El Gobierno de Nicolás Maduro hace maniobras para dilatar el proceso que se sigue contra el Estado venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI). Con reformas judiciales y un goteo de excarcelaciones, el chavismo intenta lavar la cara de un expediente que suma más de 250 presos políticos e incluye severos señalamientos sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Este martes ha ocurrido la muestra más reciente. Dos de los tres activistas de Fundaredes detenidos en julio, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, fueron liberados. Su director Javier Tarazona, sin embargo, sigue detenido. Desde hace varios años, la ONG ha venido denunciado enérgicamente la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela en connivencia con el chavismo. Fueron acusados de “terrorismo y traición a la patria”.
Estos movimientos ocurren en la víspera de la visita del fiscal de la CPI, Karin Khan, que en su gira por Latinoamérica pasará por Venezuela a finales de esta semana. Es una visita que ha estado promoviendo el Gobierno con la intención de dar señales de apertura y de cambios en el sistema de justicia, considerado un brazo represor del Gobierno en el último informe de la Misión Independiente de las Naciones Unidas.
El proceso de Venezuela en La Haya lo iniciaron en 2018 los mandatarios de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. En una solicitud sin precedentes en la corta vida del organismo, los países entonces integrados en el Grupo de Lima hicieron una solicitud formal de apertura de una investigación, de la que luego Argentina se apartó con el regreso del kirchnerismo al poder. A este expediente se han sumado las denuncias de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ha pedido asilo político en España, y de las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.
La anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, consideró que había evidencias razonables para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El dictamen lo dio luego de una visita del fiscal venezolano Tarek William Saab en la que el chavismo intentó mostrar esfuerzos por mejorar el sistema de justicia en el país. La decisión de la apertura de la investigación se espera desde julio, cuando asumió el nuevo fiscal de la Corte, que ahora ha decidido hacer una visita al país para tomar la decisión no sin dar un último voto de confianza. “Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los Estados parte mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementariedad. La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la CPI y fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender de este mi primer viaje a la región como Fiscal de la CPI”, dijo Khan en un comunicado. El Gobierno de Maduro intentará convencerlo de que no hay motivos para abrir una investigación. Las ONG y víctimas abogarán porque se den pasos para sancionar al Ejecutivo.
A las puertas de unas elecciones locales, en la que después de siete años de abstención participarán los partidos de la oposición, el chavismo, acorralado en su cerco diplomático, ha tenido que ceder en varios aspectos. Se sentó en las negociaciones de México con la oposición, aunque las ha congelado tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, el operador comercial del Gobierno para evadir las sanciones, también señalado como testaferro de Maduro. De hecho, las reformas en el sistema de justicia nacional formaban parte de la agenda en México. Ahora, el Gobierno se ha anticipado a hacerlas sin conciliar con la oposición para atenuar los señalamientos de la CPI.
El Ejecutivo de Maduro se aferra a algunos hitos que atestiguan el viraje. En 2018, cuando el concejal opositor Fernando Albán murió al caer de un piso 10 de la sede del servicio de inteligencia, el fiscal Saab anticipó la tesis del suicidio. Hace cinco meses el funcionario se retractó, reconoció que se había tratado de un asesinato y tres años después ordenó la captura de los agentes que lo custodiaban. En esa misma declaración, reconoció como asesinatos los casos del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto producto de torturas, y de Juan Pablo Pernalete, impactado por el disparo de una lacrimógena en las protestas de 2017.
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Otro caso con el que el Gobierno intenta lavar su cara es el de David Vallenilla, otro joven muerto en las manifestaciones de hace cuatro años. A principios de octubre una jueza ordenó la absolución del sargento que le disparó. La decisión fue apelada por la familia y el Ministerio Público y en tiempo récord el militar fue condenado a 23 años de prisión.
En septiembre, con muy bajo perfil, también comenzaron a producirse excarcelaciones de presos políticos como el exdiputado Gilberto Sojo. Ese mismo mes, la Asamblea Nacional plegada al chavismo, dictó sin mayores consultas públicas un paquete de leyes que intentan cubrir los enormes baches que han dejado las violaciones de derechos humanos en el país. Algunos de los avances legislativos tienen que ver con la desmilitarización de la justicia o la posibilidad de que ONG de derechos humanos asuman la defensa de quienes denuncian haber sufrido alguna violación de sus garantías fundamentales. Se incluye una reforma del Código Penal que recorta los lapsos judiciales para acelerar los procedimientos y pone un límite de tres años al tiempo que una persona puede estar presa sin recibir condena.
“Si Venezuela fuese un país de leyes, estos cambios legislativos traerían alguna mejora al sistema de justicia. Estas modificaciones no apuntan al enorme paquidermo que no se atreven siquiera a mencionar: que en Venezuela no tenemos jueces ni imparciales ni independientes sino simples funcionarios que se limitan a cumplir órdenes”, señala un análisis sobre las reformas de Acceso a la Justicia.
Se trata de un cambio radical en la postura del Gobierno de Maduro. La presión por los señalamientos de la CPI parece ser su mayor encrucijada, un terreno en el que tiene poca capacidad de maniobra. Más allá de las consecuencias jurídicas de este proceso, que podrían tardar, el proceso en La Haya pone más alto el cerco diplomático que el Gobierno chavista intenta derribar principalmente con el levantamiento de sanciones, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Europea y el amago de la apertura comercial con Colombia.
Pese a esos esfuerzos, la reciente muerte del general Raúl Isaías Baduel en prisión, sobre la que el fiscal Saab también anticipó como causa de muerte el covid, una tesis que cuestiona su familia, ha agitado nuevamente la lucha de los presos políticos. La décima muerte de un preso político custodiado por el Gobierno empaña los movimientos con los que el chavismo busca levantar cabeza en los foros internacionales. Hace dos semanas, los familiares de presos políticos protestaron para exigir que la CPI acelere su decisión sobre la apertura de una investigación contra Maduro y otros altos cargos. La visita de Khan despierta expectativas.
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