Es el número mágico de la vida parlamentaria francesa: el 49.3, artículo y párrafo de la Constitución de 1958 que permiten al Gobierno poner fin a los debates parlamentarios e imponer una ley directa y unilateralmente, sin voto. El presidente Emmanuel Macron activó el miércoles este mecanismo para aprobar los presupuestos, bloqueados en una Asamblea Nacional en la que se ha quedado sin mayoría absoluta.
Una vez aplicado el 49.3, la única manera de la que la oposición dispone para frenar el Proyecto de Ley de Finanzas 2023 —su nombre completo— es presentar una moción de censura al Gobierno. Esto es lo que se dispone a hacer la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), la coalición de socialistas, ecologistas y comunistas bajo el liderazgo de los anticapitalistas euroescépticos de Jean-Luc Mélenchon. Y posiblemente también, y por separado, el Reagrupamiento Nacional (RN), el partido de extrema derecha de Marine Le Pen.
La primera ministra, Élisabeth Borne, tomó la palabra ante la Asamblea Nacional para anunciar la medida. “Esta decisión es la elección de la responsabilidad”, justificó. “Porque debemos dar un presupuesto al país, un presupuesto coherente con los compromisos adoptados ante los franceses: ni subida de impuestos ni subida del déficit”. Borne recordó que, en todo caso, la ley irá al Senado, aunque la última palabra la tendrá de nuevo la Asamblea Nacional donde el Gobierno podrá volver a imponer el 49.3.
Mathilde Panot, jefa del partido de Mélenchon en la Asamblea Nacional, reaccionó con el anuncio de una moción de censura. “El macronismo se convierte en un autoritarismo”, dijo Panot. “Con el 49.3, tenemos la prueba de que, de nuevo, ha elegido la brutalidad”.
Para frenar los presupuestos, la moción de censura debe aprobarse con un mínimo de 289 votos, el umbral de la mayoría absoluta en el hemiciclo. Ningún grupo ni alianza parlamentaria dispone de esta mayoría. El primer bloque, después de las legislativas de junio, es el macronista, con 250 diputados. El primer partido de oposición es el RN de Le Pen, con 89 diputados. Pero los grupos de la NUPES, juntos, llegan a los 151. Aunque se uniese NUPES y RN para hacer caer el Gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne, tampoco alcanzarían la mayoría absoluta. Necesitarían, además, los votos de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR), 62 diputados. Pero hoy este partido no parece dispuesto a derribar a Borne.
Acusaciones de autoritarismo
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Las dos probables mociones de censura tienen pocas perspectivas de éxito. Sus dirigentes deberán conformarse con acusar a Macron y a su primera ministra de autoritarismo por esquivar al Parlamento con el 49.3. Y esperar a la próxima ocasión, que podría llegar cuando, en invierno, se debata la impopular reforma de las pensiones: un momento quizá más propicio para unir a las oposiciones de todo signo contra el Gobierno.
No es insólito el recurso al 49.3 cuando un Gobierno carece de mayoría absoluta en Francia. El récord lo ostenta el socialista Michel Rocard. Entre 1988 y 1991, años en que fue primer ministro, Rocard utilizó el 49.3 en 28 ocasiones. El presidente era François Mitterrand. Como Borne y Macron ahora, su Gobierno tenía una mayoría relativa en la Asamblea Nacional, pero no absoluta. En el primer quinquenio presidencial de Macron, entre 2017 y su reelección en mayo de 2022, recurrió una vez a este artículo. La mayoría entonces era abrumadora: no lo necesitaba.
Borne tampoco podría hacer como Rocard y usar a discreción el 49.3: una reforma constitucional de 2008 limitó su uso a una sola ley por sesión parlamentaria —cada sesión coincide aproximadamente con el curso político— y a las leyes financieras como los presupuestos. Es posible que en los próximos días Macron vuelva a usar el 49.3 para imponer la ley del financiamiento de la seguridad social.
La ley de los presupuestos empezó a debatirse en el hemiciclo la semana pasada. De las más de 3.000 enmiendas planteadas, el Gobierno ha incorporado un centenar. Pero ha concluido que no tenía sentido prolongar los debates y pasar a la votación, puesto que, de todas maneras, la oposición ya había optado por la obstrucción. La oposición acusa al Gobierno de negarse a negociar y a aceptar compromisos.
Una moción de censura triunfante esta semana no afectaría directamente al jefe del Estado —elegido por cinco años y por sufragio universal directo, e inamovible e inviolable durante su mandato, salvo casos excepcionales— sino a la jefa de Gobierno y a sus ministros. Estos se verían forzados a dimitir y Macron a nombrar a otro Gobierno.
Macron ha adelantado que, si una moción de censura prosperase, no se limitaría a cambiar al Gobierno. Ha amenazado con disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones legislativas en las que la oposición se arriesgaría a verse con menos diputados en el nuevo hemiciclo.
Francia no ha llegado a este punto. El efecto inmediato de la aplicación del 49.3 será una subida de la tensión política en un momento de tensión social. Ni la manifestación convocada por Mélenchon y la izquierda el domingo, ni la huelga interprofesional de algunos sindicatos el martes han tenido el impacto deseado por sus organizadores. El intento de extender las huelgas y paralizar el país resultó fallido. Pero, en un contexto de inflación y frenazo de la economía, las movilizaciones pueden ser el prólogo de un invierno de protestas que debilite a Macron.
Mientras tanto, continúan las huelgas en las refinerías de petróleo y las colas en las estaciones de servicio ante la carestía de carburante. Esta es la preocupación inmediata del Gobierno: restablecer la normalidad antes del inicio, este fin de semana, de las vacaciones escolares de otoño. Paso a paso.
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