestra los cadáveres en perfecta alineación de más de 400 ciervos y jabalíes abatidos en la finca privada Los Posteruelos en Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), adelantado por Cordópolis, ha reavivado la polémica sobre la ética de este tipo de cacerías. La actividad, que fue el pasado fin de semana, es legal y contaba con todos los permisos que se conceden dependiendo de la abundancia de piezas que existen en la propiedad, aseguran desde la Real Federación Española de Caza (RFEC). En este caso, había tantos ejemplares que uno de los participantes vio pasar por delante de su puesto entre 100 y 150. El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, entiende que las imágenes “sean cruentas e impactantes para cualquier persona si no se mira qué existe detrás de ellas: la sobreabundancia de ejemplares”.
Aunque la caza comercial que se realiza en este tipo de fincas privadas no forma parte de la actividad de su federación, Gallardo asegura que esta cacería “era muy selectiva porque había demasiados ejemplares y es necesario mantener un cierto equilibrio entre la propia especie y con otros animales con los que pueda interactuar, para que no haya transmisión de enfermedades”. Es una finca con tres manchas boscosas entre las que se mueven las especies y que se rotan anualmente para la caza. Y puntualiza que el no cazar no es una opción, “es una herramienta imprescindible para la conservación y es un recurso social, cultural, medioambiental y económico, porque genera más de 6.500 millones de euros anuales, sobre todo en zonas rurales”.
Por mucho que se acoja a la normativa, Ecologistas en Acción, sin embargo, denuncia la brutalidad de estas batidas que se realizan en fincas cercadas donde las especies de caza mayor no tienen escapatoria. Es un círculo vicioso, añaden, que no va a frenar la primera Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que prepara el Gobierno. “El documento sigue considerando a los cazadores como una herramienta para controlar a las poblaciones y no es así. Ellos no han solucionado nada, lo han empeorado, como por ejemplo en el caso de la perdiz roja o la tórtola, especies que se encuentran en muy mal estado”, asegura Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción. Además, señala que, tomando como ejemplo lo sucedido en la finca de Posteruelos —de 3.200 hectáreas—, “si se hubiera querido controlar la población, no se entiende por qué en las imágenes difundidas solo aparecen machos con muy buenas cuernas”.
“La forma de gestionar a los animales en estas fincas es lo más parecido a una actividad ganadera, pero con especies silvestres y así te puedes hinchar a disparar a animales, esa es la gracia de las fincas cercadas”, sostiene Joaquín Reina, de Ecologistas en Acción en Córdoba. En otro tipo de terreno, sin vallar, “sería imposible matar a tantos ejemplares en una sola jornada, salvo que se cebe previamente lo que se pretende cazar”, puntualiza. Y considera que el problema va más allá porque asegura que lo ocurrido este fin de semana en Los Posteruelos no un hecho excepcional. “Es más, es la tónica general desde hace décadas”. “Y, además, se produce con el beneplácito de una administración ambiental acobardada y entregada ante el enorme poder económico que se aglutina en torno a los grandes propietarios de los principales acotados de caza mayor de España”, añade.
Animales abatidos en Córdoba.
Christian Gortázar, científico del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC), puntualiza que la sobreabundancia se está produciendo también en espacios abiertos, pero en estas fincas puede ir más allá si se aporta alimento para aumentar la caza. “Al final se trata de una actividad económica: si tienes una propiedad privada la puedes dedicar al aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal o a producir caza”, añade. En la actualidad, en cada 100 hectáreas de bosque mediterráneo viven 25 ciervos de promedio, según sus datos. Por lo tanto, en una finca de más de 3.000 hectáreas podrían vivir unos 750 ejemplares. “Hacer una estimación de los jabalíes es muy complicado, pero son muchos”, comenta Gortázar, que considera la caza un método de control adecuado.
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La exposición de las piezas en el suelo y ordenadas se debe a la normativa sanitaria, para la gestión de los residuos, la revisión veterinaria, evisceración de los canales y recogida y aprovechamiento de la carne por industrias autorizadas, señala la RFEC. “Se exporta en un 90%, porque somos uno de los mayores productores de carne de caza de Europa”, responde Gallardo, su presidente. “Este mercado genera unos 400 millones de euros anuales y crea cientos de empleos. Todos los animales que se abaten están destinados al consumo y la caza menor normalmente se queda en los domicilios particulares, mientras que la caza mayor se comercializa”, explica el presidente de la RFEC.
En medio de la polémica, el Ministerio de Agricultura ha presentado la propuesta de estrategia de caza, muy criticada por Ecologistas en Acción. La organización alega que no se les ha consultado previamente y critica que se sitúe al mundo rural y la biodiversidad “a servicio del lobby cinegético”. Cada comunidad autónoma ostenta las competencias de caza y son ellas las que redactan sus propias leyes al respecto, la estrategia pretende ser un marco de coordinación, cuyas disposiciones no son vinculantes y pueden ser incorporadas de forma voluntaria por las Administraciones competentes. Ecologistas en Acción reprocha que el texto se base en la Ley de caza franquista de 1970, que no tenía en cuenta las circunstancias actuales que afectan al medio ambiente, ni la evolución del pensamiento de la sociedad en cuanto a la caza. “No había sensibilidad social en cuanto al maltrato animal”, apostilla Hernández, de Ecologistas en Acción. En un contexto en el que la caza sigue existiendo, “se debería ir más allá y evitar que sea un problema para el medio ambiente”, opina.
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