La batalla por la reforma de las pensiones entra en una nueva fase en Francia con la segunda jornada de manifestaciones y huelgas, este martes, y el inicio del procedimiento parlamentario para adoptarla. Una mayoría amplia de franceses se opone a aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, como pretende el presidente, Emmanuel Macron. El Gobierno considera que la reforma es “indispensable” y se niega a ceder.
Es un pulso de resultado impredecible que puede definir el legado de Macron, un presidente que llegó al poder en 2017 con la bandera del reformismo. Como en la primera jornada de protestas, el 19 de enero, se espera otra movilización masiva y paros en varios sectores. Aquel día salieron a la calle en toda Francia más de un millón de personas (1,2, según el Gobierno; dos millones según los organizadores), unas cifras inusualmente altas en los años recientes.
En las refinerías de TotalEnergies, que en otoño bloquearon parcialmente Francia para obtener un aumento salarial, había en la mañana del martes entre un 75 y un 100% de huelguistas, según el sindicato CGT. En la educación, se prevé un 50% de seguimiento de la huelga. El Ministerio del Interior desplegará 11.000 policías por todo el país.
La novedad, respecto a protestas anteriores, es un frente sindical unido: hasta la moderada CFDT, primer sindicato de Francia y habitual apoyo del Gobierno, se ha sumado. Y un nivel de rechazo al plan –cerca de tres de cada cuatro franceses lo considera injusto– que certifica un divorcio entre Macron y buena parte de la ciudadanía.
La jornada del martes permitirá tomar la temperatura del descontento social. En París, la manifestación partirá de la plaza de Italia a las 14.00 y debe terminar en el monumento de los Inválidos.
Los sindicatos y la oposición confían en que la presión de la calle fuerce al Gobierno a retirar la reforma o, al menos, sus aspectos más polémicos. Para Macron, reelegido en mayo ante la ultraderechista Marine Le Pen, se trata de un proyecto central de su segundo y último mandato de cinco años. Si se pliega, su credibilidad como presidente reformista quedará tocada. Si sigue adelante, se arriesga a que el resto de su mandato, hasta 2027, esté marcado por el malestar social y nuevas erupciones de cólera como la de los chalecos amarillos en 2018 y 2019.
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El presidente sostiene que, con el envejecimiento de la población, prolongar la vida laboral es necesario para preservar un sistema de pensiones digno y justo. La alternativa consistiría en bajar el nivel de las pensiones, en subir impuestos o en aceptar un aumento de la deuda. Los detractores de la reforma señalan que esta penalizará a las personas que empezaron a trabajar más jóvenes y en empleos que implican un desgaste físico. Precisamente aquellos que, durante los confinamientos por la pandemia en 2020, contribuyeron a mantener en pie nuestras sociedades.
La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha tenido dificultades en sus intentos para persuadir a la opinión pública de que la reforma es socialmente justa. La oposición no ceja, aunque el Gobierno confía en que a la larga, la resignación haga mella en los manifestantes y esto facilite su adopción.
Batalla en la Asamblea
“Han perdido la batalla ideológica y por eso quieren demostrar determinación”, ha dicho esta mañana en la cadena BFMTV Philippe Martinez, secretario general de la CGT. “Por eso es necesario que en la calle y en las huelgas haya la misma determinación, de modo que el pueblo sea escuchado”.
La pelota ya está en la Asamblea Nacional. El problema para Macron es que, desde las legislativas de junio, carece de mayoría absoluta, pese a tener el primer grupo parlamentario. Sin los votos de Los Republicanos (LR), el partido de la derecha moderada, quedará lejos de los 289 diputados que marcan el umbral de la mayoría.
Y cada vez parece más complicado. Pese a las promesas iniciales, no todos los 62 diputados de LR quieren aprobar la reforma. Y surgen dudas entre los 250 diputados de los tres partidos del bloque macronista: Renacimiento (antigua República en marcha), Modem y Horizontes.
De eso se trata también en la jornada las manifestaciones y huelgas: de presionar a los diputados que cada día pueden comprobar en sus distritos el rechazo que provoca la reforma. Si el Gobierno no encuentra una mayoría parlamentaria, tiene una alternativa: aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates y adoptar la ley. En este caso, la oposición solo puede abortarla con una moción de censura.
Macron ha sugerido que, si prosperase una moción de censura contra la primera ministra, disolvería la Asamblea Nacional y convocaría nuevas elecciones legislativas. La batalla no ha hecho más que empezar.
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