La Comunidad de Madrid “no tiene previsto mantener” en la nueva Ciudad de la Justicia que construirá en el barrio de Valdebebas ninguno de los proyectos arquitectónicos en los que Esperanza Aguirre invirtió millones de euros con vistas a construir su luego fracasado Campus de la Justicia. Así consta en la documentación a la que ha accedido EL PAÍS y que ha ratificado un portavoz de la Consejería de Justicia e Interior. El Gobierno de Madrid se gastó al menos 1,5 millones de euros solo en las maquetas de los edificios, firmados por algunos de los arquitectos más famosos del mundo, como Norman Foster o Zaha Hadid, aunque nunca llegaron a construirse. Foster recibió además 10 millones por unos planos que ahora tampoco servirán. El juicio a los presuntos responsables de los sobrecostes multimillonarios del proyecto, que pretendía unificar en un solo lugar todos los edificios de los juzgados, afronta en 2021 la fase decisiva.
Cuando la Cámara de Cuentas investigó las cuentas de la empresa pública Campus de la Justicia entre 2005 y 2015 concluyó que las cifras no cuadraban. Solo en gastos sin soporte contractual había 4,8 millones de euros, a lo que se añadían dispendios impropios de una compañía dependiente de la Administración pública. El proyecto fue presentado 72 veces, y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón. Se sufragaron informes inservibles por más de 80.000 euros, y se impulsó un programa publicitario de unos 200.000 euros invertidos en paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional. La gran mayoría de empleados del complejo judicial eran directivos con nóminas por encima de los 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la región nunca se completara: únicamente se construyó uno de los catorce edificios previstos.
De aquel proyecto megalómano solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal, y una investigación judicial aún abierta en la que están bajo la lupa cargos de la época de Esperanza Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien anticorrupción pidió ocho años de cárcel en enero.
Ahora, la administración de Isabel Díaz Ayuso ha decidido construir una nueva ciudad de la justicia, también en Valdebebas, un barrio del distrito capitalino de Hortaleza, pero sin contar con los diseños de los afamados arquitectos a los que les encargó Aguirre cada edificio.
Norman Foster, por ejemplo, firmó un acuerdo de más de 13 millones por proyectar dos edificios. La cifra ingresada por el arquitecto superó los 10 millones de euros (10,6), pese a que ningún edificio pasó de los planos a la realidad, según la documentación y testimonios recabados la pasada legislatura por una comisión de investigación parlamentaria. También se contó con otros arquitectos internacionales y nacionales: como la dupla Zaha Hadid y Patrick Schumacher, o el despacho Peí Cobb Freed & Partners.
Nada de eso sirve para la nueva ciudad de la Justicia, quizás porque el plan de encargar cada edificio a un estudio diferente derivó en un conjunto difícil de interrelacionar.
“No está previsto mantener los proyectos”, se lee en una respuesta parlamentaria de la Consejería de Justicia al diputado Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. El documento abunda: “La consejería de Justicia, Interior y Victimas publicó en el perfil de contratante de la Comunidad el pasado 23 de diciembre la licitación del contrato denominado “consultoría y asistencia técnica para la preparación de la licitación del expediente de concesión de obra para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid”. Es decir, el primer paso para comenzar el proyecto desde cero.
“El proyecto de la época de Aguirre y Prada no pretendía mejorar la justicia, sino sólo hacer un proyecto megalómano que dejara un rastro de rentabilidad. Como tantos proyectos corruptos. Así, el único edificio construido, el Instituto de Medicina Legal, es un edificio muy bonito, pero de paredes redondas donde no encajan las camillas, por ejemplo”, lamenta el diputado Martínez Abarca. “Por eso ahora no tiene sentido retomar un proyecto que forma parte de la antología de la corrupción y la ruina madrileña”, opina. “Lo que no se entiende es que el gobierno de Ayuso lo pretenda retomar y a la vez tira a la basura lo que ya se hizo”, subraya. Y remata: “El PP no puede hacer como si nada, porque sabemos dos cosas: que las infraestructuras judiciales en Madrid están obsoletas y que no nos podemos fiar del PP para su renovación”.
En 2014, con Ignacio González como presidente del Ejecutivo regional, se retomó el proyecto de Aguirre, que pasó a denominarse Ciudad de la Justicia. Las obras llegaron a adjudicarse a las constructoras Acciona y OHL. Entonces, el Gobierno regional se comprometió a destinar 1.752 millones de euros a la construcción del complejo. En 2015, y ya con Cristina Cifuentes como presidenta, el proyecto fue paralizado, lo que provocó demandas por parte de las adjudicatarias por incumplimiento de contrato. En 2020, la justicia le dio la razón a la Comunidad.
“Y eso nos da la posibilidad de un nuevo proyecto, y de momento estamos en fase de elaboración del proyecto arquitectónico”, apunta un portavoz de la Consejería de Justicia, que se remite a la respuesta parlamentaria y declina hacer más precisiones. “Este proyecto no tiene nada que ver ni con el Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre y ni con la Ciudad de la Justicia de Ignacio González”.
Ese primer paso para la Ciudad de la Justicia de Díaz Ayuso ya tiene un coste estimado de 472.330,83 euros. “Se hace necesario dotar de un espacio judicial único, con unas infraestructuras modernas y funcionales al partido judicial de Madrid de manera que la actividad de los operadores jurídicos se desarrolle con los mejores parámetros de calidad posibles”, se justifica en la memoria que le acompaña, que argumenta que la obra permitirá ahorrar dinero público, porque las 24 sedes judiciales actuales están en régimen de alquiler.
El argumento de la eficacia ya fue empleado en la época de Aguirre. Años después, sin embargo, de aquella inversión millonaria no está previsto que valgan ni los proyectos arquitectónicos.
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