Francia busca cómo garantizar el buen desarrollo de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El macroevento deportivo se celebrará en París en el verano de 2024 y se prevé que atraiga a más de 13 millones de personas a la capital francesa. Ante la gran afluencia y el temor a no disponer de suficientes agentes de seguridad, el Gobierno de Emmanuel Macron quiere aprobar un proyecto de ley de manera acelerada que incluya por primera vez el uso de cámaras de vigilancia equipadas con algoritmos. Grupos de derechos humanos y de la oposición temen que abra la vía a una videovigilancia generalizada y permanente.
El proyecto de ley relativo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 es un paso “indispensable” para la “preparación” de la cita internacional, aseguró la ministra de Deportes y Juegos Olímpicos, Amélie Oudéa-Castéra, tras su adopción a fines de enero por el Senado, controlado por la derecha. El texto, muy centrado en la seguridad, es examinado ahora por la Asamblea Nacional.
El artículo 7 incluye un elemento inédito: el uso “a título experimental” de algoritmos de inteligencia artificial para analizar imágenes de cámaras de vigilancia y detectar movimientos sospechosos u objetos abandonados. A través de estos programas, la policía recibiría notificaciones en tiempo real para actuar, según los casos. Si se aprueba la ley, será la primera vez que se usen dispositivos de inteligencia artificial de manera legal para garantizar la seguridad en el espacio público de Francia.
Evitar el fiasco de la Champions de 2022
El Ejecutivo quiere evitar a toda costa que se repita el fiasco de la final de la Champions League de mayo de 2022, cuando telespectadores del mundo entero asistieron atónitos a escenas de caos y violencia desencadenadas por la mala organización de las autoridades ante la llegada de decenas de miles de hinchas del Liverpool al estadio de Francia, en Saint-Denis. También busca evitar cualquier riesgo de acto terrorista. Los sistemas de inteligencia artificial ayudarían a vigilar a las 600.000 personas que presenciarán la ceremonia de apertura de los Juegos el 26 de julio de 2024. También se utilizarían alrededor de estadios, en las calles y en el transporte público.
El uso de estos dispositivos es un “punto de inflexión” en materia de vigilancia, ha manifestado la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), que se encarga de garantizar la protección de datos personales. En un dictamen recordó que con este tipo de cámaras “ya no se filma simplemente a las personas, sino que se las analiza de forma automatizada, en tiempo real, para recopilar determinada información sobre ellas”. El organismo independiente recomendó modificar algunos aspectos del proyecto para reforzar las garantías de protección de la privacidad.
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El Gobierno argumenta que el despliegue de estas cámaras “aumentadas” es puramente experimental y está limitado en tiempo y espacio. El proyecto de ley restringió en un primer momento su uso al 30 de junio de 2025 y a “manifestaciones deportivas, recreativas o culturales”, es decir, mucho más allá de los juegos. Pero el miércoles, los diputados adoptaron finalmente enmiendas para limitar su uso al 31 de diciembre de 2024. El Ejecutivo insiste además en que se ha excluido el uso de reconocimiento facial. El Senado se plantea, sin embargo, presentar una propuesta de ley para este tipo de tecnología.
Para algunas organizaciones de defensa de derechos y grupos de la oposición, usar cámaras con algoritmos representa una línea roja. “Esta ley es un caballo de Troya en materia de seguridad”, denunció el senador Guy Benarroche, del grupo ecologista. “Con el pretexto de asegurar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se abre la caja de Pandora”, coincidió Éliane Assassi, del grupo comunista.
Ante el procedimiento acelerado elegido por el Gobierno para aprobar la ley, los dispositivos de vigilancia ya podrán aplicarse previsiblemente en el país para el Mundial de Rugby en septiembre de 2023. Y hasta casi dos años después. La Quadrature du Net, una ONG de derechos digitales, teme que la medida se vuelva permanente. Hay antecedentes: en 2017, medidas diseñadas para ser temporales bajo el Estado de excepción tras los atentados de 2015 se trasladaron a la legislación.
“Los Juegos Olímpicos y los megaeventos deportivos suelen usarse generalmente para eso”, como un escaparate de políticas y tecnologías de seguridad, señala Noémi Levain, jurista de la ONG. En un informe recuerda que países como Brasil, China, el Reino Unido y Japón aprovecharon estas citas para ampliar los poderes de sus fuerzas de seguridad. Myrtille Picaud, investigadora en políticas de seguridad en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), explica en un artículo que “si los grandes acontecimientos deportivos son aceleradores para la industria de la seguridad, es también porque brindan una oportunidad única de probar dispositivos técnicos en la vida real”.
Los críticos también apuntan a que la eficacia de estos dispositivos no está probada. El senador Jean-Claude Requier, del grupo Reagrupamiento Democrático y Social Europeo, votó a favor del proyecto de ley, aunque duda de que con estas cámaras se hubiera evitado el fiasco del estadio de Francia o el atentado contra el semanario Charlie Hebdo. “Ver en la innovación tecnológica la solución evidente es una quimera peligrosa”, remarcó.
Los dispositivos, insiste Levin, amenazan con modificar la relación de las personas con el espacio público y con las fuerzas de seguridad. Reclama sacar estas tecnologías de la opacidad con más debate. “Los Juegos Olímpicos pueden desarrollarse muy bien sin esas tecnologías”, remata la jurista.
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