Es el momento de la verdad para el presidente francés, Emmanuel Macron, que en 2017 llegó al poder con la bandera del reformismo económico y social, pero que, hasta ahora, había tropezado con la más ambiciosa y complicada de sus reformas: la de las pensiones.
La primera ministra, Élisabeth Borne, presentó este martes una controvertida propuesta para aumentar en 2030 la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años. La segunda medida clave es la puesta en marcha en 2027, ocho años antes de lo previsto, de la exigencia de 43 años de cotizaciones para cobrar la pensión completa.
La propuesta deberá debatirse en las próximas semanas en la Asamblea Nacional, donde los partidos que apoyan a Macron perdieron la mayoría absoluta en las legislativas de junio, y en el Senado, dominado por Los Republicanos (LR), la derecha tradicional. Con LR, que ha mostrado su disposición a apoyarle, Macron puede sacar adelante la reforma en el Parlamento.
El problema está en otro lugar: la calle. Los sindicatos, divididos en la última década ante las reformas de sucesivos Gobiernos, se han unido esta vez para oponerse a una reforma que consideran injusta, innecesaria y dañina para las clases populares y las personas que empezaron a trabajar muy jóvenes. La izquierda y la ultraderecha también se oponen.
El Gobierno defiende la reforma ―que debería entrar en vigor el próximo 1 de septiembre para su aplicación progresiva― por la necesidad de equilibrar las cuentas a partir de 2030 y preservar la viabilidad del modelo francés de protección social. Sus detractores responden que no existe riesgo de quiebra del sistema y que, en todo caso, la reforma pone en peligro el Estado del bienestar.
En su discurso de fin de año, Macron resumió el sentido de fondo de la reforma: “Debemos trabajar más”. Francia es hoy uno de los países de su entorno con una edad legal de jubilación más baja, aunque la edad real ―muchos franceses trabajan más allá de los 62 para cobrar la jubilación plena― es mayor.
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Un 70% de franceses está en contra de la reforma. Sumado a la inflación y a las incertidumbres económicas, el riesgo para el presidente es que la iniciativa alimente el malestar social. Los sindicatos llamaron a una jornada de huelga y manifestaciones el 19 de enero.
“Regresión social”
“La reforma Macron-Borne es una grave regresión social”, reaccionó Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, el primer partido de la izquierda. Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, dijo: “Es un imperativo moral oponerse a esta terrible regresión social”.
Es más preocupante, para el Gobierno, la oposición de Laurent Berger, secretario general de la CFDT, el primer sindicato de Francia y el más reformista, habitualmente proclive al diálogo. “Le digo a Élisabeth Borne: hoy hay mucha tensión social, muchas dificultades sociales, angustias, muchos sufrimientos en la población”, declaró este fin de semana Berger a Le Parisien.
Para la CFDT, el aumento de la jubilación a los 64 años es una línea roja. Solo han aplaudido la iniciativa la derecha de LR y la patronal Medef, para la que se trata de “una reforma indispensable para salvaguardar el sistema de pensiones”.
Hay algunas medidas para dulcificar el trago del aumento de los años de trabajo antes de jubilarse. Una es el aumento de la pensión mínima a 1.200 euros mensuales, que beneficiará a unos dos millones de jubilados con pagas bajas. Otra es que quienes ya hayan trabajado 44 años podrán jubilarse antes de los 64. Así, quien haya empezado a trabajar antes de los 16 se podrá jubilar a los 58; entre los 16 y los 18, a los 60; y entre los 18 y los 20, a los 62. Quienes hayan tenido empleos que comportan un desgaste físico podrán jubilarse a los 62 también, pero solo con un examen médico que les reconozca no aptos para el trabajo.
Las compensaciones son insuficientes, según la oposición y los sindicatos. Según Berger, “el aplazamiento de la edad legal de jubilación afectará a los trabajadores que, durante la covid, calificamos de segunda línea, como los trabajadores de mantenimiento a domicilio, en el sector agroalimentario, en el reparto, en el comercio”.
La esperanza de la oposición y los sindicatos es que Macron acabe dando marcha atrás si los franceses salen a la calle para expresar su descontento. El espectro de los chalecos amarillos ―la revuelta de 2018 contra el aumento del precio del carburante y contra las élites de París― persigue al Elíseo desde entonces. El cálculo del Gobierno es que, aunque la reforma sea impopular, los franceses no están de humor para grandes movilizaciones. Y esta reforma puede marcar el legado del presidente.
No es la primera vez que Macron quiere reformar las pensiones. Lo intentó entre finales de 2019 y 2020 y, de hecho, llegó a adoptarse en la Asamblea Nacional al inicio del proceso legislativo. Pero ya entonces pudo comprobar el rechazo que provocaba. Manifestaciones y huelgas multitudinarias paralizaron durante semanas los transportes. El presidente acabó guardando el proyecto en un cajón cuando la covid-19 asoló Francia y Europa. No era momento de agitar más el país. Había fatiga de reformas en Francia, tras un primer quinquenio con reformas de la SNCF, la compañía de ferrocarriles públicos, del mercado laboral o del impuesto sobre las fortunas.
El reformismo europeísta y liberal había sido la seña de identidad de Macron. La pandemia detuvo este impulso: con el propósito de proteger a la economía y la sociedad del virus y la recesión, el presidente sacó la chequera y aparcó las reformas. La pregunta era entonces si el Macron-reformista había desaparecido para siempre y había dejado paso al Macron-estatista, en la mejor tradición intervencionista francesa.
Pero volvió a la carga la pasada primavera en la campaña para las últimas elecciones presidenciales. Una de las promesas era aumentar la edad de jubilación a los 64 o 65 años. Ahora este es uno de los argumentos del Gobierno para defender la legitimidad de la reforma: los franceses sabían lo que votaban. La izquierda replica que el razonamiento es tramposo. Alega que, si votaron por Macron, no fue para cambiar las pensiones, sino para impedir que la ultraderechista Marine Le Pen llegase a la presidencia.
Macron salió reelegido en las presidenciales, pero en las legislativas, unas semanas después, perdió la mayoría absoluta, aunque los macronistas siguen formando el primer bloque en número de diputados. Para aprobar cualquier ley, necesitan aliarse con algún partido de oposición o imponer la medida por la impopular vía del decreto. El margen para las reformas audaces se ha reducido. La de las pensiones, repetidamente aplazada, podría ser la última de su segundo y último mandato. Si lo logra, podrá decir que, a pesar de todo, sí queda algo del gran reformador que un día quiso ser.
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