Si PP, Cs y Vox sacan adelante la negociación que mantienen para aprobar los Presupuestos de 2021, el proyecto incluirá una partida de 63,2 millones de euros para pagar a Ferrovial por una autopista por la que no puede circular ningún vehículo, según dos fuentes gubernamentales. Se trata de la MP-203, una carretera de 12,5 kilómetros que se empezó a construir en 2005, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, y que sigue sin estrenarse porque se dejó con todo hecho salvo lo fundamental: su conexión con la radial 3 para descongestionar la entrada a Madrid desde Alcalá de Henares, y que no se ha logrado hacer por las discrepancias entre la constructora, el Gobierno de España, y la concesionaria de la radial.
“La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras recibió en noviembre pasado la notificación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa concesionaria de la M-203, Cintra (grupo Ferrovial), en el que se reconoce la restitución de la inversión realizada por la concesionaria en la carretera por parte de la Comunidad de Madrid”, resume un portavoz del departamento que dirige el consejero Ángel Garrido. “La Consejería ya ha puesto en marcha los mecanismos, a través de la Dirección General de Presupuestos, para la devolución del valor patrimonial de los trabajos que realizó la concesionaria en la vía y que han revertido a la Comunidad de Madrid. En total, está previsto abonar 63,2 millones de euros”, añade. “La Consejería está en conversaciones con el Ministerio de Transportes para aclarar la situación de la conexión con la R-3 y, en función de ello, tomar una decisión sobre el futuro de la infraestructura”.
Así se creó este problema millonario. Cuando arrancaron las obras, en 2005, el objetivo era conectar la M-203 y la A-2 (en el término de Torrejón de Ardoz) con la M-208 y la R-3, ya a la altura de Mejorada del Campo. A Madrid, anunció Aguirre, le iba a salir gratis: la constructora lo pagaría todo y luego explotaría la carretera en régimen de peaje durante tres décadas. Estaba previsto que por ella circularan más de 2,7 millones de vehículos al año.
Sin embargo, inmediatamente surgieron dos problemas técnicos que se conocían desde el principio. A un lado, cómo superar las líneas del AVE, lo que se logró cambiando el trazado. Y al otro, cómo conectar con la radial 3, a lo que se oponía la concesionaria de esa vía, alegando que perjudicaría al volumen de tráfico de su carretera, y por lo tanto a su negocio. El entonces Ministerio de Fomento no dio su autorización al engarce, atendiendo a esas razones, y Ferrovial desistió de la obra en 2007. Quedaban 300 metros del trazado por hacer, además de cubrir el firme ya instalado.
Desde entonces, la autopista fantasma persigue a todos los presidentes del PP, convertida en un paraíso para ciclistas y corredores. Aguirre dejó el poder en 2012. Como ella, Ignacio González, su sucesor, culpó del fracaso al Gobierno de España (primero, el de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y, después, el de Mariano Rajoy) por no haber completado el engarce con la R-3. Cristina Cifuentes valoró la posibilidad de pagar la infraestructura y ponerla en funcionamiento. Dimitida tras el escándalo del caso máster, el proyecto quedó en pausa, y ha llegado en forma de patata caliente hasta el Ejecutivo de Díaz Ayuso.
Así, los 16 años transcurridos desde que se inició la construcción, que está completada al 70%, no han servido para aclarar la situación. Tras invertir unos 70 millones, y no poder poner en funcionamiento la infraestructura por un problema que se conocía desde el principio, Ferrovial ha tenido que pleitear para llegar a que la Comunidad le reconozca el derecho a ser compensada.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha cumplido en tiempo y forma con el pago, lo que ha llevado a la compañía a solicitar la ejecución forzosa de la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según consta en la documentación que ha registrado la compañía recientemente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En esa documentación se detalla que la empresa considera que el valor neto contable del activo es de 78 millones de euros: 73 millones por lo gastado, más 5 millones de intereses.
¿El problema para cobrar al menos los 63,2 que prepara la Comunidad? Que los Presupuestos vigentes en la región son de 2019, y la negociación para aprobar los de 2021 consume días desde hace un mes sin que PP, Cs y Vox logren ponerse de acuerdo.
“No se ha podido ejecutar por problemas administrativos”, reconoció un portavoz de la consejería de Hacienda. “Se hará a lo largo de este año, cuando los nuevos presupuestos sustituyan a los prorrogados en vigencia y contemplen el crédito que hay que destinar a hacer frente al abono de la sentencia”.
Madrid ya prepara 63,2 millones de euros para pagar una autopista fantasma, y busca cómo darle uso, para lo que tendría que completar la obra.
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