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Maduro, el testaferro preso y la encrucijada del diálogo

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Maduro, el testaferro preso y la encrucijada del diálogo

Lorena Meléndez*

El lunes 18 de octubre de 2021, el reloj marcaba poco más de la 1:30 de la tarde en Caracas, cuando cientos de personas esperaban una videoconferencia que se llevaría a cabo en Norteamérica. En Florida, en el condado de Broward, en una celda de paredes blancas y puerta azul, un par de oficiales aguardaba la llegada del empresario colombiano Álex Saab –overol naranja, cabello largo y oscuro hasta el hombro- a su primera audiencia por Zoom en Estados Unidos. En ese lugar compareció ante el juez John J. O’Sullivan, del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida, para enfrentar los siete cargos de lavado de dinero, y uno más de conspiración, con divisas que según las investigaciones provienen de sus negocios en Venezuela como testaferro de Nicolás Maduro. Dos días antes lo habían extraditado las autoridades de Cabo Verde, donde estuvo detenido más de un año.

Con este, el mandatario venezolano recibió el golpe más fuerte de su gestión, que ya va rumbo a los nueve años. Cuando detuvieron a Saab en ese archipiélago en junio de 2020, en una escala de su vuelo a Irán para pactar la compra de gasolina para Venezuela, Maduro se apresuró a decir que el hombre tenía esa nacionalidad y que iba en un viaje diplomático para intercambiar productos de primera necesidad. En Caracas comenzaron a aparecer afiches en las calles que pedían la libertad de un personaje que, hasta entonces, era un desconocido para la mayoría. Otros, lo más informados, ya sabían que era un magnate.

En efecto, se había hecho muy rico. Las múltiples operaciones de Saab, de acuerdo con los reportajes publicados por el medio de periodismo de investigación venezolano Armando.info, abarcaban desde el petróleo hasta la canasta de productos subsidiados que llegaban a los hogares más pobres del país. Por medio de una extensa red de empresas de papel, se convirtió en el contratista favorito de Maduro, con acuerdos que le dejaron jugosos beneficios mediante sobreprecios u obras que nunca se concretaron.

El colombiano, junto a su socio y compatriota Álvaro Pulido, logró que el gobierno le permitiera adquirir dólares a precio preferencial para vender casas prefabricadas que jamás se materializaron en un suburbio de la capital y para suministrar mercancías a empresas que habían recibido divisas oficiales ofertadas en subastas. También estuvo al frente de las distintas compañías que proveyeron al Estado de harina de maíz, leche, enlatados y otros productos alimenticios importados de baja calidad. Los compraba a altos precios a pesar de estar destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones creadas para entregar cajas de comida subsidiadas a los hogares más necesitados en medio de la emergencia humanitaria. Con una sociedad registrada en Estambul se hizo socio de Minerven, la empresa estatal a cargo de extraer oro en el estado Bolívar. También firmó contratos con instituciones estatales para construir los “gimnasios verticales”, ofrecidos por el gobierno como alternativa al auge de la violencia. Incluso tras las rejas siguió mercadeando millones de barriles del hidrocarburo venezolano desde países como México, Rusia o Emiratos Árabes Unidos. Los propios abogados de Saab, cuando ya estaba detenido en Cabo Verde, admitieron que él se había convertido en el operador que posibilitaría la compra de buques tanqueros de gasolina y aviones con herramientas y materiales para rehabilitar las refinerías que estaban fuera de servicio en Venezuela.

Ficha de la captura de Álex Saab en EE. UU. Foto: arrests.org.

La de Saab es la primera de las tres extradiciones que amenazan con engrosar el expediente de Maduro. En efecto, la Corte Penal Internacional estudia su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas lleva años cuestionando desde la independencia de poderes hasta los cientos de muertos en las protestas en su contra. Este 20 de octubre, la Audiencia Nacional de España aprobó el traslado a Estados Unidos de Hugo “el Pollo” Carvajal, antiguo jefe de Inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, acusado de narcoterrorismo y de importar cocaína a territorio norteamericano. Su previsible cooperación con Washington podría revelar información sobre el “Cártel de los Soles”, como se denomina a la trama militar que trafica droga en Venezuela.

