2013, esa es la fecha de la última actualización del folleto sobre métodos anticonceptivos de la Comunidad de Madrid, un pdf de 52 páginas que es el único documento descargable en el escueto apartado de la web de la Consejería de Sanidad sobre esta cuestión. Y es solo uno de los muchos aspectos que dan cuenta del agujero que tiene el Gobierno regional en anticoncepción: sigue siendo el único que no financia con presupuesto propio ningún método anticonceptivo. Los circuitos para la atención sexual son o inexistentes o confusos o poco publicitados; tampoco la educación sexual es una realidad en las aulas; la formación de los profesionales del sistema público es insuficiente y a veces está completamente ausente; y la desigualdad está muy marcada entre la capital, donde sí existen centros de salud municipal con servicios específicos, y el resto de la autonomía, donde no están extendidos.
Tampoco se sabe, porque la Consejería de Sanidad no ha respondido a esa pregunta, si se plantea, a corto o medio plazo, incluir esa subvención con recursos propios para la contracepción. Explica un portavoz que “no existe una partida presupuestaria específica relativa a anticoncepción o planificación familiar”, sino que “es una prestación incluida en la Cartera de Servicios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)”. Pero, ¿cuál es esa prestación que sí se incluye? “Se financia parcialmente por receta”, especifica ese mismo portavoz. Es decir, como el resto de medicamentos dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud, que si vas al médico de cabecera y lo prescribe, cuando se compra en la farmacia solo se paga una parte.
Así, cada mujer debe abonar el porcentaje que corresponde para cuatro métodos, solo algunos de los que financia el Ministerio de Sanidad. Son los anticonceptivos hormonales combinados orales, lo que se conoce como la píldora; los anticonceptivos hormonales solo con gestágenos tanto orales como parenterales, aquellas hormonas que se administran con una pastilla (la minipíldora, de toma diaria) o una inyección intramuscular (de larga duración); el implante subdérmico de gestágenos, se suele poner bajo la piel en el brazo no dominante y dura hasta tres años; y el anillo vaginal, que libera hormonas durante tres semanas.
En atención primaria, añade, se proporciona “información sobre métodos anticonceptivos así como orientación y seguimiento” y, si la paciente “requiere métodos anticonceptivos no incluidos” en esa cartera, como el DIU o la ligadura de trompas, “o pruebas complementarias que no puede solicitar el médico de familia, se la deriva a las consultas de Ginecología y Obstetricia”. En los hospitales, “se incluye el consejo genético en grupos de riesgo; información, indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos (DIU, un dispositivo que se coloca dentro del útero); y realización de ligadura de trompas y vasectomías”. Y “está excluida la reversión de ambas”, matiza.
Falta de desarrollo de la Ley de salud sexual
Esto, dice José Cruz Quílez, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), es “insuficiente”. Pone como ejemplo Aragón: “Una mujer va al ginecólogo o a la matrona, en función de sus características le eligen un DIU o un implante y se lo ponen, ella no paga nada. Eso es financiación propia, en de Madrid es simplemente lo que cubre el propio Sistema Nacional de Salud”. Raquel Hurtado, coordinadora del área de intervención social de la SEDRA-FPFE (la Federación de Planificación Familiar Estatal), añade que a la Comunidad le falta “mucho” por desarrollar esta y otras cuestiones de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
El último informe sobre anticoncepción por autonomías de esa Federación es de 2016 —ahora están preparando el siguiente—, entonces, Madrid y Murcia eran las dos únicas regiones que no aportaban dinero propio para métodos anticonceptivos. Murcia aprobó su financiación un año después, en Madrid aún no ha ocurrido. Hurtado asegura que “ninguna comunidad ha ido hacia atrás”, pero muchas “no han avanzado” y que que en el apoyo institucional hay un tema económico y que cómo de sólido sea “tiene que ver con el compromiso o no compromiso de esas instituciones hacia la salud sexual”. Y hay “inequidad”.
Están, por un lado, “las CC AA en las que hay acceso a mayores servicios y de mayor calidad que redundan en mayor bienestar”, y por otro, “en las que no, y va en detrimento del bienestar de las mujeres”. Por ejemplo, en Valencia y Cataluña sí existen servicios específicos de salud que forman parte del sistema público: “Una persona que lo necesite no tiene que hacer el circuito de atención primaria y luego especializada, que además de que se demora mucho cuando la primaria está colapsada, como ha ocurrido en pandemia, hace que no sea necesario dejar en stand by la atención a la salud sexual”.
Cruz Quílez, de la SEC, vuelve a recordar Aragón y suma Valencia: “En ambas han puesto en marcha algo que se viene estudiando desde hace años, el proyecto Choice, que entre otras cuestiones ofrece los métodos a las mujeres sin coste alguno, y, cuando ese coste no existe, tienden a usar los métodos más efectivos y eso tiene un impacto directo en las interrupciones voluntarias del embarazo”. Ambas están por debajo de la tasa media española en IVE (10,33 por cada 1.000 mujeres), según el último informe del Ministerio de Sanidad, con datos del pasado año. Valencia tiene una tasa de 8,38 y Aragón de 8,5. Madrid está ligeramente por encima, con 10.94.
Lo económico “cuenta”
Lo económico “cuenta”, apostilla Cruz Quílez. Los métodos más efectivos, los de larga duración, suelen ser los más caros: “Pero eso, son los más efectivos, pero cuando vas a ponértelos pueden ir de los 140 donde estén subvencionados a los 300 euros si es una privada, por ejemplo, pero eso sí, dura cinco años. Sin embargo, en el momento de soltar el dinero no se piensa en eso, o en la IVE que se puede impedir, sino en el coste en ese momento, aunque se tenga el dinero”.
