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Maduro activa el linchamiento 2.0 de opositores

Maduro activa el linchamiento 2.0 de opositores

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¡No te rindas!

“La operación Tun Tun se convirtió en un apodo informal para las operaciones de detención del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) dirigidas a las personas que apoyan las protestas o la oposición en general”, señalaría un informe de Naciones Unidas tres años más tarde. En el documento, datado el 15 de septiembre de 2020, apareció una lista que por primera vez mencionaba a individuos de la cadena de mando responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entre esos nombres de la Tun tun original están los de Diosdado Cabello, Alexander Granko y Elio Estrada, precisamente algunos de los jerarcas del Estado chavista que más activos se muestran ahora en la divulgación de los videos del reboot actual de la operación.

“Claramente es el Estado contra la población civil”, lamenta la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, en entrevista para esta historia. “Un linchamiento de personas por ejercer sus derechos humanos básicos, lo que cierra aún más el espacio cívico, viola el derecho a la protesta pacífica, vulnera la posibilidad de defender el derecho al voto y exigir que haya un proceso de escrutinio transparente”.

Persecución premeditada

Antes del genocidio de 1994 en Ruanda, la etnia hutu en el gobierno llamó a sus rivales tutsis como “cucarachas” desde la radio. Antes del Holocausto, la Alemania nazi obligó a los judíos a portar en público una estrella amarilla que los identificara, al tiempo que el Estado fomentaba la narrativa de periódicos como Der Stürmer o el Völkischer Beobachter, con ´páginas repletas de caricaturas y artículos antisemitas que incitaban al odio. Abundan los ejemplos históricos donde el lenguaje deshumanizante precedió a las acciones de exterminio.

En la República Bolivariana ahora se juega al odio; los organismos de inteligencia están aprovechando la tecnología y las redes sociales para identificar y vigilar a sus oponentes mediante nuevos mecanismos de represión masiva. Un documento del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) elaborado en marzo pasado por su Dirección de Investigaciones Estratégicas (DIE), al que tuvo acceso Armando.Info, confirma la importancia que ese cuerpo de seguridad da a las redes sociales.

El documento, denominado Técnicas de abordaje postmodernas de investigación, en escenas de hechos de conmoción pública, siniestros y actividades terroristas, detalla los pasos a seguir para investigar cuentas de redes sociales en casos de “instigación al odio y la violencia”, así como la “elaboración de matrices de opiniones negativas o falsas”.

“Explorar las redes sociales para detectar partidos políticos de la ultraderecha, OPVEN [presumiblemente, oposición venezolana] y observar el apoyo, la tendencia, efecto y diseminación del mensaje”, refiere el instrumento. También instruye a hacer “capture del contenido de interés”, la “identificación del usuario”, así como “identificar la dirección IP y ubicación del moderador” en la tarea de identificar y vigilar a personas en las redes sociales.

Sapeo digital

El Estado ha promovido en estos días la delación como forma de persecución y apartheid político. Pero no es la primera vez. De hecho, el término de patriotas cooperantes, adoptado por el régimen para dignificar a sus soplones, comenzó a usarse con Hugo Chávez y desde entonces ha servido hasta para sustanciar sentencias de testigos anónimos contra disidentes y presos políticos, como Araminta González.

El sociólogo Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y director de la organización Laboratorio de Paz, recuerda que hubo casos de delaciones alentadas por las autoridades durante las protestas de 2017 pero, añade, “ahora lo novedoso es que se anuncia pública y abiertamente”. A tal punto que el propio Gobierno empezó el viernes 2 de agosto, cinco días después de las elecciones, en el pico más alto de las protestas, a llamar a delatar a los venezolanos que se han manifestado en las calles.

“Denuncia si has sido objeto de campaña de odio física o virtual a través de las RRSS”, exhortan las stories que divulgó la Dgcim tras anunciar una línea telefónica con conexión a Whatsapp y Telegram en la que solicitaba “evidencia en físico o digital donde se muestre la amenaza”. El mismo mensaje circuló en las cuentas de Instagram y Twitter del comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar de la Fiscalía), pero usando sus cuentas personales y la del departamento de prensa del organismo.

Un caso similar ocurrió con VenApp, la aplicación que el régimen lanzó en 2022 como una plataforma integrada para reportar fallas de servicios públicos y coordinar la distribución de ayudas y beneficios sociales. El 30 de julio, el propio Maduro dijo que habían agregado un canal para que sus seguidores delataran a los manifestantes: “Hoy en la noche vamos a abrir una página del VenApp para toda la población, para que ahí de forma confidencial me pongan los datos de los que han atacado al pueblo, para que haya justicia”.

Al día siguiente anunció que “todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, y esta semana culpó a los judíos de una conspiración en su contra: “Todo el poder de comunicación del sionismo, que controla todas las redes sociales, los satélites, y todo el poder detrás de este golpe de Estado”.

En las alocuciones de Nicolás Maduro está presente una polarización entre un nosotros que se vincula a la gesta libertadora de Bolívar, son “afrodescendientes” y víctimas de las potencias extranjeras, frente a un otros al que tilda de “fascista”, “de ultraderecha”, “terroristas”, “colonialista”, “oligarca”, “capitalistas” y hasta perteneciente al ejército realista de tiempos de la Guerra de Independencia, entre otros calificativos. “Este proceso de desconocer la existencia del otro como ciudadano, atribuyéndole etiquetas de terrorista o fascista”, comenta la lingüista y profesora de Análisis del Discurso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cristina D’Avolio, “es una forma de deshumanización y conlleva, en consecuencia, a la denegación de derechos, que es uno de los objetivos principales de los discursos de odio”.

Aunque se las pueda diseccionar, no hay duda de que las palabras de Maduro han tenido efecto. También la vigilancia digital y las detenciones selectivas. De otra forma, Marco Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), no se explica el declive abrupto de las manifestaciones: solo entre el 29 y 30 de julio lograron documentar 915 protestas, pero al día siguiente cayeron vertiginosamente a apenas 11.

Ponce señala que, a partir de las protestas de 2014, el chavismo se ha preparado para un escenario como el actual, en el que ha puesto en marcha redes de identificación y delación construidas durante años. La Operación Tun Tún, sin lloradera o la promoción de la aplicación Venapp para denunciar a los guarimberos no han sido más que las expresiones 2.0 de un plan diseñado con premeditación.

“El gobierno, después de las protestas de ese año, comenzó a desarrollar redes de inteligencia ciudadana que se enmarcan dentro del sistema popular para la paz, que es el gran plan de seguridad. En el subcomponente social están los colectivos, las UBCH y las RAS, las Redes de Articulación Sociopolítica que hemos denunciado, que son agrupaciones y personas que se identifican con el gobierno”, explica. “Se puede decir que es un territorio nuevo en términos de represión política. Venezuela está a la vanguardia de este tipo de acciones a través del uso de redes sociales”.

El secuestro de María Oropeza se viralizó la noche de este martes mientras ella misma lo transmitía en streaming desde sus redes. La cuenta oficial del Dgcim luego lo musicalizó con la melodía de Freddy Kruger y presentándola tras las rejas.

* Por los riesgos que comportaba, Armando.info decidió en consejo editorial adoptar medidas extraordinarias para este trabajo. Por lo tanto, los reporteros ni buscaron la versión de los involucrados ni firmaron la nota, ambos, de otro modo, estándares que regularmente se cumplen en este medio.


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