También está en puertas otra extradición: la de la antigua enfermera de Chávez y posteriormente tesorera de la Nación, Claudia Díaz, aprobada por la Audiencia Nacional el 15 de octubre. A la ex funcionaria la señalan por los delitos de lavado de activos y organización criminal en el supuesto fraude de divisas en el que está involucrado otro aliado del chavismo: el empresario venezolano Raúl Gorrín. Este personaje dirige el canal de noticias Globovisión, entre otras compañías, y en 2018 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por lavado de activos.

Sin embargo, solo el proceso de Saab parece quitarle el sueño a Maduro, a juzgar por el hecho de que lo ha nombrado reiteradas veces en sus más recientes alocuciones públicas. Antes del traslado, ni siquiera lo mencionaba. Ahora lo describe como un hombre “inocente, limpio y trabajador”, mientras acusa a Washington de haberlo secuestrado, torturado y golpeado durante su arresto en Cabo Verde. “No vamos a descansar hasta lograr la justicia para Alex Saab”, ha afirmado.

El pasado domingo, cuando el empresario colombiano no había comparecido, hubo un acto público en su apoyo en el que participó Camila Fabri, su esposa, en la plaza Bolívar de Caracas. Allí, la mujer leyó una carta supuestamente escrita por su marido, en la que aseguraba que no colaboraría con Estados Unidos e instaba a los chavistas a rodear a Maduro con un “escudo humano” para impedir que lo derroten.

Una frase llamó la atención: “Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría. Amo a mi esposa Camila y a mis hijos más que mi propia vida. Les pido sean fuertes y mantengan siempre unidos, unidos siempre venceremos. Tengan siempre fe en Dios”.

Al respecto Zair Mundaray, antiguo fiscal del Ministerio Público y hoy exiliado, tiene una lectura. La estrategia de tener a la esposa del “diplomático” hablando en público es un mensaje en sí mismo. “Solo un objetivo, que Saab sepa que su familia está en manos de sus cómplices en Venezuela. No hables”, dijo en Twitter.

Pese a lo que pudiera ser una amenaza velada, Saab tiene oportunidad de colaborar y comenzar a hablar. Esta misma semana, Estados Unidos se encargó de darle una señal: redujo la condena de Alejandro Andrade Cedeño, el ex guardaespaldas y ex tesorero de la Nación de Hugo Chávez, de 10 a 3 años y medio de prisión, luego de que este se declaró culpable en octubre de 2018 de lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos.

Fallido control de daños

A mediados de este año, justo antes de la llegada a su cargo del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, Maduro intentaba lavar su cara. Lo hacía a través de acciones del Ministerio Público para tratar de mostrar independencia de poderes y una justicia tardía en crímenes de lesa humanidad, como el asesinato de manifestantes en protestas antigobierno en 2017. Por eso, en mayo anunció la imputación de 12 militares presuntamente implicados en el asesinato de Juan Pablo Pernalete, muerto por un bomba lacrimógena disparada al pecho en abril de 2017 en Caracas. A finales de septiembre, la Fiscalía inició investigaciones contra la jueza que absolvió al sargento de la Fuerza Aérea que mató, a la vista de las cámaras, al estudiante de Enfermería David Vallenilla en la capital venezolana y los tribunales ordenaron un nuevo juicio. A principios de octubre fueron condenados a más de 20 años de prisión dos policías regionales que accionaron sus escopetas contra el adolescente Rufo Chacón y lo dejaron ciego en Táchira. Esta semana, los tres funcionarios policiales de Carabobo implicados en la muerte del universitario Daniel Queliz también fueron sentenciados a más de 26 años tras las rejas.

Pero a la par de esas demostraciones, la muerte del general Raúl Isaías Baduel en la cárcel, tras supuestamente haber contraído Covid-19, comenzó a empañar el cristal del control de daños. El militar retirado, ministro de la Defensa del régimen de Chávez, fue apresado en 2009 y condenado a ocho años de presidio por los delitos de apropiación indebida de bienes del Estado y corrupción. Aunque en 2015 salió en libertad condicional, poco después fue nuevamente apresado por supuestamente violar sus restricciones. Cuando cumplió su pena, le imputaron nuevos cargos: traición a la patria e instigación a la rebelión. Durante todos esos años tras las rejas, sus familiares denunciaron que era víctima de aislamiento y tortura. Aseguraron que se trató de un “asesinato en cámara lenta” porque le negaron la atención médica que requería desde hacía tiempo y rechazaron que se hubiera contagiado.

