Las ONG de Venezuela deberán registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. A partir del 1 de mayo, tendrán que aportar los nombres de sus integrantes, sus fuentes de financiamiento y movimientos bancarios, y una lista de sus organizaciones asociadas. La norma, ya en vigencia, es un paso del chavismo para arrinconar a las ONG, que han jugado un papel fundamental en la documentación y denuncia de la crisis de derechos humanos que vive el país sudamericano. Durante el último año, estos documentos elaborados por la sociedad civil venezolana resonaron en los informes de denuncia que produjeron Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
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La normativa entró en vigencia con discreción, sin mayores discusiones públicas ni difusión oficial. La petición de registro parte de la presunción de que las asociaciones sin fines de lucro y las ONG pueden incurrir en delitos como el terrorismo, señalan en un comunicado más de 700 organizaciones que piden la anulación de la normativa. La operación de estas entidades está sometida ahora a la certificación del Gobierno.
A la alerta sobre la situación de las ONG se ha sumado Amnistía Internacional, que este viernes ha lanzado una acción urgente mundial para denunciar la medida. Esta no es la única amenaza que está a la vista. Como ya ocurrió en Nicaragua en 2020, el Gobierno de Nicolás Maduro prepara una ley —a través de la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios de diciembre— para regular la cooperación extranjera, otra vía para introducir controles. El proyecto ya fue presentado ante el Legislativo para su discusión.
El Gobierno persigue desde hace años a fundaciones incorporadas al reparto de la ayuda humanitaria. Son normales las incautaciones de medicamentos, allanamiento de sedes, detenciones y, más recientemente, el congelamiento de cuentas bancarias. Las ONG que han sufrido mayor hostigamiento desarrollan trabajo social aportando alimentos y medicación a pacientes crónicos y personas con VIH.
“Se están cambiando las bases del principio de libre asociación, pues esta nueva instancia emitirá un certificado que permitirán que el representante legal de las asociaciones pueda ejercer sus funciones, supeditando el funcionamiento al permiso del Gobierno”, explica el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. “La providencia legal establece también las visitas in situ para verificar la validez de la información suministrado, lo que supone un verdadero peligro de exposición para las víctimas”. La mayor preocupación que comparten las ONG es la revelación de los beneficiarios, que muchas veces padecen violaciones de derechos humanos y, por ello, están protegidos por acuerdos de confidencialidad.
Daniels subraya que la legislación internacional sobre la lucha contra capitales ilegítimos no debe interrumpir ni desalentar el trabajo de quienes luchas por los derechos humanos. Las ONG en Venezuela han actuado en bloque y acudieron a representantes de Naciones Unidos para presionar por la derogación de la ley.
La principal vocería contra las ONG viene de Diosdado Cabello, diputado en la nueva Asamblea Nacional y número dos del chavismo. Esta semana, en su programa de televisión, Cabello dijo que “hay muchas de ellas vinculadas a programas de desestabilización, inclusive terroristas”. “Dejen el escándalo. Váyanse para Colombia y no se registren, y digan de dónde sacan la plata”, señaló.
Esta presión ocurre en un momento en que se está ampliando la presencia de los actores humanitarios en el país, tras la autorización al Programa Mundial de Alimentos, que atenderá a escolares y que, como otras oficinas de Naciones Unidas, opera en cooperación con organizaciones de la sociedad civil.
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