Para cuando no se tiene, Hurtado pone otro ejemplo: “Eres adolescente, tienes una relación de riesgo, y cuando vas a comprar la píldora del día después [que es de libre dispensación en farmacias] finges que has perdido el abono transporte y con el dinero que te dan tus padres compras esa anticoncepción de urgencia. Eso ocurre”. Esas pastillas valen entre 15 y 20 euros, y llegan a los 30 si son las que pueden administrarse hasta cinco días después.
La información disponible y cómo de accesible sea también cuenta: “Las autonomías tienen la responsabilidad de informar sobre los circuitos de atención, sobre las prestaciones e ofrecer información específica del contenido que afecte a la salud sexual, de manera activa”, ahonda Hurtado. Como lo hace de forma directa el número de centros específicos o los servicios concretos para jóvenes con los que se cuente.
Un circuito desigual entre la capital y el resto de municipios
Nada de lo anterior ocurre en la Comunidad, donde, además, “hay contradicciones”. Mientras que el Ayuntamiento de Madrid tiene 16 centros municipales de salud comunitaria y uno específico para jóvenes, no es así en el resto de la autonomía, donde no todas las localidades cuentan con uno. En los que sí, también dependen de los consistorios y no aparecen recogidos en ningún directorio ni folleto ni página web; y prácticamente ninguno tiene apertura ni horario continuado de lunes a viernes.
En una revisión por municipios, aparece el de Coslada, el llamado Programa a Mano; la Consulta para jóvenes sobre salud sexual y reproductiva en San Fernando de Henares; la Asesoría Joven de Sexualidad en Alcobendas; la Consulta Joven de Sexualidad en San Sebastián de los Reyes; o el Centro Dejóvenes de Leganés. A mediados de octubre de este año, el Ayuntamiento de Parla activó la Consulta Joven. Y, sin ser públicos, los ayuntamientos de Fuenlabrada y Arganda del Rey cuentan con Centros Juveniles de Orientación para la Salud (CEJOS), mediante un convenio con la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, una ONG que opera en ocho autonomías.
“Debería existir uno de estos centros [los públicos] por cada 100.000 habitantes y no se llega casi ni a la docena, en general, en España”, detalla la especialista. Tampoco funciona la formación de los profesionales tanto en los servicios específicos como en atención primaria y hospitalaria, los currículos formativos no cuentan con educación sexual: “Y solo cuando eso ocurre se garantiza el acceso y se ven cubiertas las necesidades a nivel sexual de la población”.
Hurtado asegura que muchas mujeres “tienen en la cabeza la intuición de un circuito en el que está toda esta narrativa de las listas de espera y dificultades, así que acaban yendo directamente a una consulta privada”. Eso, si pueden pagársela y depende de qué necesiten, las hay por 25 euros, por 40, por 60 y por 250. En parte, dice la especialista, esto viene derivado de que “hay profesionales que atienden en la sanidad pública que no tienen las herramientas ni formación específica para abordar estas cuestiones, sobre todo con grupos concretos, por ejemplo con mujeres migrantes”.
El hueco en colegios e institutos
Tampoco esas herramientas se dan en las aulas. “Todo sigue realizándose con charlas puntuales que realizan entidades como la nuestra y eso dificulta el acceso a la información y los recursos”. Apunta hacia Asturias, donde existen programas específicos de educación sexual en clase desarrollados por sexólogos; a Valencia, donde este tema es parte de la estrategia educativa; o a Navarra, donde ha habido iniciativas para desarrollar la educación sexual de una forma más coeducativa y más relacionada con la igualdad. “Son enfoques distintos, pero que ponen sobre la mesa un compromiso de la Administración”.
Recuerda la portavoz de SEDRA-FPFE que España cuenta con una Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y “algunas comunidades la están incumpliendo”. Madrid lo hace en multitud de puntos, también con la no asunción desde el sistema público de la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo. Y cuenta la coordinadora que “hace algunos años se realizó un borrador de una estrategia de embarazos no planificados que nunca salió del cajón donde esté metida”. Cruz Quílez asegura que “muchas veces” le cuesta entender cómo después de 11 años “la mayoría de los puntos de la normativa actual no se han desarrollado”, y no solo por parte de Madrid, “a veces también del propio ministerio”, como la lentitud en incluir anticonceptivos de última generación en la cartera nacional de servicios.
Ambos coinciden en que garantizar el acceso universal a la contracepción, con todas sus ramificaciones, sobre todo a las mujeres más vulnerables y entre la población más joven, es “imprescindible” y “urgente”. ¿Por qué no ocurre? Hurtado dice que hay dos cuestiones, ambas relacionadas con la política. Una, que “hay gobiernos que tienen claras sus prioridades y entienden que la sexualidad es una herramienta al servicio de la igualdad, y otros que no”.
Y la otra, que “hay cosas que aún siendo derechos universales reconocidos, se siguen entendiendo como algo politizado, y son temas que hay a quienes le parecen incómodos. Que estemos en 2021 y el acceso a la anticoncepción no esté igual en las carteras de todos los gobiernos es curioso, sobre todo cuando estamos hablando de prevención respecto a otras cuestiones sobre las que hay aún más polémica”. Se refiere al aborto y concluye que, “como en muchas otros puntos”, “la atención sexual es más una cuestión de suerte, por donde naces, que de derechos”.
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