El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que el avion venezolano en la Argentina pretende “ser robado” y que los pilotos se encuentran “secuestrados”.
En un tono pleno de furia, Maduro dijo que la “Argentina patriota, peronista”, tiene que pronunciarse contra esta situación e insinuó que desea que haya una movilización para lograr la liberación de la aeronave.
“Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida. O sea que a partir de ahora un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo”, dijo Maduro.
Horas antes, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, había acusado al gobierno de Alberto Fernández de mantener “secuestrado” el avión venezolano-iraní.
“Nosotros no queremos ese avion dentro de cinco años, lo queremos ya porque ese avion es de Venezuela”, afirmó Cabello, considerado el “número dos” del gobierno de Nicolás Maduro.
Mientras Maduro se pronunciaba de esta manera, la Justicia federal argentina aguarda información internacional y resultados de pericias tecnológicas antes de definir cómo seguir con la causa en la que se investiga si alguno de los tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a la Argentina el 6 de junio pasado tenía objetivos distintos a los declarados ante autoridades de control y la Justicia: traslado de autopartes e instrucción de vuelo.
Estados Unidos, Uruguay y Venezuela son algunos de los países a los que la Justicia argentina reclamó información sobre la cual aún no recibió respuestas; lo que constituye un freno para la investigación encarada de modo preventivo y sin que hasta acá se hubiera detectado un hecho antijurídico que permita endilgar algún delito a los imputados.
El juez federal Federico Villena dejó trascender algunos lineamientos de la investigación en el fallo del lunes pasado con el que dispuso que quedaran retenidos los pasaportes de siete de los tripulantes (cuatro ciudadanos iraníes y tres venezolanos) y ordenó la devolución de los documentos a los otros 12 (un iraní y el resto venezolanos), lo que los habilitaría a salir del país.
El juez busca determinar si, “bajo la apariencia o ‘pantalla’ de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional”, según surge de la resolución de unas 260 páginas a la que accedió Télam.
El magistrado intenta establecer si algunos de los imputados están participando de maniobras de “financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah)” o son parte de “un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, surge del fallo.
Al justificar el modo de conducir la investigación, el juez Villena señalo en su fallo de 267 “el derecho internacional expresa con determinación la necesidad de que los Estados adopten medidas preventivas para reprimir la preparación de todo acto de terrorismo, considerando que el primer paso para ello es la financiación”.
En línea con ese señalamiento, recordó que el caso se inicio a partir de una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en la que se expresaban sospechas sobre los verdaderos motivos del aterrizaje del avión en la Argentina y sobre la tripulación y sus posibles vínculos con alguno de los imputados por el atentado a la AMIA.
Por estas horas, el expediente es mirado con celo desde EEUU y Venezuela: en el país del norte un tribunal del distrito de Columbia pidió incautar el avión por supuesta violación a las leyes de exportación de ese país; mientras que en Caracas, el presidente Nicolás Maduro, reclamó la devolución de la nave perteneciente a una empresa estatal del país sudamericano.
Mientras los reclamos internacionales ganan la agenda de los medios, la colaboración de los distintos países en el expediente judicial que tramita en la Argentina se hace esperar: el juez Villena, por caso, aguarda aún repuestas de Uruguay, Venezuela, Aruba, República Domincana y EEUU.
La justicia federal aún no recibió respuesta desde Montevideo a una de las consultas más importantes del expediente: por qué Uruguay no aceptó el ingreso del Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur cuya ruta desde Buenos Aires había sido autorizada previamente.
Venezuela, por su parte, no dio respuestas a los pedidos de documentación respaldatoria de la aeronave y de la carga y descarga de pasajeros y mercadería en los meses de mayo y junio; mientras que a Aruba y República Dominicana se les solicito información vinculada al paso del avión por sus respectivos territorios.
El juez Villena también pidió más información a los Estados Unidos sobre el avión y su tripulación y al FBI en particular le solicitó que por su intermedio se le requiera información a la empresa “The Boeing Company”, para que informe cual es el simulador de vuelo de aviones “Boeing 747¬300M, Dreamliner” más cercano a Venezuela.
El FBI ya colaboró con la investigación y el juez Villena lo resalto en un párrafo del fallo en el que señalo que en el expediente “se encuentra un documento de vital importancia” remitido por el Buró Federal de Investigaciones de EEUU “respecto de la asociación del ciudadano iraní Gholamreza Ghasemi (piloto del avión) a los grupos terroristas designados, las Fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC¬QF) y Hezbollah”.
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