Justo una semana después de que la justicia decretara que el Estado francés no está cumpliendo con sus compromisos climáticos, el Gobierno de Emmanuel Macron presentó este miércoles un proyecto de ley medioambiental que, asegura, logrará que el país dé un giro ecológico definitivo. La normativa, que todavía tiene que ser aprobada en el Parlamento, ya ha sido sin embargo criticada como “insuficiente” tanto por ONG como por organismos asesores del Ejecutivo.
El proyecto de ley “contra el cambio climático y el refuerzo de la resiliencia ante sus efectos” prevé, en sus 68 artículos, medidas para que “la ecología entre en el hogar de cada francés y acelere nuevas formas de desplazarse, alimentarse, consumir o alojarse”. Entre otros, incluye la prohibición de la publicidad “a favor de las energías fósiles” y el fin de la venta, a partir de 2030, de vehículos muy contaminantes; la prohibición de trayectos nacionales de avión si existe la posibilidad de realizarlos en tren en menos de dos horas y media o la prohibición, a partir de 2028, de alquilar viviendas mal aisladas y que por tanto requieren altos gastos energéticos, lo que en Francia se denomina “coladores térmicos”. Asimismo, propone la introducción del delito de “ecocidio”, castigado con hasta 10 años de cárcel y 4,5 millones de euros de multa, en caso de destrucción intencionada del medioambiente con efectos duraderos sobre “la salud, la flora, la fauna o la calidad del aire, del agua o de los suelos”.
El Ejecutivo la considera una normativa “ambiciosa” y “rica” en contenido de la que dice sentirse orgulloso porque “ancla la ecología en la sociedad francesa y permite dar el último impulso a la transición ecológica”, según defendieron fuentes gubernamentales en vísperas de su presentación este miércoles en el Consejo de Ministros, paso previo a su envío a la Asamblea Nacional primero y al Senado después.
La normativa recoge, sostiene el Gobierno, el “compromiso y recomendaciones” presentadas por la Convención Ciudadana por el Clima. Este grupo de 150 ciudadanos representativos de la sociedad francesa, elegidos al azar en octubre de 2019, recibió el encargo del presidente, Emmanuel Macron, de “definir una serie de medidas que [permitan] alcanzar una reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 (respecto a 1990), en un espíritu de justicia social”. Su respuesta fueron 149 medidas presentadas el pasado junio y de las que el Gobierno dijo que retendría 146.
“A esta ley le falta tanto músculo que ni siquiera reconozco nuestros objetivos en la Convención Ciudadana”, replicó en Twitter uno de sus miembros, William Aucant. “¿Dónde está la gran victoria por el medioambiente? ¿Por qué contentarse con tan poco?”, recriminó este arquitecto de Nantes.
En una “carta abierta a Emmanuel Macron y a los parlamentarios”, 110 organizaciones de la sociedad civil también criticaron la ley, cuyas medidas “no permitirán, en los hechos, cumplir el objetivo de reducir las emisiones en un 40% hasta 2030” y llamaron al Gobierno a mostrar “más ambición” en la materia. La normativa, tal como está actualmente redactada, “cede ampliamente el paso a la incitación y a los simples incentivos a cambiar de prácticas ahí donde lo que se necesitaría es una intervención de los poderes públicos”, agregan.
También el Consejo económico, social y medioambiental (CESE, por sus siglas en francés), un organismo al que consulta regularmente el Gobierno, considera que la propuesta no va lo suficientemente lejos. “Las numerosas medidas del proyecto de ley son, en general, pertinentes, pero a menudo quedan limitadas, diferidas o sometidas a tales condiciones que su implementación a corto plazo resulta incierta”, analizó.
Según un análisis realizado por Le Monde con ayuda de expertos que han comparado las leyes existentes, las modificaciones propuestas por el Gobierno y las realizadas por la convención ciudadana, solo 19 de las 146 medidas (el 13%) que Macron dijo que aceptaba han sido retomadas integralmente. Otras 25 no han sido ni siquiera consideradas. Otras 75 medidas (51%) han sido “parcialmente retomadas”. “En la mayoría de los casos, el Gobierno sigue la intención de los ciudadanos, pero no va tan lejos como la convención en la adopción de dispositivos vinculantes para las empresas, colectividades o particulares”, resume. Cita como ejemplo el caso de las viviendas mal aisladas: la convención ciudadana pedía una obligación de renovación global de todos los edificios, pero la ley solo prevé prohibir el alquiler de estos “coladores térmicos”, lo que supone apenas el 7% de este tipo de viviendas, y solo a partir de 2028.
La presentación de la ley, y sus críticas, se conocen una semana después de que el tribunal administrativo de París declarara al Estado “responsable” de “incumplimientos en la lucha contra el calentamiento global” y se diera dos meses para decidir si ordena medidas concretas para que cumpla sus compromisos. En las próximas semanas se espera además la decisión del Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa de Francia, que en noviembre le dio un plazo máximo de tres meses, ahora a punto de expirar, al Gobierno para que justifique “que la trayectoria de la reducción (de gases de efecto invernadero) con vistas a 2030 puede ser respetada”.
El Gobierno de Macron se ha defendido replicando que se trata de una decisión judicial que se refiere “al pasado”, ya que analizó los compromisos de reducción de los gases de efecto invernadero entre 2015 y 2018. El domingo, el Ministerio de Transición Ecológica anunció que, según una estimación actualizada del instituto que realiza estas mediciones, las emisiones de gas de efecto invernadero de Francia en 2019 fueron de 437 millones de toneladas de CO₂, es decir, una reducción de 1,7% respecto a 2018 y de 19,7% respecto al año de referencia, 1990. Ello demuestra, indicó en un comunicado que “el combate realizado desde el comienzo de este quinquenio para luchar contra el cambio climático está dando sus frutos”. “Las medidas que hemos tomado, como la sustitución de las calderas de fueloil, por ejemplo, funcionan”, declaró al dominical JDD la responsable de la cartera, Barbara Pompili. “Nos queda mucho por hacer, pero estamos en camino de respetar nuestros compromisos. Nuestros esfuerzos dan resultado”, aseveró. Ni la ministra ni su comunicado hicieron sin embargo referencia al decreto de abril del año pasado por el que se “revisan a la baja” los objetivos de reducción de emisiones entre 2019-2023, tal como ha destacado la justicia en sus últimas decisiones.
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