También llegaron otras actuaciones que revelaron a Maduro como un dictador clásico ante la casi segura extradición de su “diplomático”. Un día antes de la llegada de Saab a Estados Unidos, fuerzas policiales allanaron en Caracas la casa de los padres del periodista Roberto Deniz, autor principal de los reportajes de Armando.info sobre Saab. Esa misma semana habían librado orden de detención en su contra, a pesar de que no vive en Venezuela desde 2018, luego de que el empresario colombiano lo denunció a él y a los otros tres editores del sitio web, por los delitos de “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”.

En la tarde del 16 de octubre, cuando el avión de Saab aterrizaba en Florida, otra medida dejó en evidencia a Maduro: funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se llevaron detenidos, nuevamente, a los seis antiguos gerentes de la petrolera Citgo, quienes cumplían arresto domiciliario desde mayo de 2021. Horas antes del hecho, uno de los ex directivos, José Pereira, había publicado un video en el que advertía de la “preocupación”, tanto de ellos como de sus familias, porque presentían que el gobierno los convertiría en moneda de cambio para negociar la liberación de Saab. De los seis ejecutivos, cinco tienen nacionalidad estadounidense y uno tiene la residencia permanente en esa nación. Por eso Washington exigió de inmediato la libertad del grupo. Pero siguen encerrados.

Más allá de las acciones contra esos individuos, la extradición de Saab provocó el cese de las negociaciones en México entre la comitiva de Maduro y la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó. “En respuesta a esta acción, la delegación del gobierno de Venezuela suspende su participación en la mesa de diálogo y negociación de México. No acudiremos a la ronda que debería iniciarse el día de mañana” (el domingo 17, un día despues del traslado)” dijo ante los medios Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista. Sin embargo, nunca aclaró si esta medida era definitiva. Semanas antes, la comisión de Maduro había propuesto incorporar al “diplomático” en las conversaciones y hasta se habían presentado con afiches que pedían su liberación en una de las jornadas.

Ceder por los amigos

Dos de los aliados más poderosos del gobierno de Nicolás Maduro ya habían dado en agosto muestras de rechazo por la inminente extradición de Saab. Primero lo hizo Rusia, en agosto, en un tuit que condenó que Washington capturara a ciudadanos extranjeros en otros países bajo “acusaciones fabricadas” y que además creara “un precedente desastroso” por la “extradición de una persona con estatus diplomático”.

 

Días después Irán rechazó, a través del portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Saeed Khatibzadeh, “cualquier acción que sea contraria a los principios de las relaciones internacionales y obstaculice las actividades de los diplomáticos”. El funcionario, de acuerdo con un reporte de Telesur, afirmó que Saab estaba en una misión diplomática como enviado de Venezuela para llevar medicinas y alimentos hasta que “Estados Unidos interceptó su misión solo por razones políticas”.

Tras la extradición, Rusia volvió a emitir un comunicado en el que lamentaba la suspensión del diálogo en México. “Estamos convencidos de que no hay alternativa a continuar el diálogo entre las fuerzas políticas responsables de Venezuela (…) La tarea para la comunidad internacional es ayudar a los esfuerzos constructivos, no socavarlos”, dice el comunicado, publicado en Twitter el 18 de octubre, el mismo día que el colombiano compareció en su primera audiencia.

 

Ante tal solicitud y, por encima de todo, por el deseo de lograr que Estados Unidos flexibilice sus sanciones, Maduro podría verse empujado a negociar. Quizás eso explique porqué no cerró las conversaciones definitivamente, sino que solo habló de una suspensión. A esto se suma la necesidad de continuar con su lavado de cara ante los organismos internacionales que lo tienen en la mira.

¿Qué puede ofrecer?, ¿en qué puede ceder?. En lo inmediato, en conceder la libertad de los seis ejecutivos de Citgo, pero también en enfocar sus esfuerzos para dar ciertas garantías de cara a los comicios regionales de noviembre próximo. Tirios y troyanos anuncian estos como una nueva oportunidad para que la oposición participe y recupere ciertos espacios, y que esa sería una condición sine qua non para retornar a la mesa de negociaciones. En esas conversaciones Maduro tiene la opción de hacer que bajen unas aguas que, en un descuido, podrían ahogarlo.

*Periodista venezolana y Miembro de #CONNECTASHub.




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