Madrid finalmente asumirá: cerrará el puente de San José y en Semana Santa. Pero recurrirá esta medida ante la justicia porque entiende que “jurídicamente” el Gobierno central no puede “obligar” a la Comunidad a este cierre, y por un criterio “científico” en el que han insistido en la última semana. Una explicación que ha repetido el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, la mañana de este viernes. Los motivos los expuso hace ya una semana, los repitió el consejero Enrique Ruiz Escudero el miércoles, tras el Consejo Interterritorial de Salud entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad, y lo han vuelto a hacer hoy. Afirma Zapatero que los tres perimetrajes previos de la Comunidad provocaron una subida de contagios, por las características de la región, con una alta densidad y movilidad interna.
El miércoles, Ruiz Escudero fue tajante: “Madrid no se va a cerrar perimetralmente”. Este viernes, Zapatero ha afirmado que “la Comunidad, como siempre, cumplirá escrupulosamente”. Y ha informado de que siguen vigentes, hasta mediados de abril, las medidas que ya tiene activa la región: el toque de queda de 23.00 a 6.00, la prohibición de reuniones en domicilios si no es con convivientes, el máximo de personas de seis en exteriores y cuatro en interiores, la mascarilla obligatoria excepto para comer y beber en bares y restaurantes y, para la hostelería, la ventilación mecánica o manual de los establecimientos.
Aunque Zapatero y Elena Andradas, la directora general de Salud Pública, han reiterado hasta en media docena de ocasiones que las restricciones a la movilidad por comunidades “aumentan los contagios” en Madrid, no tomarán ninguna medida adicional que compense esa previsión en la transmisión del virus. “Aparte de las medidas que ya hay, y que son duras, como que solo haya convivientes en los domicilios, control de aforos, cierre a las diez de la noche [en la hostelería], cuatro personas como límite máximo… Además de todas estas medidas, reforzaremos todavía más el cumplimiento de la mano de Salud Pública y la policía”.
¿Qué ocurriría si ganasen el recurso, qué cambiaría en la práctica? “Pues a lo mejor se pueden ir mis ciudadanos a Canarias o Baleares, ¿no?, que parece que quedan abiertas”, ha dicho Zapatero. La realidad es que no cambiaría nada: el resto de autonomías estarán cerradas y las excepciones que suponen las islas Canarias y Baleares mantendrán las restricciones del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, es decir, que solo se podrá entrar en ellas por motivos justificados como que ese sea el lugar de residencia, por trabajo o por causas de fuerza mayor. Aún así, Andradas ha especificado que “es una incoherencia porque los territorios insulares tienen incidencias similares a otros puntos de la Península”.
Baleares tenía este jueves 51 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es la autonomía con la incidencia acumulada más baja de todo el territorio nacional, equiparable únicamente a Valencia, con 54; y tiene establecido un control sanitario para quienes procedan de regiones con una incidencia acumulada superior a 100 (11 de las 17 autonomías, según los datos de este jueves). Canarias con 115, sin embargo, sí estaría en la horquilla de regiones peninsulares como Andalucía (122), Castilla y León (116) o Navarra (120); aunque esta sí exige una PCR negativa para entrar en su territorio realizada 72 horas antes, sea cual sea la comunidad de procedencia.
Sí podrían “coger un avión y viajar a París”, ha apuntado el viceconsejero: “Tremenda incongruencia si se toman medidas con la intención de una disminución de la movilidad pero el aeropuerto de Barajas está abierto. Yo no puedo entender que me vengan ciudadanos a cualquier municipio de cualquier país que duplica o triplica la incidencia de España”. La entrada a España no es tan laxa.
Desde noviembre, los viajeros que lleguen desde países considerados “de riesgo” deben traer una PCR negativa de origen realizada 72 horas antes; aquellos que llegan del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica tienen medidas aún más restrictivas; y a desde el pasado 8 de marzo las personas procedentes de Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia, “deberán permanecer en cuarentena los 10 días posteriores a su llegada o durante toda su estancia si esta fuera inferior a ese plazo”, según las órdenes del Ministerio de Sanidad. Un “periodo que podrá finalizar con anterioridad si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo”.
En cualquier caso, y pese a que la Comunidad alude a esa subida de casos tras los anteriores perimetrajes, los datos no respaldan ese argumento, según algunos especialistas como la epidemióloga Gloria Hernandez Pezzi, exjefa del Servicio de Vigilancia Epidemiológica en el Instituto de Salud Carlos III, que el pasado miércoles aseguraba tras las declaraciones de Ruiz Escudero posteriores al consejo interterritorial, que “la afirmación de que los confinamientos totales de la Comunidad de Madrid no han funcionado es gratuita, puesto que no está avalada con nada que demuestre su eficacia o ineficacia”.
Añadía que, “en octubre y noviembre, la tendencia de los casos se mantuvo a la baja, y los periodos de aplicación cortos, tres o cuatro días de puentes, tampoco permiten su valoración”. En diciembre y enero, concluía, “los casos subieron tras los citados confinamientos, pero no debidos a ellos, ya que en esos periodos se combinaron diversas causas que provocaron la tercera ola de covid en todo el país”.
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